El Ministerio de la Diáspora dejó vencer las licencias por nuevos requisitos de registro, mientras cancilleres alertaron por la situación humanitaria y pidieron capacidad sostenida.
Vencimiento de licencias y argumentos de seguridad del gobierno israelí
El Ministerio de Asuntos de la Diáspora informó que las licencias de 37 organizaciones sin fines de lucro activas en Gaza y en Judea y Samaria vencen el 1 de enero. El organismo señaló que ninguna cumplió los nuevos requisitos de registro ante el gobierno. El ministerio de Defensa aseguró que el vencimiento no alterará el suministro de ayuda en Gaza, mientras varias agencias humanitarias replican que Israel autoriza la entrada de asistencia en volumen bajo.
Según la Diáspora, las reglas rigen desde marzo con un objetivo de seguridad y excluyen a personal con vínculos con grupos terroristas. Amichai Chikli, ministro de Asuntos de la Diáspora, afirmó: “El mensaje es claro: la asistencia humanitaria resulta bienvenida; la explotación de marcos humanitarios con fines terroristas no resulta aceptable”. Añadió: “Israel seguirá protegiendo su soberanía, a sus ciudadanos y la integridad de la acción humanitaria”, según su comunicado.
Con esas disposiciones, varias organizaciones sin fines de lucro en el trabajo con palestinos perderán autorización para actuar en Gaza o en Judea y Samaria. Tras el 1 de enero, el gobierno fijó el 1 de marzo como fecha límite para cerrar sus actividades. Entre las entidades figuran filiales de Médicos Sin Fronteras y de Oxfam, los Consejos Danés y Noruego para los Refugiados, Caritas Internationalis, el American Friends Service Committee y el International Rescue Committee.
Diez ministros de Exteriores —entre ellos los de Reino Unido, Francia, Canadá y Japón— expresaron seria preocupación por un renovado deterioro de la situación humanitaria en Gaza. Subrayaron que las organizaciones sin fines de lucro necesitan capacidad de trabajo sostenida y predecible. Agregaron que, al aproximarse el 31 de diciembre, muchos socios internacionales consolidados corren riesgo de baja del registro por los nuevos requisitos del gobierno de Israel, con un impacto operativo inmediato.
Organizaciones y plazos clave del proceso de registro
- Licencias vencen el 1 de enero; el gobierno fijó el 1 de marzo como plazo para cierre de actividades.
- Lista de organizaciones: filiales de MSF y Oxfam; Consejos Danés y Noruego para los Refugiados; Caritas Internationalis; American Friends Service Committee; International Rescue Committee.
- Requisitos: paquete documental amplio sobre estructura y actividad; listado completo de empleados extranjeros y palestinos con números de pasaporte e identificación.
- Criterios de rechazo: negación del carácter judío y democrático de Israel; campañas de deslegitimación; directivos con llamados a boicot.
Requisitos de registro y criterios de descalificación establecidos
Las regulaciones exigieron a las ONG extranjeras un paquete amplio de documentos sobre su estructura y su actividad. También ordenaron entregar un listado completo de empleados extranjeros y palestinos vinculados a las operaciones, con números de pasaporte y de identificación personal para cada trabajador en la solicitud. La resolución otorgó a un equipo interministerial la facultad de evaluar solicitudes y rechazar registros por numerosos motivos definidos en el texto normativo.
Entre los criterios, el texto descalifica a quien niega a Israel como Estado judío y democrático, a quien promueve campañas de deslegitimación o a directivos que llamaron a boicotear a Israel, entre otros supuestos. El Ministerio de Asuntos de la Diáspora defendió las normas y las vinculó con reportes de los servicios de seguridad, con el argumento de que las pesquisas detectaron participación de algunos empleados de organizaciones en actividades terroristas.
Como ejemplo, la cartera mencionó a dos trabajadores contratados por Médicos Sin Fronteras, también conocida como Médecins Sans Frontières o MSF. Según su afirmación, en 2024 se confirmó su pertenencia a los grupos terroristas Hamás y Yihad Islámica, respectivamente, dentro de plantillas de MSF en Gaza. El planteamiento se presentó como respaldo de la conveniencia de controles más duros en el proceso de registro, según dijo el ministerio en su comunicado.
Varias organizaciones internacionales sostienen que los requisitos israelíes resultan arbitrarios y elevan el riesgo para el personal. Consultada, MSF respondió que nunca emplearía a sabiendas a personas que participen en actividades militares y defendió sus filtros de contratación y su política de neutralidad. Añadió que cualquier empleado con participación militar impondría un peligro para personal y pacientes y alteraría la seguridad de equipos y el acceso de los pacientes a la atención médica en Gaza.
Operatividad de ONG, cronograma y presión internacional sobre Gaza
El Ministerio de Asuntos de la Diáspora replicó que las entidades afectadas, incluida MSF, dispusieron de diez meses para solicitar el registro bajo las nuevas exigencias. También afirmó que el plazo inicial, fijado en septiembre, se prorrogó hasta finales de diciembre para facilitar el cumplimiento del trámite por escrito formal. Con ese calendario, el gobierno estableció el 1 de marzo como fecha límite para cerrar operaciones de quienes no consigan la autorización.
De forma técnica, las ONG continúan en Gaza sin una licencia israelí. La entrada y la salida exigen el paso por Egipto, una vía hoy cerrada, según la descripción oficial. Además, la coordinación diaria con autoridades israelíes resulta operativa. Con ese cuadro, la ausencia de registro ante la Diáspora deja la actividad casi impracticable, ya que la presencia en el territorio depende de esas condiciones de acceso y de esa coordinación mencionada por las autoridades.
La presión internacional por la crisis humanitaria en Gaza sigue casi tres meses después del inicio del actual alto el fuego, fechado el 10 de octubre. En semanas recientes, las inquietudes crecieron tras lluvias intensas que inundaron tiendas de campaña y precipitaron derrumbes en edificios ya dañados. Los ministros advirtieron que, con el avance del invierno, los civiles enfrentan fuertes lluvias y temperaturas en descenso en un entorno extremadamente delicado.
La declaración señaló que 1,3 millones de personas requieren apoyo urgente de alojamiento. Más de la mitad de las instalaciones sanitarias solo funciona parcialmente y enfrenta escasez de equipos y suministros esenciales. El colapso de la infraestructura de saneamiento dejó a 740.000 personas vulnerables a inundaciones tóxicas. El documento pidió mantener la tarea de la ONU y levantar restricciones a importaciones de uso dual, incluidos equipos médicos y materiales para refugios temporales.
COGAT y el volumen de ayuda humanitaria antes y después del alto el fuego
COGAT, la agencia del ministerio de Defensa que coordina la ayuda hacia Gaza, sostuvo que ingresan alimentos y materiales de refugio en cantidad suficiente. También afirmó que la revocación de licencias de las organizaciones no alterará la entrega de asistencia al territorio. Según COGAT, el registro busca evitar la explotación de la ayuda por parte de Hamás y que la coordinación operativa permanece activa, según destacó en su comunicado oficial.
El organismo aseguró que Hamás actuó bajo cobertura de organizaciones internacionales para el desvío de ayuda, el uso de empleados locales con fines terroristas y la transferencia de fondos de fuentes vinculadas al terrorismo. Con ese razonamiento, defendió la exigencia de registro bajo reglas estrictas y la evaluación por un equipo interministerial con facultad para rechazar solicitudes por los criterios previstos, incluidos supuestos de deslegitimación o llamados a boicot.
Según COGAT, las 37 organizaciones señaladas no aportaron ayuda a Gaza desde el inicio del actual alto el fuego, el 10 de octubre. Agregó que, antes de esa fecha, su contribución conjunta ascendía a solo alrededor del 1% del volumen total de ayuda en el enclave. Con esos datos, la oficina sostuvo que la retirada de licencias no modificará la asistencia que ingresa al territorio, según su informe en su comunicación.
COGAT enmarcó las medidas como una respuesta de control frente a intentos de explotación de la ayuda por parte de Hamás. Señaló que la organización operó bajo cobertura de entidades internacionales para desviar asistencia, emplear personal local con fines terroristas y trasladar fondos desde fuentes vinculadas al terrorismo. Esa caracterización se alineó con la defensa de las reglas de registro expresada por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora.