Delcy Rodríguez rechazó la injerencia extranjera en Venezuela durante un discurso petrolero en Anzoátegui tras la captura de Maduro y la transición política en Caracas.
Discurso en Anzoátegui con rechazo a injerencias y foco petrolero
En enero de 2026, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habló ante trabajadores petroleros en la refinería de Puerto La Cruz, en Anzoátegui, y rechazó la influencia externa en los asuntos internos. “Basta ya de órdenes de Washington sobre los políticos de Venezuela”, afirmó. Pidió resolver diferencias internamente y negó espacio a potencias extranjeras. El discurso siguió a la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y a la transición posterior en Caracas.
Medios estatales transmitieron el acto y resaltaron la prioridad del gobierno interino: elevar la actividad hidrocarburífera como base de la recuperación económica. La administración de Rodríguez fijó metas en producción y refinación. Ese mensaje apareció mientras las autoridades atendían un período de inestabilidad institucional tras el derrocamiento del gobierno anterior. La refinería de Puerto La Cruz sirvió como escenario simbólico para presentar esa agenda ante personal técnico y obreros locales.
El 25 de enero de 2026, Rodríguez colocó a la industria petrolera en el centro de la recuperación nacional. Planteó reformas a la Ley Orgánica de Hidrocarburos para atraer inversiones extranjeras sin ceder control sobre decisiones soberanas. Venezolana de Televisión difundió mensajes de aliento atribuidos a Maduro, detenido en Estados Unidos. La presidenta interina pidió unidad entre trabajadores y llamó a proteger los activos estratégicos, con metas de aumento de producción y mejora de capacidades logísticas.
Fuentes del Ministerio de Petróleo describieron discusiones sobre reactivar refinerías, con énfasis en inclusión económica como base para la paz social en el país. Rodríguez afirmó que no existe paz social sin inclusión económica y destacó el papel de los trabajadores en la agenda nacional. Ese enfoque coincidió con políticas previas del chavismo para ampliar alianzas energéticas con empresas rusas y chinas, mientras crecían presiones asociadas a negociaciones con Estados Unidos.
Datos clave del discurso y su contexto
- 3 de enero de 2026: fuerzas de Estados Unidos detuvieron a Nicolás Maduro en Caracas.
- Cargos por narcotráfico y corrupción basados en acusaciones de 2020 del Departamento de Justicia.
- 4 de enero de 2026: el Tribunal Supremo designó a Delcy Rodríguez como presidenta interina.
- Mandato interino de 90 días para organizar elecciones, con opción de extensión por inestabilidad.
- Producción de crudo por debajo de 500.000 barriles diarios en 2025, según el Banco Central.
Operación estadounidense y detención de Maduro con protestas y alertas
El 3 de enero de 2026, fuerzas especiales de Estados Unidos ejecutaron una operación nocturna en Caracas con explosiones y sobrevuelos, y detuvieron al entonces presidente y a Cilia Flores. Informes del Departamento de Justicia señalaron el traslado de Maduro a territorio estadounidense para enfrentar cargos ligados a narcotráfico y corrupción. Esos cargos derivaron de acusaciones formales de 2020. La acción formó parte de una escalada de presiones que también incluyó sanciones contra PDVSA y funcionarios.
Posteriormente, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que su administración asumiría de forma temporal el control de Venezuela para “restaurar el orden”, sin indicar un plazo para la devolución de la soberanía. Tras esa afirmación, se registraron protestas en varias ciudades y en el exterior. Hubo manifestaciones de apoyo a Maduro y de rechazo a la intervención militar extranjera. Amnistía Internacional y Human Rights Watch advirtieron sobre riesgos de violaciones de derechos humanos durante el proceso.
Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos acumularon tensiones desde la etapa de Chávez, con un punto alto bajo Trump y Biden. Sanciones impuestas desde 2017 bloquearon activos venezolanos y afectaron la capacidad operativa de PDVSA. Tras la salida de Maduro, la administración interina alternó cooperación de tipo práctico con un discurso centrado en la soberanía. Rodríguez invitó a Washington a definir una agenda de cooperación energética y admitió la necesidad de inversiones para elevar producción.
Presiones citadas por medios como The Guardian incluyeron exigencias de reformas políticas, entre ellas la liberación de presos y la convocatoria a elecciones libres, lo que elevó la fricción bilateral. Las reacciones internacionales mostraron posiciones dispares. Rusia pidió la liberación inmediata de Maduro y calificó la captura como agresión imperialista. La oposición venezolana, con Edmundo González Urrutia, exigió garantías democráticas, mientras la Unión Europea reclamó un diálogo inclusivo con supervisión de organismos internacionales.
Crisis previa, huelgas petroleras y caída histórica de producción
Antes de estos hechos, Venezuela atravesó una crisis política y económica prolongada bajo el mandato de Maduro, quien asumió la presidencia en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez. El chavismo aplicó controles estatales sobre la economía y sostuvo alianzas con Rusia, China e Irán. Varios gobiernos occidentales presentaron acusaciones de autoritarismo. Hacia finales de 2025, huelgas masivas en el sector petrolero ocuparon un lugar relevante en la desestabilización del gobierno y afectaron operaciones críticas.
Documentos del Banco Central de Venezuela señalaron una producción de crudo por debajo de 500.000 barriles diarios en 2025. Sanciones internacionales limitaron exportaciones y acceso a tecnología. Sindicatos independientes organizaron las huelgas y sectores de la oposición ofrecieron respaldo. Como resultado, instalaciones clave en Anzoátegui y Zulia quedaron paralizadas, con caídas de disponibilidad operativa. Ese cuadro deterioró apoyos internos, incluido el apoyo militar, y abrió espacio para presiones externas sobre la conducción del gobierno en Caracas.
Fuentes del Ministerio de Petróleo, citadas en informes de la OPEP, atribuyeron las protestas laborales a salarios insuficientes y a condiciones precarias. Esa presión social convergió con una hiperinflación superior al 200% anual, según datos del Fondo Monetario Internacional. La combinación de pérdida de ingresos, deterioro técnico e inflación elevó costos operativos y complicó el abastecimiento de insumos. La capacidad de inversión quedó limitada por sanciones y por restricciones financieras en los mercados internacionales.
En el plano interno, el gobierno interino enfrentó problemas asociados con colectivos armados y con la represión de disidentes. Reportes del New York Times documentaron marchas en Caracas para exigir la liberación de Maduro. Datos de ACNUR indicaron un éxodo de más de ocho millones de venezolanos. Especialistas señalaron una posible reducción del flujo si aparecía estabilidad, aunque advirtieron riesgos de nuevos desplazamientos en caso de un incremento de la inestabilidad política y social.
Transición interina, reformas petroleras y negociaciones internacionales
A finales de enero de 2026, la transición interina avanzó bajo un mandato constitucional de 90 días para organizar elecciones, según documentos del Tribunal Supremo de Justicia. Ese plazo admitía solicitudes de extensión si persistía la inestabilidad. Reportes del Pentágono indicaron presencia militar estadounidense en bases clave con un objetivo declarado de seguridad. Persistieron vacíos de información sobre el estatus de detenidos políticos y sobre el acceso a documentos clasificados relacionados con la operación de captura.
Transparencia Internacional señaló falta de claridad en la gestión de activos recuperados, aunque no existieron informes públicos que confirmaran irregularidades durante este período inicial. El panorama mostró una situación en evolución, con atención prioritaria a la estabilización económica y a la resolución de conflictos internos mediante mecanismos institucionales. El gobierno interino colocó su narrativa en la soberanía y en la recuperación productiva, con énfasis en resultados en producción, exportaciones y empleo dentro del sector energético.
Fuentes parlamentarias indicaron que la Asamblea Nacional, con mayoría chavista, debatía modificaciones a la Ley Orgánica de Hidrocarburos para facilitar asociaciones con empresas extranjeras y mantener control estatal sobre los recursos. Trabajadores presentes en el acto ratificaron compromiso con la producción, según el Ministerio de Petróleo. El petróleo representó más del 90% de las exportaciones venezolanas, según la OPEP, aunque la producción cayó desde niveles cercanos a tres millones de barriles diarios en los años 2000.
La postura de Rodríguez generó efectos en foros internacionales. La Casa Blanca confirmó planes para una visita de la presidenta interina a Washington para negociar acuerdos en energía y seguridad. Analistas del Consejo de Relaciones Exteriores advirtieron que un discurso de rechazo a la influencia externa podía complicar negociaciones sobre extradiciones y sobre tránsito hacia elecciones con supervisión internacional. En América Latina, Brasil y Colombia respaldaron un proceso democrático, mientras Cuba y Nicaragua condenaron la intervención.