El Tribunal Supremo de Israel declaró ilegal la destitución de Ronen Bar como jefe del Shin Bet, decisión que impide al primer ministro Benjamin Netanyahu designar un nuevo director de la agencia de seguridad interna. La sentencia, emitida el 21 de mayo de 2025, se basa en un conflicto de intereses derivado de investigaciones en curso del Shin Bet sobre funcionarios de la Oficina del primer ministro.
La fiscal general Gali Baharav-Miara respaldó esta resolución con una opinión legal que prohíbe a Netanyahu realizar el nombramiento, argumentando que cualquier acción en este sentido violaría la legalidad establecida por el tribunal.
Ofir Katz, líder de la coalición, cuestionó la celeridad con la que Baharav-Miara emitió su dictamen, sugiriendo que parecía anticiparse al fallo judicial. En una declaración contundente, Katz instó a desoír la orden de la fiscal general, afirmando que el gobierno no debe comprometer la seguridad nacional y debe proceder con el nombramiento de inmediato. Sus palabras reflejan la tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial, un conflicto que ha generado protestas masivas en el pasado.
La fiscal general, en su dictamen, destacó que las investigaciones del Shin Bet, incluyendo el caso conocido como “Qatargate” sobre presuntos vínculos financieros con Qatar, involucran a asesores cercanos a Netanyahu. Este contexto refuerza la guerra de intereses que, según el Tribunal Supremo, inhabilita al primer ministro para intervenir en la selección del nuevo jefe de la agencia. La decisión judicial también ordenó que Bar permanezca en su cargo hasta que se resuelva el proceso legal, lo que podría extenderse más allá de la festividad de Pésaj.
Las reacciones no se hicieron esperar. Yair Netanyahu, hijo del primer ministro, calificó el fallo como evidencia de una “dictadura legal” que oculta secretos relacionados con los fallos del 7 de octubre de 2023. Por su parte, Netanyahu insistió en que el gobierno bajo su liderazgo nombrará al jefe del Shin Bet, desafiando tanto la opinión de Baharav-Miara como el fallo del tribunal. Algunos ministros han amenazado con ignorar la decisión judicial, lo que podría escalar la crisis institucional.
La oposición y grupos civiles celebraron la intervención del Tribunal Supremo, considerándola una defensa de la independencia de las instituciones de seguridad. Sin embargo, la polarización persiste, con manifestaciones en Jerusalén y Tel Aviv que exigen proteger la democracia frente a lo que perciben como intentos del gobierno de consolidar poder. La batalla por el control del Shin Bet, una institución clave en la seguridad de Israel, refleja una crisis más profunda entre el Ejecutivo y el sistema judicial.