Benjamin Netanyahu aprobó una recomendación del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) y dio instrucciones a las fuerzas de seguridad para aplicar una nueva política: demoler las viviendas de terroristas que hayan causado heridas a ciudadanos israelíes.
Hasta este momento, las demoliciones se limitaban a casos donde los atentados provocaban muertes. Quienes provocaban lesiones graves o permanentes sin ocasionar Muertes no enfrentaban la destrucción de sus viviendas.
El Consejo de Seguridad Nacional sostuvo que Israel tiene la capacidad y el derecho de ejecutar demoliciones en casos de ataques considerados “graves”, aunque no resulten en muertes. Las lesiones deben tener distintos niveles de gravedad, y cada caso será evaluado por separado. La decisión final dependerá del jefe del comando correspondiente y de las autoridades políticas.
Un año de trabajo del NSC y la presión ejercida por miembros del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa, junto con el diputado Amit Halevi (Likud), llevaron a esta resolución. Halevi impulsó una sesión especial del Comité hace un año, respaldado por la organización B’tsalmo, donde se exigió iniciar las demoliciones incluso en casos sin víctimas fatales. Yuli Edelstein, presidente del Comité, también respaldó la propuesta.
Jafar Mouna, autor de un atentado en Tel Aviv en agosto de 2024, fue uno de los primeros afectados por esta política. Su casa en Siquem (Nablús) ya recibió una orden de demolición. En ese ataque, un israelí resultó herido. Investigaciones posteriores revelaron la implicación de Hamás desde Turquía, y ocho sospechosos fueron arrestados como parte de la red terrorista.
Israel Katz, ministro de Defensa, ordenó acelerar los procedimientos y confirmó su respaldo total a la medida. Pese a trabas legales que retrasaron su implementación, el gobierno actual dio luz verde definitiva para aplicar la política en su totalidad.