Las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron el 14 de noviembre de 2025 que Hezbolá estuvo detrás de la muerte del político cristiano libanés Elias al-Hasrouni, hallado sin vida el 2 de agosto de 2023 en Ain Ebel, en el sur del Líbano, en un caso que en un primer momento se presentó como accidente de tráfico. Según el portavoz militar en árabe, coronel Avichay Adraee, una célula de la Unidad 121 de Hezbolá emboscó a Hasrouni la noche del 1 de agosto cerca de su domicilio, lo secuestró y lo mató mediante envenenamiento y golpes que le fracturaron costillas; después colocó el cadáver dentro de su vehículo y lo hizo impactar contra un árbol para simular un siniestro vial. La declaración se difundió en X y medios israelíes la reprodujeron como parte de su cobertura. En esas notas, Hezbolá no aportó una respuesta inmediata.
Hasrouni, de 72 años, formaba parte de la dirigencia de las Fuerzas Libanesas, principal partido cristiano de Líbano encabezado por Samir Geagea. Desarrolló su actividad política en el distrito de Bint Jbeil y residía en Ain Ebel, una localidad de mayoría cristiana rodeada de poblaciones chiíes con presencia de Hezbolá. Este dato, unido a su relevancia dentro de las Fuerzas Libanesas, orienta la atención hacia la dimensión interna libanesa del caso y hacia las tensiones entre comunidades en el sur del país.
El cuerpo de Hasrouni apareció el 2 de agosto de 2023 junto a su vehículo, que había chocado contra un árbol en un tramo de carretera entre Ain Ebel y Hanine. Ese día, los medios locales informaron que se trataba de un accidente de tráfico. Sin embargo, con el transcurso de las horas, la versión cambió. La alcaldía de Ain Ebel y el partido del muerto señalaron que cámaras cercanas registraron una maniobra de intercepción y traslado forzoso, lo que reforzó la hipótesis de un secuestro seguido de homicidio.
La difusión de imágenes de circuito cerrado y de otros indicios motivó la apertura de una investigación por parte de las fuerzas de seguridad libanesas. La municipalidad comunicó que los agentes contaban con elementos considerados concluyentes sobre el rapto, mientras que las Fuerzas Libanesas afirmaron que un grupo de al menos dos automóviles interceptó el trayecto de Hasrouni y desvió su coche hacia otro punto. Según el alcalde Imad Allous, el informe forense determinó que el político murió a causa de fracturas costales, dato que reforzó las dudas sobre la explicación inicial de un accidente convencional.
En los días posteriores, responsables del Ministerio del Interior mantuvieron reuniones con la familia de Hasrouni y con autoridades locales. El ministro en funciones, Bassam Mawlawi, aseguró el 23 de agosto de 2023 que la investigación se completaría y que la información disponible se remitiría a la autoridad judicial competente. En las mismas fechas, Geagea insistió en que el dirigente no había muerto por un accidente y reclamó la identificación de los autores. En esas comunicaciones no apareció una posición pública de Hezbolá sobre el caso, lo que mantuvo abiertas las especulaciones políticas y mediáticas.
El entorno del muerto descartó inicialmente móviles estrictamente políticos, pero el debate público tomó esa dirección conforme avanzaron las pesquisas. La prensa libanesa y regional enmarcó el episodio en las tensiones entre zonas cristianas del sur y áreas bajo influencia de Hezbolá, con Ain Ebel como referencia central por su composición demográfica y su proximidad a la Línea Azul. En septiembre de 2023, notas periodísticas y comunicados partidarios siguieron con alusiones a un rapto y asesinato, con referencias a vídeos y testimonios locales que apuntaban a una operación planificada.
En este contexto, el 14 de noviembre de 2025, Adraee atribuyó de forma explícita el crimen a la Unidad 121, descrita como una estructura de vigilancia y operaciones especiales de Hezbolá encargada de eliminar opositores internos, entre ellos periodistas, oficiales y políticos. En su mensaje, sostuvo que esa unidad ejecutó la emboscada contra Hasrouni y detalló el método empleado, incluido el intento de camuflar el asesinato como accidente de tráfico. La comunicación añadió que la misma unidad había tenido víctimas anteriores de alto perfil, entre ellas el exprimer ministro Rafik Hariri. Esta imputación entra en conflicto con la documentación judicial pública, que no menciona una “Unidad 121” en sus fallos, aunque sí concluyó que miembros de Hezbolá participaron en el asesinato de Hariri.
En relación con el atentado contra Hariri, el Tribunal Especial para el Líbano, con sede en La Haya y auspiciado por Naciones Unidas, dictó en 2020 una condena en rebeldía contra el miembro de Hezbolá Salim Ayyash por su papel en el ataque de 2005 y, en 2022, amplió las condenas a cadena perpetua a otros dos acusados, también juzgados en ausencia. Esas resoluciones no detallan la existencia ni la denominación de una “Unidad 121”, pero sí establecen la vinculación de individuos de Hezbolá con la planificación y ejecución del magnicidio, lo que sirve de referencia para contextualizar la acusación israelí.
En agosto de 2023, la narrativa oficial en Ain Ebel evolucionó desde la explicación de accidente hacia la hipótesis de homicidio con secuestro, apoyada en registros de cámaras y en hallazgos médicos sobre lesiones torácicas. Esa línea de interpretación se incorporó a notas de L’Orient Today y a comunicados locales. La cronología difundida a nivel local mencionó que el vehículo se encontró con las bolsas de aire activadas y que, junto al cadáver, no se apreciaron heridas externas significativas salvo las fracturas costales, lo que alineó los datos con la sospecha de que la muerte no se produjo por el impacto del coche contra el árbol.
A lo largo de agosto y septiembre de 2023, diferentes actores libaneses expresaron posiciones sobre el caso. El liderazgo de las Fuerzas Libanesas exigió resultados judiciales y reclamó a las agencias de seguridad que identificaran a los responsables. La municipalidad de Ain Ebel pidió medidas para reforzar la seguridad en la zona tras el homicidio. L’Orient Today informó en septiembre de 2023 que la familia de Hasrouni recibió comunicaciones sobre supuestas limitaciones para continuar con la investigación, cuestión que el partido llevó de nuevo a la agenda pública mediante llamados a mantener la causa abierta y a evitar su archivo prematuro.
Fuentes periodísticas regionales situaron el episodio dentro de una secuencia de hechos que tensionó la convivencia en áreas mixtas del sur del país. Informaciones complementarias indicaron que, dos meses después de la muerte de Hasrouni, su viuda, Yvette Hasrouni, murió en un accidente de tráfico cuando se dirigía a una localidad cercana, suceso que la alcaldía calificó de accidente sin otras implicaciones. Este último dato no modificó el foco de la causa principal, centrada en el secuestro y homicidio del dirigente cristiano.
El anuncio israelí de noviembre de 2025 añadió una atribución precisa de responsabilidad. Adraee sostuvo que la Unidad 121 de Hezbolá ejecutó la operación y aportó una descripción del procedimiento que, conforme a su versión, buscó encubrir el crimen como accidente. Medios israelíes difundieron la declaración y la vincularon con otras acusaciones sobre la actividad clandestina de esa estructura. En esa cobertura se reiteró que Hasrouni era un dirigente conocido por su oposición a Hezbolá y que fue interceptado en una carretera cercana a su casa en Ain Ebel.
El marco geográfico y político de Ain Ebel contribuye a explicar el contexto de estas acusaciones. Se trata de una localidad cristiana en el distrito de Bint Jbeil, rodeada de pueblos de mayoría chií, cercana a la frontera con Israel y a la Línea Azul vigilada por la FINUL. En 2023, diversas crónicas subrayaron que la zona atravesaba un periodo de fricción, con presencia de Hezbolá en los alrededores y con autoridades locales que pidieron garantías de seguridad tras la muerte de Hasrouni. El caso quedó asociado a esa dinámica por la sucesión de hechos documentados en agosto de 2023 y por las posiciones públicas de los actores implicados.
Hasta la tarde del 14 de noviembre de 2025, las notas que difundieron la versión israelí no incluyeron una reacción pública de Hezbolá que contestara de forma específica la imputación sobre la Unidad 121. Tampoco registraron novedades judiciales oficiales en Líbano que acreditaran, mediante una resolución, la autoría material o intelectual del crimen. Por su parte, las autoridades libanesas habían prometido en 2023 completar la investigación y remitir sus conclusiones al poder judicial, de modo que el anuncio israelí se sumó a un expediente en el que persistían interrogantes formales sobre la responsabilidad penal del asesinato de Elias al-Hasrouni.