Michel Issa afirmó que Israel decide su defensa sin autorización de Washington y que Estados Unidos presiona a Beirut para ejecutar el desarme de Hezbolá.
Posición de Michel Issa y mensajes previos sobre la autonomía israelí
El embajador de Estados Unidos en Líbano, Michel Issa, afirmó en su primera gran entrevista pública que Israel no requiere autorización de Washington para defenderse y que la administración estadounidense presiona al Gobierno libanés para aplicar la decisión de desarmar a Hezbolá y a los demás grupos armados fuera del control del Estado. Señaló que Israel realiza su propia evaluación de seguridad y adopta de forma autónoma medidas destinadas a proteger a su población.
Esta afirmación coincidió con el mensaje que, meses antes, transmitió en Beirut el enviado especial estadounidense Thomas Barrack, quien sostuvo que Estados Unidos no podía obligar a Israel a adoptar decisiones militares ante demandas libanesas de garantías ante bombardeos en su territorio. En esa ocasión, Barrack aclaró que Washington no asumiría responsabilidad de seguridad frente a Israel y defendió un plan de desarme de Hezbolá a cambio del fin de ataques y la retirada de tropas.
En declaraciones a Haaretz, Issa dijo que Washington insta al Gobierno libanés a ejecutar la decisión del Consejo de Ministros, que encargó al ejército plan para poner todas las armas bajo control estatal antes de fin de año. Esa decisión integra plan de Estados Unidos con desarme de Hezbolá y milicias a cambio de alto el fuego, retirada israelí y reactivación económica. Naim Qassem rechazó calendario y denunció exigencia dictada desde el exterior.
En conjunto, las posiciones oficiales citadas presentaron una ecuación clara: fin de los ataques israelíes y retirada de tropas a cambio de un proceso sostenido de desarme de Hezbolá y de las demás milicias fuera del control del Estado, con apoyo al restablecimiento económico. Los portavoces estadounidenses remarcaron que Israel actuaría con autonomía en materia militar y que Washington no asumiría compromisos de seguridad en nombre de Israel frente a las demandas expresadas desde Beirut.
Fechas, cifras y marcos legales mencionados en el texto
- 23 de noviembre: ataque israelí en Haret Hreik con la muerte de Haytham Ali Tabtabai.
- 29 de julio: audiencia de confirmación de Michel Issa ante el Senado de Estados Unidos.
- $11.000 millones: estimación de reconstrucción y recuperación en Líbano.
- Más de $3.000 millones: asistencia militar de Estados Unidos a las LAF desde 2006.
- Resoluciones 1559 y 1701 y Acuerdos de Taif: marco citado por el Gobierno libanés.
Bombardeo en Haret Hreik y marco del alto el fuego de noviembre de 2024
Las declaraciones del embajador llegaron pocos días después de un bombardeo israelí en el suburbio de Haret Hreik, en el sur de Beirut, en el que murió Haytham Ali Tabtabai, considerado jefe del Estado Mayor militar de Hezbolá. El ataque del 23 de noviembre fue el primero en meses contra un barrio de la capital y dejó además víctimas civiles, con al menos cinco muertos y más de dos decenas de heridos según autoridades sanitarias libanesas.
El ejército israelí describió a Tabtabai como alto responsable de la reorganización de las fuerzas de Hezbolá y de los esfuerzos del grupo por reconstruir su capacidad de combate tras la guerra de 2023 a 2024. La dirección de Hezbolá confirmó la muerte, lo presentó como dirigente militar clave del Estado Mayor y afirmó que se reservaba el derecho a responder, sin anunciar plazos ni modalidades para una eventual respuesta.
El bombardeo se insertó en una serie de ataques israelíes posteriores al alto el fuego pactado en noviembre de 2024, acuerdo que puso fin a catorce meses de hostilidades iniciadas tras los primeros lanzamientos de cohetes de Hezbolá en octubre de 2023. El texto fijó una pausa de sesenta días, prorrogada, la retirada israelí del sur y un despliegue libanés entre la Línea Azul y el río Litani, con supervisión y aplicación de la resolución 1701.
A pesar del alto el fuego, autoridades de Líbano e Israel denunciaron violaciones del acuerdo. Informes de organismos humanitarios y de la ONU registraron miles de incidentes desde finales de 2024. Esos documentos recogieron ataques aéreos israelíes contra objetivos en territorio libanés y señalaron acusaciones israelíes sobre intentos de Hezbolá de reconstruir infraestructura militar, depósitos de armas y redes de túneles. El ejército libanés informó detección de lanzaderas, misiles y restos en áreas del sur.
Prioridades y perfil de Michel Issa ante el Senado de EE. UU. en julio
Issa ya había fijado prioridades ante el Senado de Estados Unidos durante la audiencia de confirmación del 29 de julio. Calificó el desarme de Hezbolá como medida no opcional y necesaria y defendió la urgencia de actuar. En esa sesión expresó su propósito de trabajar con el presidente libanés Joseph Aoun, con el Gobierno y con las Fuerzas Armadas Libanesas para restaurar plenamente la soberanía del Estado en todo el territorio nacional.
Issa, empresario de origen libanés nacido en Bsous y afincado durante décadas en Estados Unidos, renunció a la ciudadanía libanesa antes de asumir el puesto para evitar conflictos de lealtad. Su trayectoria profesional se desarrolló en los sectores financiero y de reestructuración empresarial, con cargos de dirección en empresas y bancos internacionales, lo que lo presentó en Washington como un embajador con especial atención a la reconstrucción económica de Líbano tras la guerra.
Evaluaciones coordinadas por el Banco Mundial estimaron en $11.000 millones las necesidades de reconstrucción y recuperación tras catorce meses de combates que causaron más de 4.000 muertos, decenas de miles de heridos y destrucción de viviendas, infraestructuras y sectores productivos en el sur del país, el valle de la Bekaa y varias zonas urbanas. El coste total, que sumó daños físicos y pérdidas económicas, superó los $14.000 millones.
El producto interior bruto libanés se contrajo acusadamente en 2024 en un contexto de crisis financiera iniciada en 2019, con una pérdida acumulada cercana al cuarenta por ciento en ese periodo, según las mismas estimaciones. El deterioro redujo la capacidad del Estado para financiar la reconstrucción y elevó la dependencia de la ayuda exterior, en un marco condicionado por el alto el fuego y por compromisos asumidos ante socios internacionales.
Despliegue del ejército libanés, ayuda militar y marco político interno
En este contexto, el despliegue del ejército libanés en el sur del país constituyó un componente de la estrategia para aplicar el alto el fuego y la decisión dirigida al control estatal de las armas. Desde finales de 2024 y durante 2025, las Fuerzas Armadas Libanesas aumentaron su presencia al sur del Litani, con miles de soldados, decenas de puestos fijos y controles de carretera para vigilar rutas de contrabando y asegurar áreas dominadas por Hezbolá.
Mandos militares libaneses explicaron que la institución asumía esas tareas en medio de limitaciones presupuestarias graves y con un país aún devastado por bombardeos. Al mismo tiempo, recibía apoyo logístico y de equipamiento de la Fuerza Provisional de la ONU en Líbano y de países donantes. Ese respaldo permitió mantener despliegues y controles operacionales en zonas sensibles del sur mientras el alto el fuego seguía vigente con denuncias de incumplimientos.
Estados Unidos, principal suministrador de asistencia militar a Líbano, aportó desde 2006 más de $3.000 millones a las Fuerzas Armadas Libanesas, con material, formación y apoyo a salarios, y anunció nuevos paquetes de ayuda vinculados al plan de desarme aprobado por el Gobierno. Ese flujo de recursos acompañó la intención declarada de situar todas las armas bajo control estatal y reforzar capacidades en la franja entre la Línea Azul y el río Litani.
Estados Unidos considera a Hezbolá organización terrorista desde 1997. Además de su estructura militar, el grupo actúa como partido político. En meses recientes afirmó que no entregará armas mientras Israel mantenga tropas en territorio libanés y continúe con ataques. El Gobierno libanés sostiene que el Estado debe tener armas, en línea con los Acuerdos de Taif y las resoluciones 1559 y 1701, y encargó al ejército un plan de retirada gradual del armamento de las milicias.