Estados Unidos informó sobre una nueva persecución en el Caribe contra un buque con bandera falsa, tras incautaciones previas y un anuncio de “bloqueo” presidencial.
Persecución del Bella 1 y anuncio del “bloqueo” en el Caribe
Estados Unidos mantuvo el domingo 21 de diciembre una persecución activa sobre un tercer petrolero en aguas internacionales del Caribe, cerca de Venezuela. Dos funcionarios estadounidenses indicaron que el buque navegaba con una bandera falsa y que pesaba sobre él una orden judicial de incautación. La operación ocurrió después de que el presidente Donald Trump anunciara un “bloqueo” sobre petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, dentro de una campaña contra redes de comercio petrolero sancionado.
Fuentes de seguridad marítima identificaron el buque como el Bella 1, un petrolero de gran porte que figura en registros de sanciones del Departamento del Tesoro. Datos de seguimiento marítimo indicaron que el Bella 1 se aproximaba vacío a Venezuela con intención de cargar. Las mismas fuentes señalaron antecedentes de transporte de crudo venezolano hacia Asia en años previos, además de viajes con crudo iraní, lo que reforzó los indicios de actividad dentro de rutas sancionadas.
La persecución del domingo 21 se sumó a una interdicción anunciada el sábado 20 frente a la costa venezolana, también en aguas internacionales. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que la Guardia Costera interceptó un buque con último atraque en Venezuela y afirmó que la operación buscó frenar el movimiento ilícito de petróleo sancionado. La Casa Blanca sostuvo que el buque operaba con bandera falsa dentro de la llamada “flota en la sombra”.
Empresas de gestión de riesgo marítimo situaron ese segundo caso en el entorno marítimo al este de Barbados e identificaron el buque como el Centuries, con bandera panameña. Documentos internos de PDVSA atribuyeron al Centuries el transporte de alrededor de 1,8 millones de barriles de crudo Merey con destino a China y señalaron que un intermediario, Satau Tijana Oil Trading, compró el cargamento. La documentación indicó además que el buque cargó bajo un nombre falso.
Datos clave de buques, cargas y operaciones informadas
- Bella 1: buque de gran porte perseguido el 21 de diciembre, con bandera falsa y orden de incautación, previamente vinculado con crudo venezolano e iraní.
- Centuries: identificado al este de Barbados, con bandera panameña y unos 1,8 millones de barriles de Merey con destino a China, según documentos de PDVSA.
- Skipper: salió del puerto José con unos 1,8 millones de barriles de Merey y transfirió cerca de 200.000 barriles al Neptune 6 antes de su incautación.
- Galveston: autoridades informaron que el Skipper llegó al área de aligeramiento marino frente a Houston tras la operación de incautación.
Interdicción del Centuries y patrones de la flota en la sombra
Según informes especializados, el Centuries operó dentro de patrones atribuidos a una “flota en la sombra”, con embarcaciones que alteran o encubren su ubicación durante la navegación. Las fuentes citaron registros internos de PDVSA para sostener que el cargamento del Centuries se comercializó a través de un intermediario. La operativa descrita incluyó el uso de nombres falsos, lo que coincidió con alegatos de bandera falsa, según planteamientos oficiales y evaluaciones de riesgo marítimo.
La interdicción del sábado 20 reforzó el mensaje del Gobierno estadounidense sobre el control de flujos petroleros sujetos a sanciones. Washington describió esas rutas como canales de financiación de “narcoterrorismo” en la región. La caracterización oficial buscó justificar acciones de interdicción en aguas internacionales, con énfasis en buques que aparecían en listas de sanciones y que mostraban señales de identidad alterada, o prácticas destinadas a ocultar rutas y puntos de transbordo.
Documentación de seguimiento comercial agregó que el conjunto de buques vinculados a estas rutas incluyó embarcaciones que navegaron sin señal visible para encubrir trayectos. Esas prácticas, además de registros con identidades cambiadas, complicaron verificaciones durante las operaciones. Las referencias a la “flota en la sombra” aparecieron en informes corporativos y comunicaciones oficiales, que describieron una red que sostuvo exportaciones de crudo venezolano a destinos asiáticos bajo esquemas de riesgo legal y operativo.
En ese marco, la identificación del Centuries y la confirmación oficial de la interdicción apuntalaron la narrativa de una aplicación activa de sanciones en el Caribe. Las acciones combinaron inteligencia de seguimiento marítimo, análisis de bandera y antecedentes comerciales con declaraciones gubernamentales. La secuencia reforzó la percepción de una estrategia que priorizó casos con trazabilidad documental, volúmenes significativos y conexiones con puertos venezolanos, con el objetivo declarado de cortar flujos considerados ilícitos.
Incautación del Skipper y efectos regionales y de mercado
La serie de acciones comenzó el 10 de diciembre, cuando fuerzas estadounidenses incautaron el Skipper, un petrolero de gran porte, en el Caribe cerca de Venezuela. El presidente Trump anunció entonces la incautación y, ante preguntas sobre el destino del cargamento, afirmó que Estados Unidos se quedaría con el petróleo. La fiscal general Pam Bondi informó que FBI, Seguridad Nacional y la Guardia Costera ejecutaron una orden de incautación con apoyo militar y difundió un vídeo de la operación.
Datos de seguimiento por satélite y documentos de PDVSA situaron al Skipper saliendo del puerto José entre el 4 y el 5 de diciembre tras cargar aproximadamente 1,8 millones de barriles de Merey. Los registros indicaron una transferencia de unos 200.000 barriles cerca de Curazao al buque Neptune 6, con bandera panameña y rumbo a Cuba, antes de la incautación. La autoridad marítima de Guyana sostuvo que el Skipper izaba falsamente su bandera, lo que alimentó cuestionamientos regulatorios.
El domingo 21 de diciembre, funcionarios estadounidenses informaron que el Skipper llegó al área de aligeramiento marino de Galveston, frente a Houston, un punto habitual de trasvase por las limitaciones de calado del canal hacia el puerto de Houston. La secuencia convirtió a diciembre en el primer periodo, desde las sanciones energéticas impuestas en 2019, con incautaciones de petroleros vinculados al comercio de crudo venezolano por parte de Estados Unidos.
En paralelo, Trump anunció el 16 de diciembre, en un mensaje en su red social Truth Social, un “bloqueo total y completo” de todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. Justificó la orden al afirmar que Estados Unidos designó al “régimen” venezolano como “organización terrorista extranjera” y lo vinculó con terrorismo, tráfico de drogas y trata de personas. Informes posteriores señalaron el desplazamiento de miles de militares y casi una docena de buques de guerra a la región.
Respuesta de Venezuela y efectos sobre exportaciones y operaciones
El Gobierno de Venezuela rechazó el anuncio del “bloqueo” y lo calificó de “amenaza grotesca”. Tras la interdicción del sábado 20, Caracas describió la operación como un “grave acto de piratería internacional” y denunció el “robo y secuestro” de un buque privado que transportaba petróleo, junto con la “desaparición forzada” de su tripulación. El pronunciamiento indicó que Venezuela llevaría el caso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otros organismos multilaterales.
Los movimientos navales coincidieron con una caída de las exportaciones de crudo venezolano. Fuentes del sector y datos de embarque situaron las exportaciones por encima de 900.000 barriles diarios en noviembre y describieron un descenso pronunciado después de la primera incautación. Buques cargados permanecieron en aguas venezolanas por temor a otra interdicción. En ese contexto, PDVSA suspendió operaciones en terminales durante varios días a partir del domingo 14 de diciembre por un ataque de secuestro informático.
PDVSA reanudó cargas de crudo y combustibles el miércoles 17, mientras trabajadores de terminales registraban entregas de forma manual por los efectos del ataque informático. La empresa afirmó ese mismo día que exportaciones e importaciones volvieron a la normalidad y que su flota navegaba sin interrupciones. Las comunicaciones corporativas buscaron reducir incertidumbre operativa, aunque informes especializados reseñaron demoras y ajustes en cronogramas por el endurecimiento del entorno de cumplimiento.
En medio de ese escenario, Venezuela autorizó el 18 de diciembre la salida hacia China de dos superpetroleros no incluidos en la lista estadounidense de sanciones, según fuentes familiarizadas con las operaciones de exportación. Cada buque transportaba alrededor de 1,9 millones de barriles de crudo Merey, de acuerdo con documentos internos de PDVSA citados por esas fuentes. Los planificadores consideraron navegar con transpondedores apagados desde José para reducir exposición.
Flota en la sombra, salidas a China y composición sancionada
Informes de seguimiento comercial describieron que, de 75 petroleros presentes en aguas venezolanas y vinculados a una “flota en la sombra” que suele navegar sin señal para encubrir su ruta, alrededor de 38 figuraban sancionados por el Tesoro y al menos 15 ya estaban cargados con crudo o combustibles. Esas cifras perfilaron el tamaño del contingente expuesto a acciones de interdicción, con implicaciones sobre planes de carga, seguros y ventanas de entrega en rutas hacia Asia.
Las autorizaciones del 18 de diciembre para dos superpetroleros con destino a China mostraron una ruta alternativa fuera de la lista de sancionados. Documentos de PDVSA detallaron volúmenes de aproximadamente 1,9 millones de barriles por buque, dentro de especificaciones habituales para crudo Merey. La decisión ocurrió durante una incertidumbre operativa que combinó riesgos de interdicción con efectos de un ataque informático, lo que obligó a maniobras de registro manual y ajustes logísticos en terminales venezolanas.
La coexistencia de buques no sancionados y embarcaciones bajo señalamiento evidenció una segmentación del flujo exportador. Los reportes destacaron tácticas para reducir exposición, con trayectos planificados sin transmisión de señal en tramos específicos. Ese patrón se alineó con la caracterización de “flota en la sombra” en informes corporativos y oficiales. Las operaciones gubernamentales priorizaron buques con conexiones documentadas a puertos venezolanos, identidades alteradas o antecedentes de comercio hacia destinos bajo sanción.
El énfasis en interdicciones durante diciembre impactó decisiones de zarpe y permanencia en fondeaderos cercanos a terminales venezolanas. Fuentes del sector describieron buques cargados que optaron por esperar en aguas territoriales y adyacentes ante la posibilidad de nuevas acciones. Esa cautela afectó cronogramas de entrega, al tiempo que informes de mercado registraron aumentos de precios del Brent y del West Texas Intermediate superiores al uno por ciento en negociación asiática después del anuncio presidencial.
Aplicación de sanciones y debate político y jurídico en Washington
Estados Unidos atribuyó las operaciones a la aplicación de sanciones y a un esfuerzo por desarticular redes de transporte de crudo fuera de canales autorizados. Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, afirmó que los dos primeros petroleros incautados operaban en el “mercado negro” y suministraban petróleo a países bajo sanciones. Un informe gráfico sobre la incautación del Skipper señaló preparativos durante meses con una lista de posibles objetivos.
El anuncio del “bloqueo” abrió un debate político y jurídico en Washington. La profesora Elena Chachko, especialista en derecho internacional en la Universidad de California en Berkeley, afirmó que el “bloqueo” planteaba un examen de la autoridad presidencial y recordó que el derecho internacional trató los bloqueos como instrumentos de guerra bajo condiciones estrictas. El congresista demócrata Joaquín Castro sostuvo que un bloqueo constituiría “sin duda un acto de guerra” y subrayó que el Congreso no lo autorizó.
En paralelo, el senador republicano Rand Paul calificó las incautaciones de “provocación y preludio de guerra”. El senador demócrata Tim Kaine declaró en televisión que el uso de fuerza militar sin una votación del Congreso contradecía compromisos previos de la administración. Esas posiciones reflejaron tensiones entre ramas del poder y preocupaciones sobre el alcance de medidas ejecutivas cuando afectan navegación en aguas internacionales y comercio de hidrocarburos bajo sanciones.
La discusión política se nutrió de la secuencia de operaciones, los volúmenes señalados y las rutas descritas en informes. Las críticas destacaron riesgos de escalada, mientras portavoces oficiales defendieron la legalidad de incautaciones amparadas en órdenes judiciales y programas sancionatorios vigentes. La articulación entre agencias, incluida la Guardia Costera, Seguridad Nacional, el FBI y el Departamento de Justicia, sustentó un enfoque coordinado con soporte militar en escenarios seleccionados.
Ficha sancionatoria del Bella 1 en registros del Tesoro
El Bella 1 figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Un registro oficial del 10 de junio de 2024 incorporó al Bella 1 como petrolero de crudo con bandera de Panamá dentro del programa SDGT. La ficha indicó señal de llamada 3E3494, identificador IMO 9230880 y MMSI 352002277, y lo vinculó con la entidad Louis Marine Shipholding Enterprises S.A.
Según el buscador oficial de sanciones, la ficha del Bella 1 permaneció actualizada al 19 de diciembre de 2025. Esa actualización consolidó la referencia para autoridades y empresas de gestión de riesgo marítimo durante las operaciones descritas. La presencia del buque en el registro aportó un elemento adicional para decisiones de interdicción y seguimiento, con énfasis en identificación técnica y trazabilidad documental dentro de la arquitectura sancionatoria del Departamento del Tesoro.
La inclusión del Bella 1 en el programa SDGT reforzó el encuadre de las acciones de seguimiento y persecución informadas el 21 de diciembre. La coincidencia entre identificadores técnicos, bandera declarada y vínculos corporativos permitió a las fuentes sostener la hipótesis de bandera falsa y una posible carga en Venezuela. Ese conjunto de elementos integró la base probatoria que invocaron funcionarios al justificar la continuidad de operaciones en aguas internacionales del Caribe.
La referencia cruzada entre datos de seguimiento marítimo, documentos de PDVSA y listados de sanciones configuró un panorama operativo complejo. Las autoridades priorizaron casos con perfiles técnicos claros y antecedentes de transporte hacia Asia o destinos bajo sanción. La secuencia resumió una estrategia de presión sostenida, con incautaciones e interdicciones focalizadas en buques con trazabilidad suficiente, mientras continuaba el debate político y jurídico en torno a la figura del “bloqueo”.