La tensión estalló el jueves entre las principales instituciones judías de Argentina después de que el Centro Judío de Buenos Aires, o AMIA, le pidiera al paraguas político judío, DAIA, que se retirara como demandante en la denuncia penal contra la ex presidenta del país, Cristina de Kirchner.
El centro judío solicitó a la DAIA que se retirara de la demanda por traición, presentada contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por un pacto firmado con Irán en 2013.
El gobierno de su sucesor, Mauricio Macri, canceló el acuerdo con Teherán en diciembre de 2015, durante su primera semana en el cargo.
“Al desistir de la denuncia contra la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de corregir un grave error del gobierno anterior (argentino), la DAIA comenzaría a distanciarse de un caso que está en el corazón de la famosa división que afecta a la mayoría de los argentinos, una división que no nos representa”, dijo AMIA en su carta al paraguas político.
La ex presidenta es la principal oposición al gobierno de Macri, con la polarización política y social resultante que impregna al país antes de las elecciones presidenciales programadas para octubre. La polarización se ha convertido en una disputa cruda llamada “la grieta” en la sociedad.
La DAIA respondió el viernes en una declaración que dice que no quiere abandonar su papel en el juicio, pero presentará la solicitud para la consideración de todas sus instituciones afiliadas, incluida la AMIA. “La DAIA no conoce las razones por las que la AMIA, una de sus más de 120 organizaciones miembros, ha otorgado estatus público al tema”, dice el comunicado.
Los principales medios de comunicación en Argentina han informado ampliamente sobre la tensión entre las instituciones de la comunidad judía.
No se ha establecido una fecha para el juicio, en el caso que está investigando si el pacto estaba destinado a blanquear el papel de Irán en el atentado de 1994 contra la AMIA.
El ataque al centro de AMIA mató a 85 personas y dejó cientos de heridos. Irán ha negado cualquier participación. Kirchner firmó un memorando de entendimiento con Irán en 2013 para investigar conjuntamente el ataque. Además de la ex presidenta, otros funcionarios del gobierno también serán juzgados por cargos relacionados con el encubrimiento y el abuso de poder.