La Alta Corte de Justicia dictó una orden provisional contra el contralor del Estado, Matanyahu Englman, y le impidió proseguir con la pesquisa sobre los fallos relacionados con el devastador ataque encabezado por Hamás el 7 de octubre de 2023, al considerar necesario suspender de inmediato sus actuaciones.
La resolución judicial le prohibió citar a funcionarios para entregar versiones de los hechos o remitir documentación a la Oficina del Contralor del Estado. También vetó la difusión de informes preliminares o definitivos ya redactados que aborden cualquier aspecto vinculado con la investigación en curso.
Los magistrados señalaron que la orden se apoya en un acuerdo alcanzado en abril entre el contralor del Estado y distintos organismos públicos, entre ellos las FDI. En ese entendimiento, el propio tribunal había validado un marco específico que delimitaba el alcance de la investigación del contralor.
Además, el tribunal emitió una orden condicional que exige al contralor justificar su intervención en ámbitos de política y estrategia. Los peticionarios sostienen que esas áreas exceden las competencias de su oficina. Este tipo de orden traslada la carga probatoria al demandado e indica que la petición presenta fundamentos suficientes.
El Movimiento por la Calidad del Gobierno en Israel, uno de los peticionarios, celebró la decisión y declaró: “Un acontecimiento de magnitud excepcional como el desastre del 7 de octubre requiere únicamente una investigación integral, independiente y no partidista por parte de una comisión estatal de investigación”, y sostiene que la investigación del contralor del Estado está comprometiendo pruebas, vulnerando derechos al debido proceso y está diseñada “para impedir el establecimiento de una comisión estatal de investigación”.