El gobierno anunció una comisión real que indagará el antisemitismo y el tiroteo de Bondi, con recomendaciones para seguridad, cohesión social y contra el extremismo.
Comisión real: mandato, liderazgo, atribuciones y calendario de trabajo
La comisión analizará la naturaleza, el alcance y los factores que impulsan el antisemitismo, y además examinará las circunstancias específicas del tiroteo de Bondi, explicó Anthony Albanese ante la prensa en Canberra. El organismo también emitirá recomendaciones dirigidas a las fuerzas del orden, al refuerzo de la cohesión social y a la lucha contra el extremismo, con el objetivo de ofrecer respuestas concretas sobre causas, impactos y medidas inmediatas de prevención en todo el país.
La comisión real, el mecanismo de investigación gubernamental más poderoso en Australia, cuenta con atribuciones para citar testigos y exigir documentos como prueba. Estará presidida por la exjueza del Tribunal Superior Virginia Bell, según confirmó Albanese durante el anuncio oficial. Su mandato abarca actuaciones estatales y federales y habilita una indagación exhaustiva sobre hechos, decisiones y responsabilidades institucionales en todos los niveles.
El informe final deberá entregarse el 14 de diciembre, exactamente un año después del ataque. El calendario busca ofrecer conclusiones exhaustivas dentro de un plazo definido, sin extender de forma indefinida el proceso de investigación sobre uno de los episodios más traumáticos recientes. La expectativa oficial apunta a un documento con hallazgos claros, propuestas verificables y tiempos de implementación, de manera que las autoridades puedan responder con medidas operativas y normativa concreta.
El alcance anunciado incluye un análisis de la naturaleza del antisemitismo en Australia y de los factores que lo alimentan, así como un examen pormenorizado del ataque de Bondi. El Gobierno anticipó que el trabajo deberá traducirse en orientaciones para cuerpos policiales y en programas que refuercen la cohesión social, además de acciones frente al extremismo violento, con recomendaciones aplicables por autoridades estatales y federales en todo el país.
Datos clave: fechas, presidencia, poderes y alcance de la comisión
- Ataque del 14 de diciembre durante Jánuca, inspirado por ISIS.
- Virginia Bell presidirá la comisión real.
- El informe final se entregará el 14 de diciembre.
- La comisión puede citar testigos y exigir documentos como prueba.
- La comunidad judía australiana se estima en 120.000 personas.
Hechos del tiroteo de Bondi y proceso judicial de Naveed Akram en curso
Sajid Akram y su hijo Naveed atacaron a asistentes judíos durante un evento de Jánuca el 14 de diciembre, en un atentado terrorista inspirado por ISIS considerado el más grave del país en tres décadas. La policía abatió a Sajid en el lugar y Naveed resultó herido, aunque sobrevivió. El ataque desencadenó conmoción nacional y abrió un debate sobre fallos de prevención, respuestas operativas y riesgos de radicalización con impacto directo en comunidades e instituciones.
“Este fue un ataque terrorista antisemita, dirigido contra australianos judíos, inspirado por ISIS, el más mortífero que jamás haya ocurrido en suelo australiano”, afirmó Albanese. La declaración incluyó una referencia explícita al grupo Estado Islámico. Naveed Akram, de 24 años, enfrenta múltiples cargos, entre ellos asesinato y terrorismo, y aún no se ha declarado. El proceso penal avanza mientras autoridades y comunidad exigen esclarecimiento de responsabilidades y medidas de protección eficaces.
La policía y los servicios de inteligencia enfrentan interrogantes sobre posibles acciones antes del ataque. En diciembre, las familias de las víctimas enviaron una carta abierta en la que solicitaron “establecer de inmediato una Comisión Real de la Commonwealth sobre el rápido aumento del antisemitismo en Australia”. “Exigimos respuestas y soluciones”, escribieron. “Necesitamos saber por qué se ignoraron claras señales de advertencia, cómo se permitió que el odio creciera sin control, y qué cambios deben hacerse”.
Albanese había ordenado una investigación limitada sobre las agencias de seguridad tras el ataque, la cual ahora pasa a integrarse a la comisión real. Además, el Gobierno impulsa una agenda legislativa que prevé endurecer las ya estrictas leyes de armas y penalizar expresiones de predicadores del odio. El Ejecutivo enmarca estas iniciativas dentro de una respuesta institucional más amplia frente al extremismo violento y a la protección de comunidades vulnerables.
Reacciones políticas y comunitarias ante la creación de la comisión
El anuncio llegó tras semanas de llamados de legisladores de todo el espectro político, líderes judíos y figuras públicas, incluidos deportistas, que pedían una comisión nacional en lugar de una pesquisa estatal en Nueva Gales del Sur. Albanese negó haber cedido a presiones después de rechazar inicialmente esa opción. “He escuchado”, dijo. “En una democracia, eso es algo bueno”, agregó para justificar la decisión adoptada por el Ejecutivo federal.
La enviada especial contra el antisemitismo, Jillian Segal, señaló que el prejuicio antijudío se infiltró de manera progresiva en Australia durante años. Consideró relevante que el Gobierno atendiera las demandas de quienes reclamaban una comisión con facultades amplias. A su juicio, una investigación con alcance nacional permite medir tendencias, comparar respuestas institucionales y orientar políticas públicas con base en evidencia y responsabilidades claramente delimitadas a escala federal.
La comunidad judía australiana, estimada en 120.000 personas, sostiene desde hace tiempo que el Gobierno no brindó protección suficiente frente al aumento del antisemitismo tras el ataque de Hamás a Israel en octubre de 2023. También critica la postura de Albanese hacia Israel, que según sus dirigentes habría alentado agresiones contra instituciones judías, situación que profundizó la desconfianza y la percepción de desamparo en barrios, escuelas y sinagogas de todo el país.
En esta ocasión, el Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano afirmó que el Ejecutivo adoptó “la decisión correcta”. “En nombre de la comunidad judía australiana, damos la bienvenida al anuncio del primer ministro”, declaró el presidente del ECAJ, Daniel Aghion KC. Añadió que cooperarán con la comisión y que esperan “un examen honesto de las políticas gubernamentales y de la conducta y las políticas de instituciones y figuras clave en sectores importantes de nuestra sociedad”.
Contexto de antisemitismo y debate sobre responsabilidades y armas
El tiroteo generó una reflexión nacional sobre el antisemitismo, indignación por la falta de protección a ciudadanos judíos y compromisos políticos para endurecer la legislación sobre armas. El debate público creció en torno a responsabilidades estatales y a fallos preventivos. Diversos actores exigieron revisar protocolos de riesgo, coordinación interagencial y umbrales de intervención, con reclamos específicos sobre vigilancia, alertas tempranas y presencia policial en eventos, escuelas y centros religiosos clave.
Numerosos miembros de la comunidad judía afirman que el Gobierno, y Albanese en particular, los “abandonó”, ya que se pasaron por alto señales claras antes de la masacre de Bondi. Esa percepción ha marcado la relación entre el Ejecutivo y el colectivo afectado. La comisión deberá recoger esas quejas, contrastarlas con registros y actuaciones oficiales y definir medidas que restauren la confianza y garanticen protección efectiva en el futuro.
Desde el ataque de Hamás a Israel en octubre de 2023, la comunidad judía australiana figura entre las más golpeadas por el antisemitismo global. El país registró protestas con retórica antisemita y ataques a sinagogas, escuelas y viviendas, además de amenazas y planes violentos frustrados. Estos hechos alimentaron la demanda de respuestas estatales más firmes y de mecanismos de protección que se apliquen de modo uniforme en distintas ciudades y jurisdicciones.
Con el mandato y las facultades de una comisión real, el Gobierno busca una respuesta nacional ante uno de los episodios recientes más traumáticos. El proceso integrará la revisión ya dispuesta sobre agencias de seguridad y priorizará recomendaciones para fuerzas del orden, cohesión social y combate al extremismo. El cierre fijado para el 14 de diciembre pretende asegurar conclusiones completas y aplicables sin prolongar indefinidamente la investigación.