La decisión del Tribunal Superior de Justicia de declarar “inapropiada” e “ilegal” la destitución de Ronen Bar como jefe del Shin Bet provocó reacciones encontradas. Miembros del gobierno recurrieron a las redes sociales para condenar el fallo, mientras que la oposición celebró la medida como un triunfo de la legalidad.
Yariv Levin, ministro de Justicia, anunció que la respuesta al “descontrol” del Tribunal Supremo será el nombramiento inmediato de un nuevo jefe del Shin Bet y de un responsable de la Administración Pública. Esta declaración llega tras otro fallo reciente que invalidó una designación de 2024 por falta de un proceso competitivo.
Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, calificó la decisión de “escandalosamente política”. En su opinión, el Tribunal Supremo “atropella” la autoridad del gobierno y acusó a Ronen Bar de actuar contra los principios democráticos. “El gobierno pronto se librará de Bar”, afirmó, y expresó su deseo de que el primer ministro elija a un sustituto más alineado con sus expectativas.
Shlomo Karhi, ministro de Comunicaciones, fue más allá al proponer la disolución del Tribunal Supremo. Según él, el organismo “perdió el rumbo” de la democracia y necesita una reestructuración completa para emitir fallos acordes con las leyes de la Knéset.
En contraste, Yair Golan, líder de los demócratas, defendió el fallo como una medida lógica. Argumentó que los problemas legales de Benjamin Netanyahu, bajo investigación, le impiden seleccionar a un jefe del Shin Bet que le resulte “conveniente”. “Israel es y seguirá siendo una democracia”, sentenció.
Merav Michaeli, diputada laborista, instó a la fiscal general Gali Baharav-Miara a destituir a Netanyahu de su cargo. Citó el fallo del tribunal y las investigaciones por el caso Qatargate como razones suficientes para inhabilitar al primer ministro en la elección del próximo jefe del Shin Bet.