Las empresas chinas están empleando mano de obra musulmana uigur para crear equipos de protección personal (PPE) como mascarillas en medio de la pandemia del coronavirus, según una investigación del New York Times.

La región autónoma de Xinjiang, en el noroeste de China, alberga una gran población de uigures musulmanes, una minoría étnica que habla una lengua turca y se enfrenta a la represión del gobierno chino.

El Times descubrió que muchas de estas personas están siendo integradas a fábricas para trabajar en productos PPE a través de programas “contenciosos patrocinados por el gobierno”, que según los expertos podrían ser identificados como trabajos forzados.

A través de estos programas, los trabajadores uigures, además de sus responsabilidades en la fábrica, son requeridos por el gobierno chino para aprender mandarín, prometer su lealtad a China y asistir a clases obligatorias durante la semana, una clara forma de adoctrinamiento político.

En su informe, el Times diseccionó cientos de vídeos, fotos, documentos gubernamentales, imágenes de satélite y datos de envío para ilustrar cómo el aumento de la demanda de equipos de protección personal durante la pandemia del coronavirus está directamente relacionado con el controvertido tratamiento de los musulmanes uigures por parte del gobierno chino.

En particular, mostraron un video producido por el gobierno chino, que fue transmitido por la televisión estatal china, mostrando a trabajadores “agradecidos” que se ponían las maletas para prepararse para sus nuevos puestos en la fábrica textil de Tianshan.

“Pero detrás de esta propaganda hay una historia oculta, sobre un programa laboral del gobierno muy controvertido y de larga data que los expertos señalan que a menudo pone a la gente a trabajar en contra de su voluntad”, informó el Times en su investigación visual. “Identificamos varias empresas chinas que utilizan mano de obra uigur para producir EPP, y rastreamos algunos de sus envíos a consumidores en los Estados Unidos y en todo el mundo”.

Amy K. Lehr del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales señaló al Times que bajo la ley internacional este tipo de trabajo podría ser clasificado como trabajo forzado, afirmando que, aunque el video parece inocente estos trabajadores no tienen opción en el asunto.

“Los pobres rurales que están siendo puestos en trabajo de fábrica no van por elección. Estas son cuotas coercitivas que causan que la gente sea puesta en el trabajo de la fábrica cuando no quieren serlo, y eso podría ser considerado trabajo forzado bajo la ley internacional”, indicó Lehr.

La Embajada de China en los Estados Unidos anunció al Times que los programas están destinados a ayudar a “los residentes locales a salir de la pobreza a través del empleo y llevar vidas satisfactorias”, y se enorgullecen de promover el programa como tal.

A medida que la demanda de equipos de EPP aumentó junto con la pandemia del coronavirus que la acompañaba, China comenzó a abrir fábricas para producir en masa el tan codiciado equipo médico. Y donde antes de la pandemia solo cuatro empresas producían equipos de EPP en Xinjiang, donde vive la mayoría de los musulmanes uigures, al 30 de junio hay 51, de las cuales al menos 17 participaban en programas de transferencia de mano de obra patrocinados por el gobierno.

“Cualquier compañía que esté adquiriendo máscaras u otro equipo de protección personal que quiera evitar el contenido de trabajo forzado en esos productos no debería estar obteniéndolos del Xinjiang”, manifestó Scott Nova del Consorcio de Derechos de los Trabajadores al Times.

Como se discutió anteriormente, China transmitió la bienvenida de alrededor de 50 trabajadores uigures a la fábrica textil de Tianshan. Según el Times, en marzo el gobierno desplazó alrededor de dos mil uigures de Hotan en el sur de Xinjiang, 50 de ellos fueron llevados a Tianshan específicamente para crear equipos de EPP.

“Tianshan no respondió a nuestra solicitud de comentarios. Pero es un claro ejemplo de cómo los trabajadores uigures están satisfaciendo la creciente necesidad de EPP”, explicó el narrador en el video del Times.

Sin embargo, señalan que “el programa de transferencia de mano de obra es parte de un sistema más amplio de represión y encarcelamiento masivo. Es virtualmente imposible saber quién en el programa de transferencia fue forzado a participar. Hablar es increíblemente arriesgado, y el gobierno está dando forma a la narrativa”.

Un portavoz de la embajada china en Estados Unidos declaró en un correo electrónico que las sospechas de trabajos forzados eran un esfuerzo para derribar los negocios chinos.

“Los derechos e intereses laborales de los ciudadanos chinos de todos los grupos étnicos, incluidos los de Xinjiang, están protegidos por la ley”, añadió el portavoz. “La acusación de ‘trabajo forzado’ en Xinjiang es tanto falsa como maliciosa”.

Expertos y activistas de la ONU indican que al menos un millón de uigures étnicos y otros musulmanes están retenidos en centros de detención en Xinjiang.

El panel de la ONU acusó a China de convertir su lejana región occidental de Xinjiang “en algo que se asemeja a un campo de internamiento masivo envuelto en el secreto, una ‘zona sin derechos’”.

China rechaza las acusaciones de que ha encerrado a un gran número de musulmanes en campos de reeducación. Las instalaciones, menciona, son centros de formación profesional que hacen hincapié en la “rehabilitación y la redención” y forman parte de sus esfuerzos para combatir el terrorismo y el extremismo religioso.

La represión incluye un estricto control sobre la información y el acceso a la región. Xinjiang es ahora una de las áreas más vigiladas del mundo, según los académicos y los grupos de derechos humanos. Esto se produce tras el lanzamiento de una “guerra popular contra el terrorismo” en el 2014, después de una serie de ataques violentos en Xinjiang y otras partes de China que las autoridades culparon a los extremistas religiosos.

Aunque China menciona que los campamentos uigures son centros de formación profesional, están fuertemente custodiados.

Los uigures se han enfurecido por lo que alegan que son duras restricciones a su cultura y religión. Se han enfrentado a periódicas medidas de represión, que se intensificaron después de que los disturbios en la capital regional de Urumqi en el 2009 mataran a casi 200 personas.

Los atentados con bombas en Xinjiang y los ataques presuntamente perpetrados por separatistas uigures, incluido un apuñalamiento masivo en la ciudad de Kunming, en el sudoeste de China, en el 2014, que causó la muerte de 31 personas, dieron lugar a nuevas restricciones.

En los últimos años, bajo la dirección de Chen Quanguo, secretario del Partido Comunista en Xinjiang y leal al presidente Xi Jinping, las medidas contra los uigures han incluido la prohibición de barbas “anormales” para los hombres y restricciones a las peregrinaciones religiosas a La Meca.

A principios de este año, el investigador alemán Adrian Zenz alertó a la comunidad internacional de que el Partido Comunista (PCC) que gobierna en China está utilizando la esterilización forzada, el aborto forzado y la planificación familiar coercitiva contra los musulmanes minoritarios.

En su informe, Zenz informó que sus conclusiones representaban la prueba más sólida hasta la fecha de que las políticas de Pekín en Xinjiang cumplían uno de los criterios de genocidio citados en la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, a saber, “la imposición de medidas destinadas a prevenir los nacimientos dentro del grupo”.

Los documentos del 2019 revelaron planes para una campaña de esterilización femenina masiva dirigida al 14% y al 34% de todas las mujeres casadas en edad de procrear en dos condados uigures, escribió Zenz. La campaña, afirmó, probablemente apuntaba a esterilizar a las mujeres de las minorías rurales con tres o más hijos, así como a algunas con dos hijos, equivalente a por lo menos el 20% de todas las mujeres en edad de procrear.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Ullyot, señaló que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impuso la semana pasada sanciones a los funcionarios del PCC por el trato que dieron a las minorías musulmanas uigures.

Las discusiones en la Casa Blanca todavía están en curso sobre otros posibles objetivos de las sanciones y no se han tomado decisiones definitivas, según una persona familiarizada con el asunto.

En relación con esto, el Times informó el miércoles que la administración Trump estaba considerando una prohibición total de los viajes a los Estados Unidos de los miembros del PCC, en torno al tratamiento del partido a los musulmanes uigures, además de la recién acuñada ley de seguridad de Hong Kong.