Un tribunal neerlandés desestimó una demanda presentada por activistas propalestinos y antiisraelíes que pretendían obligar a los Países Bajos a detener el comercio y las exportaciones de armas a Israel debido a la guerra contra Hamás en Gaza.
Un grupo de diez organizaciones acusó al Estado neerlandés de hacer muy poco para evitar lo que calificaron como “genocidio” en Gaza y de mantener una política exterior “claramente ilegal” hacia Israel. Israel ha negado todas las acusaciones de genocidio.
Las ONG pidieron a los jueces que impusieran una prohibición general de las exportaciones de armas a Israel, una prohibición de exportar perros militares y una prohibición del comercio en los “territorios ocupados”.
El Tribunal de Apelaciones de La Haya rechazó todos los motivos de apelación presentados por las organizaciones y les ordenó pagar las costas judiciales.
“Aunque es plausible que exista un riesgo de genocidio y de graves violaciones de los derechos humanos, no corresponde, en principio, al tribunal indicar al Estado qué medidas debe adoptar para prevenirlo”, señala el tribunal en un comunicado.
El tribunal también indica que el Estado neerlandés ya había adoptado varias medidas.
Por ejemplo, las autoridades no conceden licencias de exportación de material militar si existe el riesgo de que se utilice en Gaza, según el tribunal.
Durante las audiencias, los abogados del gobierno negaron que la política exterior neerlandesa hacia Israel fuera ilegal y subrayaron que las autoridades siempre evaluaban caso por caso la concesión de licencias de exportación.
El Tribunal de Apelaciones de La Haya tenía previsto emitir su sentencia el 8 de octubre, pero los jueces decidieron aplazarla hasta que el Tribunal Supremo dictara un fallo en un caso similar.
En ese veredicto, el Tribunal Supremo determinó que correspondía al gobierno neerlandés decidir si exportaría piezas utilizadas en los aviones de combate F-35 israelíes empleados en Gaza.
Tras el fallo del Tribunal Supremo, el gobierno neerlandés resolvió mantener en vigor su actual prohibición de enviar dichas piezas.