El Tribunal Superior de Justicia aprobó un acuerdo entre el gobierno y la fiscalía general que permitirá al primer ministro Benjamin Netanyahu nombrar al mayor general David Zini como jefe del Shin Bet. La resolución establece que, dentro de un plazo de dos meses, Netanyahu deberá comunicar formalmente al Comité Asesor de Nombramientos de Alto Nivel su elección para liderar la agencia de seguridad.
El comité evaluará la idoneidad del candidato propuesto. Según fuentes judiciales, el período de dos meses busca conceder al Shin Bet el tiempo necesario para finalizar su participación en dos investigaciones penales en curso. Estas causas están relacionadas con el escándalo conocido como Qatargate y con la filtración de documentos que comprometen a asesores cercanos al primer ministro.
El fiscal general también elaborará un acuerdo de conflicto de intereses que regule las funciones del próximo jefe del Shin Bet en relación con las mencionadas investigaciones. El documento establecerá los límites de su intervención para evitar interferencias indebidas mientras se mantengan abiertas dichas causas.
El cargo continuará siendo ocupado de forma interina por el actual jefe operativo, identificado públicamente como “Shin”, hasta que el nuevo jefe asuma oficialmente sus funciones. La transición se llevará a cabo en cuanto el Comité Asesor y la fiscalía culminen los procedimientos requeridos por el acuerdo legal.
Con esta decisión, se cierra un prolongado litigio constitucional iniciado tras la destitución del exjefe del Shin Bet, Ronen Bar, en marzo. En mayo, el Tribunal dictaminó que Netanyahu había actuado fuera del marco legal al recomendar su remoción, al considerar que existía un conflicto de intereses debido a las investigaciones que el Shin Bet llevaba a cabo contra colaboradores del primer ministro.
Tras esa resolución, la fiscal general Gali Baharav-Miara instruyó formalmente a Netanyahu para que se abstuviera de intervenir en el proceso de nombramiento de la nueva jefatura del Shin Bet. La medida se justificó con base en las posibles interferencias derivadas del contexto de las investigaciones aún abiertas.
A comienzos de julio, un panel judicial diferente mostró una mayoría favorable a los peticionarios que se oponían a la postura de la fiscal general, lo que condujo a un acuerdo transaccional que permitió resolver el desacuerdo institucional mediante el compromiso que ahora cuenta con respaldo del Tribunal.