El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, dispuso la cancelación de un acuerdo esencial para la economía palestina como respuesta a las sanciones impuestas por cinco países occidentales contra él y el ministro Itamar Ben Gvir. La medida busca presionar a la Autoridad Palestina, aunque no existe evidencia de que esta participara en la decisión de Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Noruega.
La oficina de Smotrich emitió un comunicado que confirma la instrucción al contador general del Ministerio de Finanzas, Yali Rotenberg, para suspender la indemnización otorgada a bancos israelíes que mantienen relaciones con instituciones palestinas. Esta acción amenaza las transacciones financieras entre ambas partes, fundamentales para la estabilidad económica palestina.
Horas antes, Smotrich anunció su intención de desestabilizar a la Autoridad Palestina en represalia por las sanciones. La economía palestina depende en gran medida de los bancos israelíes para procesar operaciones en shekels, dado que la Autoridad Palestina carece de una moneda propia. En 2023, los bancos palestinos manejaron transacciones por 53.000 millones de shekels, equivalentes a $14.000 millones, según datos oficiales.
La mayoría de las casas de cambio en Judea y Samaria operan en shekels, la moneda israelí, ya que la Autoridad Palestina no cuenta con un banco central para emitir su propio dinero. El acuerdo bancario, que requiere renovaciones periódicas por parte de Israel, resulta crucial para estas operaciones. La administración Biden instó a Israel a no dejar que el acuerdo expire, advirtiendo que su terminación convertiría a Judea y Samaria en una “economía de efectivo”. Esto facilitaría las actividades de organizaciones terroristas y complicaría los esfuerzos de la Autoridad Palestina para combatirlas.
El establishment de seguridad israelí también expresó su oposición a la cancelación del acuerdo. A pesar de esto, Smotrich accedió en noviembre pasado a extender el pacto por un año, aunque su reciente decisión revierte ese compromiso.