El ministro israelí afirma que impedirá todo plan estatal, antes de la votación en la ONU sobre un alto fuego por fases y reformas palestinas.
Declaración de Smotrich y marco de la resolución ante el Consejo
El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, declaró que ningún plan orientado a la creación de un Estado palestino se ejecutará, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU se prepara para votar una resolución que respalda la propuesta de alto el fuego en Gaza promovida por Estados Unidos. Formuló esta afirmación ante la prensa, antes de una reunión de la facción del sionismo religioso.
Formuló esta afirmación ante la prensa, antes de una reunión de la facción del sionismo religioso, dentro de un contexto marcado por una propuesta que establece un proceso por fases sujeto al desmantelamiento de Hamás y a reformas profundas en la Autoridad Palestina, elementos que sectores de la derecha israelí rechazan. Smotrich señaló que su función consiste en impedir el establecimiento de un Estado palestino en el territorio que considera central en la tierra judía.
Afirmó que ha actuado con determinación para eliminar esa opción y añadió que continuará en esa línea. Esta postura se refleja en acciones de política pública, entre ellas la aprobación en agosto de 2025 de un plan para construir 3.000 unidades habitacionales en asentamientos de Judea y Samaria, con el fin de reforzar la presencia israelí y descartar la perspectiva de un Estado palestino.
Sostuvo que una entidad palestina podría ubicarse en decenas de países árabes o incluso en naciones europeas, pero no en el lugar donde se fundó el Estado judío, que, según su posición, debe mantener soberanía plena. En un inicio, sectores de la derecha —incluido el sionismo religioso— criticaron esos acuerdos por transferir control sobre territorios de referencia bíblica.
Datos clave de la propuesta y medidas citadas por las partes
- Plan aprobado en agosto de 2025: 3.000 unidades en asentamientos de Judea y Samaria.
- Retención en 2025 de 160 millones de euros de impuestos fronterizos a la Autoridad Palestina.
- Retirada inicial de hasta el 40% del territorio de Gaza en la primera fase propuesta.
- Respaldo de 14 miembros del Consejo de Seguridad a la resolución en debate.
- Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, julio de 2024: ocupación considerada ilegal; exige retiro y cese de asentamientos.
Propuesta de Estados Unidos en fases y respuestas de actores clave
La propuesta presentada por Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad, con aportes de Qatar, Egipto y Arabia Saudita, se estructura en tres fases. La primera contempla un cese inmediato del fuego y medidas humanitarias, con la liberación de rehenes y una retirada inicial de fuerzas israelíes hasta un 40% del territorio de Gaza. La segunda incorpora desmilitarización y medidas de seguridad, con verificación internacional para asegurar el desarme de Hamás y la prevención de rearmes.
La tercera define criterios de gobernanza y reconstrucción, bajo los cuales una Autoridad Palestina reformada asumiría el control sujeto a cambios institucionales anticorrupción y a reglas de transparencia, con un posible cauce hacia la autodeterminación si se cumplen los requisitos. Estados Unidos impulsa una adopción rápida y recibe el apoyo de varios Estados árabes que perciben una oportunidad de estabilización regional, aunque solicitan ajustes que incluyan compromisos palestinos más precisos.
Washington defiende esta resolución como un marco para estabilizar Gaza y advierte que las demoras pueden producir efectos graves para la población palestina; además, evalúa omitir la fase de desmilitarización con el objetivo de acelerar la reconstrucción. La resolución ahora en debate cuenta con el respaldo de 14 miembros, por lo que, en caso de aprobación, podría abrir la puerta a la autorización de una fuerza internacional de estabilización.
Países árabes como Arabia Saudita respaldan el plan con reservas sobre su viabilidad sin un retiro israelí completo, mientras Rusia y China presentan textos alternativos que priorizan un cese del fuego incondicional. La Autoridad Palestina expresa disposición a reformas, pero critica la falta de garantías territoriales inmediatas. Hamás rechaza cualquier tutela extranjera sobre Gaza y califica la propuesta como un intento de imponer un mandato internacional incompatible con su control.
Antecedentes, implicaciones legales y efectos económicos y sociales
El sionismo religioso, minoritario en las décadas de 1960 y 1970, ganó peso después de la Guerra de los Seis Días de 1967, cuando la ocupación de Judea, Samaria y Gaza impulsó la expansión de asentamientos. En la actualidad, esta corriente incrementó su influencia en el gobierno israelí, con figuras como Smotrich en puestos clave, desplazó a sectores seculares y prioriza la integración de esos territorios bajo soberanía israelí.
Ministros de la derecha, entre ellos Smotrich y el titular de Defensa, exigen al primer ministro que descarte cualquier vía hacia la estatalidad palestina y sostienen que el silencio del gobierno puede interpretarse como aceptación. Estas fricciones se expresan en debates sobre el desarme de Hamás a ambos lados de la línea amarilla en Gaza, donde Israel mantiene presencia limitada, y en la renuencia a avanzar en fases que otorguen competencias a una gobernanza palestina reformada.
El Consejo de Seguridad vetó resoluciones sobre Gaza en seis ocasiones durante 2025, entre ellas una en septiembre que exigía un cese del fuego incondicional y acceso humanitario sin restricciones. No obstante, un veto estadounidense impediría mandatos que Israel considera perjudiciales. Las implicaciones jurídicas y territoriales de cualquier avance hacia la soberanía palestina alcanzan de forma directa a Judea y Samaria, Jerusalén y los asentamientos.
En su función de ministro de Finanzas, Smotrich dirige políticas con impacto económico en Judea y Samaria, con control sobre planificación y tierras. En 2025 ordenó retener impuestos recaudados en fronteras por un monto equivalente a 160 millones de euros para compensar pagos a familias de combatientes palestinos. Esta medida dejó a la Autoridad Palestina al borde del colapso financiero, impidió el pago de salarios y obstaculizó operaciones comerciales.