El gobierno de Trump impuso el miércoles sanciones a la jefe fiscal de la Corte Penal Internacional y a una de sus principales ayudantes por continuar investigando las acusaciones de crímenes de guerra contra los estadounidenses.
El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció las medidas como parte del retroceso de la administración contra el tribunal, con sede en La Haya, para las investigaciones de los Estados Unidos y sus aliados como Israel. Las sanciones incluyen la congelación de los activos mantenidos en los Estados Unidos o sujetos a la ley estadounidense, y apuntan a la fiscal Fatou Bensouda y al jefe de jurisdicción del tribunal, Phakiso Mochochoko.
Pompeo había impuesto anteriormente una prohibición de viaje a Bensouda y a otros empleados del tribunal debido a su investigación de las denuncias de tortura y otros delitos cometidos por estadounidenses en Afganistán.
“Estados Unidos nunca ha ratificado el Estatuto de Roma que creó el tribunal y no toleraremos sus intentos ilegítimos de someter a los estadounidenses a su jurisdicción”, mencionó Pompeo durante una conferencia de prensa en el Departamento de Estado.
Los grupos de derechos humanos y otros han condenado las medidas de la administración contra el tribunal y el anuncio del miércoles fue inmediatamente recibido con críticas abrasadoras por parte de ellos.
Richard Dicker, el director de justicia internacional de Human Rights Watch, lo calificó como “una asombrosa perversión de las sanciones estadounidenses, ideadas para penalizar a los abusadores de los derechos y a los cleptómanos, para perseguir a los encargados de perseguir los crímenes internacionales”.
“La administración de Trump ha torcido estas sanciones para obstruir la justicia, no solo para ciertas víctimas de crímenes de guerra, sino para las víctimas de atrocidades en cualquier lugar que acudan a la Corte Penal Internacional en busca de justicia”, añadió.
En marzo del 2019, Pompeo ordenó la revocación o denegación de visas al personal de la CPI que buscaba investigar las denuncias de crímenes de guerra y otros abusos cometidos por las fuerzas estadounidenses en Afganistán o en otros lugares. Señaló también que podría revocar las visas de aquellos que buscan acciones contra Israel.
Bensouda anunció en diciembre que había “bases razonables para creer que se cometieron crímenes de guerra” en Judea y Samaria, la Franja de Gaza y el este de Jerusalén tanto por las Fuerzas de Defensa de Israel como por el grupo terrorista Hamás, así como por otros “grupos armados palestinos”. Sin embargo, ella le planteó la cuestión de la jurisdicción a los jueces, retrasando el caso hasta que puedan dictaminar.
Se espera que un panel de tres jueces de la CPI pronto dictamine si el tribunal tiene jurisdicción sobre los territorios palestinos y puede iniciar una investigación sobre presuntos crímenes de guerra.
Israel ha sostenido durante mucho tiempo que la CPI no tiene jurisdicción sobre el caso, ya que no hay ningún Estado palestino soberano que pueda delegar en la corte la jurisdicción penal sobre su territorio y sus nacionales.