El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó con 13 votos a favor y 2 abstenciones una resolución presentada por Estados Unidos que respalda el plan de paz de Donald Trump para Gaza, incorpora como anexo su propuesta de 20 puntos y autoriza el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización en la Franja. China y Rusia se abstuvieron. El texto introduce la posibilidad de que, tras un programa de reformas en la Autoridad Palestina y avances verificables en la reurbanización de Gaza, “las condiciones podrían finalmente estar en su lugar para un camino creíble hacia la autodeterminación y la condición de Estado palestinos”. Washington calificó el resultado de histórico. Hamás rechazó la resolución y denunció que la fuerza internacional equivaldría a un tutelaje externo sobre Gaza.
El anexo consolida el plan de 20 puntos anunciado por Trump en la Casa Blanca el 29 de septiembre, durante un acto con el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien expresó su apoyo a la propuesta. Ese día la Casa Blanca y varios medios difundieron el texto completo, que funciona como base política y operativa del dispositivo aprobado en el Consejo. El plan fija un cese inmediato de hostilidades si las partes lo aceptan, exige la liberación de todos los rehenes —vivos y muertos— en un plazo de 72 horas y prevé un canje escalonado de presos palestinos, junto con un repliegue por fases de las fuerzas israelíes conforme se despliegue la fuerza internacional y se activen estructuras de gobernanza transitoria.
En materia de seguridad, el plan establece la desmilitarización integral de Gaza, la destrucción y la no reconstrucción de túneles y de la infraestructura militar, la retirada y el desarme permanentes de los grupos armados y la formación de un cuerpo policial palestino depurado y capacitado bajo estándares externos. Prohíbe expresamente cualquier papel de Hamás en el gobierno y contempla amnistías condicionadas para miembros que entreguen armas y salgan del territorio, además de un mecanismo de verificación internacional. El control fronterizo se reorganiza con supervisión de la fuerza internacional y coordinación con Egipto e Israel para frenar el contrabando de armas y garantizar corredores humanitarios.
En gobernanza, el esquema transitorio descansa en un “comité palestino tecnocrático y apolítico” con autoridades administrativas de día a día, sometido a una instancia de supervisión internacional denominada “Junta de la Paz”, a la que el Consejo “da la bienvenida” y reconoce personalidad jurídica para coordinar financiación y marcos regulatorios. Esa Junta operará hasta que la Autoridad Palestina concluya de manera satisfactoria su programa de reformas, de cuya verificación dependerá la transferencia de responsabilidades. La resolución autoriza, además, la creación de entidades operativas con capacidad transaccional para ejecutar servicios públicos, reconstrucción y gestión de ayudas.
La reconstrucción y reurbanización constituyen el eje económico del plan. El texto pide al Banco Mundial y a otras instituciones que habiliten un fondo fiduciario específico para Gaza, con gobernanza de donantes y bajo estándares de rendición de cuentas que eviten desvíos. El anexo acota que la ayuda humanitaria se canalizará a través de la ONU, el CICR y la Media Luna Roja, con exclusión de cualquier organización que desvíe recursos. Ancla, asimismo, un programa de de-radicalización, reforma educativa y reactivación económica mediante zonas de actividad y proyectos críticos de infraestructura, sujetando el avance político a metas verificables de desarrollo urbano y transparencia financiera.
El despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés) queda “autorizado” por el Consejo bajo un mando unificado aceptable para la Junta de la Paz, con contribución voluntaria de efectivos por Estados miembros y reglas de enfrentamiento que permiten “todas las medidas necesarias” para cumplir su mandato, incluyendo proteger a la población civil, acompañar y entrenar a la policía palestina depurada, asegurar corredores humanitarios, estabilizar el entorno y garantizar la desmilitarización. El mandato prevé operar en coordinación estrecha con Egipto e Israel y permanecer hasta el 31 de diciembre de 2027, sujeto a nuevas decisiones del Consejo. Varios países han manifestado disposición a apoyar o participar, entre ellos Turquía, cuya Cancillería condicionó su implicación a que la fuerza garantice una tregua duradera.
El origen del plan reúne propuestas ensayadas en documentos de trabajo y centros de estudios que, desde inicios de 2025, circularon esquemas de “autoridad multinacional” para administrar Gaza, con un grupo internacional de contacto y una gobernanza transitoria separada tanto de Israel como de Hamás y, en una primera fase, de la Autoridad Palestina. Entre los materiales más detallados figura un plan técnico extenso que aboga por una Autoridad Multinacional y un Grupo de Contacto, con anexos sobre desradicalización, policía, fronteras y reforma educativa, que alimentó el debate en Washington y Jerusalén y se ajustó a posiciones israelíes de seguridad. A partir de septiembre, análisis de institutos especializados recomendaron traducir esa arquitectura a una resolución del Consejo que empoderara a la futura fuerza y a la Junta de la Paz.
La aceptación de Netanyahu se produjo en el acto conjunto del 29 de septiembre en la Casa Blanca. El primer ministro declaró que la propuesta satisface las exigencias centrales de Israel —retorno de rehenes, desmantelamiento de capacidades de Hamás, salida del grupo del gobierno y prevención de nuevas amenazas—, aunque reiteró su oposición a un Estado palestino. Tras el anuncio, ministros de la derecha nacional-religiosa advirtieron que romperían la coalición si el plan derivaba en una retirada sin la derrota total de Hamás o abría una senda estatal. La oposición calificó la iniciativa de imperfecta, pero útil para liberar rehenes y detener la guerra.
Ramala valoró positivamente las referencias a una “senda creíble” hacia la autodeterminación, pero condicionó su respaldo a que la transición culmine en un marco de solución de dos Estados con parámetros internacionales y a que el programa de reformas no se instrumentalice para posponer ese horizonte. En el plano técnico, el debate sobre reformas de la Autoridad Palestina se centra en depurar y reestructurar los aparatos de seguridad, fortalecer el control civil y judicial, combatir la corrupción, sanear finanzas públicas y preparar comicios; distintos análisis subrayan que sin hitos medibles y mecanismos de verificación externa la transferencia de autoridad quedaría en suspenso indefinido.
Hamás rechazó la resolución y la noción de una fuerza internacional con mandato de desarme, al señalar que establece una forma de tutela que desconoce derechos nacionales y convierte a la fuerza en parte de la guerra. La Yihad Islámica Palestina se alineó con esa lectura. Antes de la votación, el movimiento había alternado mensajes de estudio “de buena fe” del plan con objeciones a la exigencia de desarme y a la exclusión de cualquier papel político. Tras el aval del Consejo, un portavoz reiteró que la prioridad palestina sigue siendo el fin de la ocupación, la retirada total israelí, la liberación de presos y la reconstrucción sin condicionamientos externos.
Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Emiratos, Qatar y Turquía acogieron con distintos matices la iniciativa estadounidense, valorando el potencial para consolidar una tregua y canalizar la reconstrucción con garantías. Varios de estos gobiernos han defendido que su participación —financiera, técnica o con personal— requiere un mandato claro del Consejo y reglas de operación que aseguren neutralidad y protección a civiles, y han pedido que la autoridad transitoria rinda cuentas y ceda competencias a una Autoridad Palestina reformada en plazos realistas. Qatar, actor clave en mediaciones previas, indicó que algunos elementos del plan necesitan clarificación y negociación. Turquía comunicó su disposición a contribuir incluso con tropas, propuesta a la que Israel ha expresado objeciones.
Rusia y China, que se abstuvieron, objetaron aspectos de fondo y de forma. Moscú denunció el “desequilibrio” del texto a favor de Israel, la ambigüedad jurídica en torno a la base de acción del Consejo y la exclusión de actores que considera indispensables, y reprochó a Washington no reconocer de manera explícita parámetros consolidados para la solución de dos Estados. Pekín cuestionó la falta de un alto el fuego incondicional exigible y criticó precedentes de borradores estadounidenses que condicionaban la tregua a otras variables. La discusión sobre si la resolución actúa “bajo el Capítulo VII” quedó abierta: el texto evita la fórmula canónica de “amenaza a la paz y la seguridad internacionales”, pero “autoriza” el uso de “todas las medidas necesarias” y determina que la situación amenaza la paz regional, lo que indica una ambigüedad deliberada sobre su naturaleza coactiva.
Frente a iniciativas anteriores, el elemento novedoso reside en la combinación de una autoridad transitoria internacionalizada con capacidad ejecutiva y una fuerza multinacional con mandato robusto de desarme interno en Gaza, bajo una estructura de supervisión financiera y administrativa que vincula avances de reconstrucción y reformas de la Autoridad Palestina con el horizonte político.
Los Acuerdos de Oslo de 1993 y su Declaración de Principios crearon una autoridad interina y un proceso escalonado, pero no contemplaron una administración internacional ejecutiva en Gaza ni una fuerza externa con reglas de enfrentamiento de este tipo. La “hoja de ruta” del Cuarteto de 2003 condicionó la progresión por fases a reformas palestinas y a la desarticulación de capacidades armadas, pero presuponía monitoreo diplomático, no un dispositivo de estabilización con “todas las medidas necesarias”. El proceso de Annapolis de 2007 reactivó negociaciones finales y remitió a la hoja de ruta, sin crear estructuras transitorias internacionalizadas con poderes administrativos directos en el terreno.
En el plano jurídico, la resolución “autoriza” a Estados miembros a establecer la ISF y “decide” que las presencias civiles y de seguridad derivadas del texto queden habilitadas hasta el 31 de diciembre de 2027, con posibilidad de prórroga por decisión del Consejo. Emplea verbos con distinto peso normativo: “acoge con beneplácito” la Junta de la Paz, “exhorta” a la reanudación plena de la ayuda humanitaria y “llama” a aportar personal, equipos y recursos, mientras “autoriza” el uso de “todas las medidas necesarias” por la ISF. La ausencia de la cláusula expresa de actuación “bajo el Capítulo VII” y la determinación de que la amenaza es “regional” han sido interpretadas por especialistas como una construcción ambigua para facilitar consensos y permitir a ciertos Estados sostener que no se invoca el Capítulo VII, pese a los efectos prácticos que esa autorización suele comportar.
En la comparación con la práctica reciente del Consejo de Seguridad sobre el dossier palestino-israelí, el aval a una fuerza con tareas internas de desarme y a una autoridad transitoria internacionalizada contrasta con ejercicios previos centrados en llamamientos humanitarios o en parámetros políticos generales. En 2024 y 2025 varios intentos de aprobar un alto el fuego incondicional encallaron por vetos cruzados; la resolución ahora adoptada incorpora, por primera vez en este periodo, un mandato operativo para una fuerza en Gaza y un andamiaje institucional que liga asistencia, reforma y verificación a un horizonte político que menciona la estatalidad como posibilidad condicionada.
La implementación implicará coordinar a la ISF con Israel y Egipto en pasos fronterizos, apoyar a una policía palestina depurada y supervisar la destrucción irreversible de arsenales, con prioridad en el control del corredor Filadelfi y de los accesos marítimos. El Consejo “llama” a la creación de un fondo fiduciario administrado por donantes y pide a instituciones financieras movilizar recursos. La duración inicial del mandato y la financiación se sustentan en contribuciones voluntarias, y los países árabes han indicado que su participación dependerá de garantías claras de protección a civiles y de avances tangibles hacia una transición política verificable. El texto concluye señalando que el Consejo “decide seguir ocupándose del asunto”.