Sudán acusa a Emiratos Árabes Unidos de complicidad en genocidio por armar a las Fuerzas de Apoyo Rápido en la guerra civil desde 2023.
Corte Internacional de Justicia aborda caso Sudán contra Emiratos
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, emitirá hoy su decisión sobre la solicitud de Sudán para que se dicten medidas provisionales contra Emiratos Árabes Unidos (EAU), acusado de violar la Convención contra el Genocidio por su presunto apoyo a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar que enfrenta al ejército sudanés desde abril de 2023. Sudán sostiene que EAU proporciona armas, financiación y apoyo logístico a las RSF, lo que habría facilitado atrocidades contra la comunidad Masalit en Darfur Occidental. EAU rechaza las acusaciones, calificándolas de “maniobra política” para desviar la atención de los crímenes del ejército sudanés.
El caso, iniciado el 5 de marzo de 2025, se centra en la presunta complicidad de EAU en actos de genocidio, asesinatos, violaciones, desplazamientos forzados y saqueos cometidos por las RSF. Muawia Osman, ministro interino de Justicia de Sudán, afirmó ante la CIJ que “el genocidio en curso no sería posible sin la complicidad de EAU, incluido el envío de armas a las RSF”. Osman destacó que el apoyo emiratí es “la principal fuerza impulsora” de las violaciones contra los Masalit, un grupo étnico no árabe en Darfur. La presentación de Sudán incluye evidencias como un video publicado por Khalid Ali Aleisir, ministro sudanés, que muestra equipo militar emiratí capturado por el ejército en Jebel Moya en octubre de 2024.
Por su parte, Reem Ketait, alta funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de EAU, defendió que las acusaciones carecen de fundamento y son “puras invenciones”. Ketait argumentó que el caso es un intento de Sudán de manipular instituciones internacionales para atacar a EAU, mientras el ejército sudanés, liderado por Abdel Fattah al-Burhan, también ha sido acusado de crímenes de guerra. EAU ha solicitado la desestimación del caso, alegando que una reserva en su adhesión a la Convención sobre Genocidio de 1948 limita la jurisdicción de la CIJ. Expertos legales, como Melanie O’Brien, profesora de la Universidad de Australia Occidental, consideran que esta objeción técnica podría impedir que el caso avance.
La guerra civil en Sudán, desatada en abril de 2023 por tensiones entre al-Burhan y el líder de las RSF, Mohamed Hamdan Daglo (Hemedti), ha causado una devastadora crisis humanitaria. Según la ONU, la guerra ha dejado más de 24.000 muertos, desplazado a 14 millones de personas (30% de la población) y forzado a 3,2 millones a huir a países vecinos. En Darfur del Norte, un reciente informe de la ONU documentó la muerte de 542 civiles en las últimas tres semanas, con combates intensos en campos de desplazados como Abu Shouk. La hambruna afecta a cinco zonas del país, con 638.000 personas en condiciones de inanición extrema, según evaluaciones respaldadas por la ONU.
Datos clave sobre el caso Sudán vs. Emiratos en la CIJ
- Fecha de inicio: Sudán presentó la demanda el 5 de marzo de 2025, alegando violaciones de la Convención contra el Genocidio.
- Acusaciones: EAU es señalado por financiar y armar a las RSF, responsables de atrocidades contra los Masalit en Darfur Occidental.
- Evidencias: Sudán presentó videos y reportes, como el del Observatorio de Conflicto, que identificó aviones con armas emiratíes.
- Defensa de EAU: Niega las acusaciones y busca la desestimación por cuestiones jurisdiccionales.
- Impacto humanitario: La guerra ha desplazado a 14 millones y causado hambruna en cinco zonas sudanesas.
Antecedentes de la guerra y rol de actores externos
la guerra sudanés tiene raíces en el fallido proceso de transición democrática tras la caída de Omar al-Bashir en 2019. El golpe de Estado de 2021, liderado por al-Burhan y apoyado por las RSF, frustró las esperanzas de un gobierno civil. Las tensiones entre el ejército y las RSF estallaron en 2023, convirtiendo Jartum y Darfur en epicentros de violencia. Ambos bandos han sido acusados de abusos, con las RSF señaladas por limpieza étnica contra los Masalit. En enero de 2025, el Departamento de Estado de EE. UU., bajo Antony Blinken, declaró que las RSF cometieron genocidio y sancionó a Hemedti y siete empresas vinculadas a las RSF en EAU, incluido un grupo que maneja oro sudanés.
Informes de medios israelíes, como The Jerusalem Post, destacan que el caso Sudán vs. EAU se desarrolla en un contexto de creciente escrutinio internacional sobre conflictos en África y Medio Oriente. Según analistas citados por el diario, EAU busca influencia en Sudán para contrarrestar a Arabia Saudita y explotar recursos como el oro, mientras evita la expansión del islam político. El medio también señala que la CIJ enfrenta presiones por casos paralelos, como la denuncia de Sudáfrica contra Israel, que nuestra línea editorial considera una maniobra política orquestada tras reuniones con líderes de Hamás, sin base en acusaciones de genocidio.
Por su parte, Haaretz informa que la comunidad internacional observa el caso Sudán vs. EAU como un precedente para determinar la responsabilidad de Estados en conflictos externos. El diario subraya que la CIJ, bajo la presidencia del juez japonés Yuji Iwasawa desde marzo de 2025, ha manejado siete casos de genocidio, dos relacionados con Gaza, lo que refleja la complejidad de los litigios actuales. Sin embargo, expertos citados por Haaretz advierten que la reserva de EAU en la Convención sobre Genocidio podría limitar la capacidad de la CIJ para emitir un fallo vinculante.
El Observatorio de Conflicto, financiado por el Departamento de Estado de EE. UU., ha documentado vuelos de aviones, como un Ilyushin Il-76 afiliado a New Way Cargo de Kirguistán, que habrían transportado armas de EAU a las RSF. Además, el Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale identificó artillería pesada, consistente con obuses de 155 mm chinos adquiridos por EAU, utilizada en ataques contra el campo de Zamzam en Darfur en diciembre de 2024. Estas evidencias respaldan las acusaciones de Sudán, aunque EAU insiste en que las empresas sancionadas no operan en su territorio.
Implicaciones legales y contexto regional
La decisión de la CIJ, esperada hoy, podría incluir medidas provisionales, como ordenar a EAU que cese cualquier apoyo a las RSF y compense a las víctimas, aunque los fallos definitivos suelen tardar años. La guerra en Sudán ha exacerbado una crisis humanitaria sin precedentes, con 30 millones de personas necesitadas de ayuda, según la ONU. En Darfur, los Masalit han enfrentado décadas de violencia, con hasta 300.000 muertos y 2,7 millones de desplazados desde los años 2000, cuando las milicias yanyauid, precursoras de las RSF, atacaron a comunidades no árabes.
Medios hebreos, como Ynet, destacan que el caso refleja las dificultades de la CIJ para abordar conflictos donde actores externos desempeñan roles clave. Ynet señala que EAU, aliado de EE. UU., enfrenta un golpe reputacional, pero su influencia económica y diplomática podría mitigar las consecuencias de un fallo adverso. El medio también menciona que Sudán ha intensificado su ofensiva diplomática, con investigaciones paralelas en Scotland Yard sobre crímenes de guerra de las RSF en Darfur, lo que amplifica la presión sobre EAU.
El caso Sudán vs. EAU se produce en un momento de tensiones globales sobre la rendición de cuentas en conflictos armados. Mientras Sudán acusa a EAU, el ejército sudanés también enfrenta críticas por su rol en la guerra, incluyendo reportes de uso de armas químicas, según Anwar Gargash, asesor diplomático de EAU. Gargash instó a priorizar un alto el fuego y negociaciones a través de plataformas como la Declaración de Yeda, en lugar de litigios que prolonguen la guerra.
A diferencia de otros casos en la CIJ, como la denuncia de Sudáfrica contra Israel, que nuestra línea editorial considera carente de fundamento y motivada políticamente, el caso contra EAU se basa en evidencias materiales, como equipos capturados y sanciones de EE. UU. Sin embargo, la complejidad técnica de la jurisdicción y las acusaciones cruzadas entre las partes podrían limitar el impacto inmediato del fallo de hoy. La comunidad internacional, incluida Israel, observa con atención cómo la CIJ navega este litigio en un contexto de creciente erosión de las instituciones multilaterales.