Israel pidió a la Sala de Apelaciones de la CPI apartar al fiscal Khan y anular las órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant por supuesta falta de imparcialidad.
Israel presentó este lunes 18 de noviembre de 2025 ante la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) una solicitud para apartar al fiscal Karim A. A. Khan de cualquier intervención en los procedimientos relativos a Israel y para cancelar las órdenes de detención dictadas contra el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant. El Ministerio de Asuntos Exteriores informó que el recurso se apoya en información que, según el Gobierno, plantea “serias preocupaciones” sobre motivos personales impropios en la actuación del fiscal y sobre la consiguiente invalidez de los actos procesales promovidos contra autoridades israelíes.
De acuerdo con la cancillería, la petición pide a la Sala de Apelaciones prohibir la participación de Khan en los asuntos vinculados con Israel y anular las órdenes de detención que su oficina impulsó contra Netanyahu y Gallant. Según el planteamiento gubernamental, la conducta atribuida al fiscal habría viciado los procedimientos, y la acusación se habría apoyado en cargos que el Estado considera falsos e infundados. El portavoz Oren Marmorstein difundió el anuncio a través de la red social X, en paralelo a la publicación del aviso oficial en el portal gubernamental, con lo que el Gobierno buscó formalizar la impugnación ante la Corte y comunicar de inmediato su postura a la opinión pública.
En este contexto. El fiscal se encuentra de baja desde el 16 de mayo de 2025 a raíz de una investigación externa dirigida por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas sobre denuncias de conducta sexual inapropiada. La Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI reconoció formalmente la decisión del fiscal de apartarse de manera temporal hasta la conclusión de la indagación, y los fiscales adjuntos asumieron mientras tanto la gestión ordinaria de la oficina. El fiscal niega las acusaciones.
Posteriormente, en agosto de 2025, una segunda mujer formuló denuncias de índole similar contra Khan, según reportes de la prensa internacional. A pesar de ese nuevo frente de cuestionamiento, la fiscalía no ha emitido pronunciamientos públicos sobre el fondo de estas alegaciones, por lo que el debate sobre su conducta se ha desarrollado sobre todo a partir de filtraciones y evaluaciones externas.
En paralelo a la evolución de la situación personal del fiscal, el expediente relativo a Israel siguió su curso. Las órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant se emitieron el 21 de noviembre de 2024 por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la guerra en Gaza. Con anterioridad, el 20 de mayo de 2024, la fiscalía había solicitado a los jueces la emisión de dichos mandamientos. Entre las imputaciones consignadas en los escritos figuró el uso del hambre como método de guerra y la realización de ataques deliberados contra población civil, extremos que las autoridades israelíes rechazan de forma tajante.
Desde el inicio del caso, Israel ha sostenido de manera constante que la CPI carece de competencia respecto de nacionales israelíes porque el país no es parte del Estatuto de Roma. A partir de esa posición, el Gobierno ha promovido recursos con el fin de lograr la retirada de las órdenes. En ese marco, el 24 de abril de 2025, la Sala de Apelaciones ordenó a un panel de la fase preliminar una nueva consideración de la impugnación israelí sobre la competencia de la Corte en los territorios palestinos, decisión que reabrió el examen jurisdiccional y dio a Israel una nueva vía para insistir en sus objeciones.
Mientras tanto, la fiscalía instó a los jueces a mantener la vigencia de las órdenes y a continuar la investigación durante la sustanciación del debate jurisdiccional. La presentación fiscal recordó que los Estados Partes tienen la obligación de cooperar con la Corte en la ejecución de los mandatos y sostuvo que la revisión de competencia no implicaba por sí misma la suspensión de las medidas cautelares dictadas. Con esta postura, la fiscalía buscó asegurar la continuidad del proceso y preservar la eficacia de los mandamientos de captura.
El 16 de julio de 2025, un panel de jueces rechazó la solicitud israelí de retirar las órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant y mantuvo los mandamientos mientras se resolvía de nuevo la cuestión de competencia. Esa decisión dejó sin efecto inmediato otras peticiones accesorias presentadas por la defensa estatal y consolidó el estado de vigencia de las órdenes en tanto no concluyera el examen jurisdiccional.
El Gobierno israelí enmarca el recurso presentado el 18 de noviembre dentro de ese historial procesal y añade ahora como fundamento la situación personal del fiscal. En su aviso público, la cancillería sostuvo que la actuación de Khan habría obedecido a motivos ajenos a la función pública y que, a juicio de Israel, esa circunstancia compromete la validez de los actos que promovió en los casos relativos a autoridades israelíes. El escrito solicita, por tanto, la separación del fiscal respecto de todo asunto que involucre a Israel y la cancelación de las órdenes vigentes, con el argumento de que la supuesta falta de imparcialidad contamina las decisiones adoptadas.
Fuentes oficiales y periodísticas han señalado que, durante la ausencia de Khan, los fiscales adjuntos gestionan la actividad ordinaria de la Oficina del Fiscal y que esta reorganización interna no afecta la tramitación de los casos en curso. Además, en mayo, la Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes confirmó que el fiscal se mantendría de baja hasta el final de la investigación externa y que la Corte continuaría su labor judicial conforme a los procedimientos establecidos, lo que buscó transmitir estabilidad institucional pese a la controversia.
En el frente interno de la CPI, el tema de la imparcialidad de Khan ya había surgido en otro expediente. En octubre de 2025, los jueces de apelación descalificaron al fiscal para intervenir en la causa por crímenes de guerra que involucra al expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte, al estimar la existencia de un posible conflicto de interés. Los análisis jurídicos citan ese antecedente como ejemplo reciente de aplicación del régimen de recusación y lo presentan como referencia para otros debates sobre la intervención del fiscal en procedimientos específicos, entre ellos los relativos a Israel.
Sobre esta base, el planteamiento israelí del 18 de noviembre sostiene que las actuaciones impulsadas por la fiscalía en el expediente relativo a Israel han quedado viciadas de manera profunda y ya no cumplen la exigencia de imparcialidad. La solicitud dirigida a la Sala de Apelaciones combina el pedido de recusación del fiscal con la petición de anulación de los mandamientos de captura emitidos en noviembre de 2024. Los documentos gubernamentales afirman que los cargos carecen de sustento fáctico y jurídico y que la Corte ejerce su competencia de forma improcedente en el caso de autoridades israelíes.
El anuncio del Ministerio de Asuntos Exteriores se integra en la estrategia jurídica con la que Israel ha buscado frenar la ejecución de las órdenes y cuestionar el alcance de la competencia de la CPI. En noviembre de 2024, el Gobierno ya había notificado su intención de impugnar los mandamientos de captura ante las instancias de la Corte, al tiempo que reiteró su posición histórica de no reconocimiento de jurisdicción. El nuevo recurso refuerza esa línea de defensa e incorpora el elemento adicional de las investigaciones y decisiones recientes sobre la situación personal del fiscal.
En la actualidad, el estado del expediente muestra que la CPI mantiene activas las órdenes de detención emitidas el 21 de noviembre de 2024 contra Netanyahu y Gallant, tras la negativa judicial del 16 de julio de 2025 a retirarlas mientras se analiza de nuevo la cuestión de competencia. En este contexto, el recurso presentado el 18 de noviembre de 2025 solicita, de forma acumulada, que la Sala de Apelaciones aparte a Khan de toda intervención en expedientes relativos a Israel y que anule los mandamientos de captura, de acuerdo con la tesis israelí de que los procedimientos se apoyan en cargos infundados y en una competencia que el Estado considera carente de base.