París rechazó la incursión estadounidense en Caracas, invocó la prohibición del uso de la fuerza y defendió autodeterminación de Venezuela ante la captura de Maduro.
París invoca la prohibición del uso de la fuerza y la autodeterminación
Francia condenó la operación militar de Estados Unidos que condujo a la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y sostuvo que vulnera el principio de no recurso a la fuerza que sustenta el derecho internacional. Jean-Noël Barrot, ministro francés de Asuntos Exteriores, difundió su posición en X horas después del anuncio oficial de Washington sobre la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante una incursión nocturna en Caracas.
Barrot enmarcó su rechazo en términos jurídicos y políticos. En su mensaje afirmó que la operación violó el principio que prohíbe el uso de la fuerza y reiteró que ninguna solución política duradera puede imponerse desde fuera. También recalcó que solo los pueblos soberanos deciden su futuro, con una línea de continuidad respecto de su advertencia de noviembre de 2025 sobre acciones militares estadounidenses en el Caribe.
El titular francés ya había expresado en noviembre de 2025 su preocupación por operaciones de Estados Unidos en el entorno caribeño. Afirmó que contravenían el derecho internacional y podían afectar a más de un millón de ciudadanos franceses en territorios de la región. Con esa referencia, París subrayó hoy que la crisis política venezolana requiere un cauce institucional y una salida que surja de decisiones internas sin imposiciones externas.
Tras el anuncio de Washington, Francia articuló su mensaje junto a capitales europeas que reclamaron contención y respeto al derecho internacional. La Unión Europea llamó a la moderación y a la observancia de normas, mientras gobiernos como los de España e Italia destacaron la necesidad de una salida política ajustada a la legalidad. Londres precisó que el Reino Unido no participó en la operación y reiteró el principio de sujeción al derecho internacional.
Claves del pronunciamiento y del contexto inmediato
- Captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores durante una incursión nocturna en Caracas.
- París invocó la prohibición del uso de la fuerza y defendió la autodeterminación.
- Reportes oficiales y mediáticos describieron al menos siete explosiones en la capital.
- El USS Iwo Jima figuró como buque anfibio inicial de traslado hacia jurisdicción estadounidense.
- La acusación penal en Nueva York se originó en marzo de 2020 por cargos de narcoterrorismo.
Cronología y alcance de la incursión nocturna en la capital venezolana
Según Donald Trump, la operación se ejecutó en la madrugada del sábado sobre varios puntos de Caracas y concluyó con el traslado de Maduro y de Cilia Flores a un buque anfibio de la Marina estadounidense con destino a Nueva York. Afirmó que siguió la irrupción en directo y que no hubo bajas entre sus efectivos, aunque reconoció lesiones en algunos integrantes del contingente desplegado para el objetivo principal.
La operación estadounidense se produjo tras semanas de tensiones y acusaciones formales de narcoterrorismo contra Maduro instruidas por una fiscalía de Nueva York desde marzo de 2020. Fuentes oficiales de Estados Unidos informaron que el mandatario venezolano fue aprehendido en instalaciones militares de Caracas durante la madrugada. Luego, las autoridades lo embarcaron hacia jurisdicción norteamericana para su puesta a disposición judicial conforme a la acusación vigente.
La cronología divulgada por medios y autoridades incluyó reportes de al menos siete explosiones en distintos puntos de la capital venezolana. También se comunicó el despliegue de aeronaves a baja altura en torno a las 2:00 de la madrugada, hora local. Esos movimientos describieron un patrón de incursión coordinada con objetivos militares, con énfasis en rapidez operativa y control de rutas críticas de transporte dentro del área metropolitana.
De acuerdo con informes difundidos por Estados Unidos, el traslado inicial se realizó en un buque de asalto anfibio identificado como USS Iwo Jima, antes de la conducción a territorio continental para el procesamiento penal. Mandos estadounidenses describieron la irrupción como un despliegue de unidades de operaciones especiales. La Casa Blanca y el Departamento de Justicia señalaron como propósito inmediato la comparecencia de Maduro y de Cilia Flores ante tribunales federales.
Reacciones europeas con llamados a moderación y respeto al derecho
Tras el anuncio, el Gobierno de Francia fijó su postura junto a otras capitales europeas que reclamaron contención y observancia de normas internacionales. La Unión Europea llamó a la moderación y a la sujeción a la legalidad vigente. España e Italia subrayaron la necesidad de una salida política que encuadre en el derecho internacional, sin validar imposiciones externas ni acciones que vulneren principios básicos del orden jurídico global.
El Reino Unido precisó que no tuvo participación en la operación y reiteró el principio de sujeción al derecho internacional. Ese matiz mostró el esfuerzo por marcar distancia respecto de la ejecución concreta y, al mismo tiempo, preservar una línea de respeto por las obligaciones internacionales. En paralelo, aliados de Washington destacaron la importancia de cumplir las normas, aunque evitaron pronunciarse sobre la legalidad de la captura.
La secuencia europea incluyó contactos diplomáticos para evaluar la situación en Caracas y sus posibles derivaciones. La Unión Europea y gobiernos europeos reportaron intercambios para establecer criterios comunes de respuesta. Esos intercambios privilegiaron la protección de la población civil y la preservación de la estabilidad regional, con atención a posibles impactos sobre ciudadanos europeos y a escenarios de escalada que pudieran afectar intereses consulares y comerciales.
En el terreno práctico, varias sedes diplomáticas europeas activaron medidas de seguridad y revisaron disposiciones internas frente a un contexto incierto. Los servicios consulares evaluaron protocolos de protección, difundieron advertencias de viaje y recomendaron evitar desplazamientos no esenciales. Esa fase operativa acompañó los llamados a la moderación y reforzó la premisa de que la crisis demanda gestión política y respeto estricto de la Carta de las Naciones Unidas.
Aliados del régimen de Maduro rechaza la incursión y defiende soberanía venezolana
Brasil calificó la intervención como cruce de una línea inaceptable y la describió como un grave atentado contra la soberanía de Venezuela. Anunció gestiones ante Naciones Unidas y activó mecanismos internos de seguimiento en la frontera común. También ofreció su disposición para facilitar canales de diálogo frente a un escenario que, desde su perspectiva, amenaza con instaurar precedentes contrarios al orden jurídico internacional y con ampliar la inestabilidad regional.
Chile, México y Colombia expresaron objeciones con referencias al derecho internacional y a la estabilidad regional. Colombia impulsó la convocatoria de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Esas posiciones convergieron en la exigencia de contención y en el llamado a soluciones políticas sin imposiciones. En contraste, Argentina respaldó la captura, lo que evidenció un mapa regional con alineamientos dispares frente a la operación estadounidense.
Las reacciones latinoamericanas colocaron en primer plano la observancia de la Carta de la ONU, la protección de la población civil y la preservación de la soberanía. Ese enfoque se articuló con advertencias sobre la posibilidad de nuevos episodios de tensión que afecten el comercio, la movilidad y la seguridad fronteriza. A la vez, crecieron las consultas diplomáticas para coordinar posiciones y evaluar escenarios de mediación con aval de organismos multilaterales.
En ese marco, varios gobiernos ajustaron sus mensajes para remarcar la necesidad de una salida institucional en Venezuela. El énfasis regional se centró en un proceso político con legitimidad interna y validación internacional, sin acciones que violen normas esenciales. La narrativa se alineó con el planteo francés: no existe una solución duradera que surja desde fuera. La región pidió mecanismos multilaterales y garantías de respeto a los principios básicos del derecho internacional.
Medidas de seguridad y efectos en Caracas tras la operación nocturna
En Caracas, el Ejecutivo venezolano calificó los hechos como agresión extranjera y denunció violaciones de la Carta de las Naciones Unidas. El ministerio de Defensa instó a la población a organizarse. Se observaron cortes viales con vehículos blindados en los accesos al Palacio de Miraflores. Imágenes verificadas mostraron daños en instalaciones militares y en áreas portuarias, mientras continuaron medidas de seguridad en distintos puntos de la ciudad con refuerzos visibles.
La prensa registró escenas de vehículos destruidos en la base aérea de La Carlota y movimientos de seguridad en torno a sedes gubernamentales. Los accesos a Miraflores se reforzaron con blindados de la Guardia Nacional, según reportes coincidentes. Se informaron cortes intermitentes de comunicaciones en áreas específicas. En el exterior, aerolíneas y autoridades aeronáuticas evaluaron restricciones temporales en el espacio aéreo venezolano por razones de seguridad y para reducir riesgos operativos.
El desarrollo de los acontecimientos incluyó la activación de medidas de seguridad en embajadas y consulados de varios países. Esas dependencias difundieron advertencias de viaje para sus nacionales y recomendaron evitar desplazamientos no esenciales. La Unión Europea y gobiernos europeos mantuvieron contactos para evaluar la situación en Caracas y sus derivaciones. El seguimiento con criterios comunes apuntó a preservar la estabilidad y a sostener la protección de ciudadanos en territorio venezolano.
Fuentes estadounidenses informaron que el contingente que ejecutó la captura no sufrió bajas mortales. Sin embargo, hubo heridos por el impacto contra un helicóptero participante en la incursión. Ese balance se difundió junto con la descripción de un despliegue de unidades de operaciones especiales. Los informes remarcaron que la prioridad inmediata consistió en garantizar la puesta a disposición judicial de Nicolás Maduro y de Cilia Flores ante tribunales federales.
Debate en Estados Unidos y respuestas sociales y expertas sobre legalidad
En Norteamérica y Europa se registraron reacciones políticas adicionales. En Estados Unidos, legisladores solicitaron información sobre la ausencia de autorización del Congreso para la operación. A la vez, aliados de Washington señalaron el cumplimiento de normas internacionales, aunque evitaron pronunciamientos sobre la legalidad de la captura. En ese contexto, el debate político se centró en el alcance de las atribuciones del Poder Ejecutivo y en los estándares aplicables cuando se invoca el cumplimiento de órdenes judiciales o la protección de intereses estratégicos.
En Florida, comunidades venezolanas celebraron públicamente el anuncio de la detención. En contraste, organizaciones internacionales y especialistas en derecho internacional insistieron en el carácter vinculante de la prohibición del uso de la fuerza. Asimismo, señalaron la necesidad de encauzar cualquier proceso mediante vías judiciales y diplomáticas. Ese enfoque remitió a precedentes y recalcó que los principios de la Carta de las Naciones Unidas constituyen normas no derogables del orden jurídico internacional.
La posición francesa se estructuró en dos elementos: la invocación del principio de prohibición del uso de la fuerza y la reafirmación de la autodeterminación de los pueblos como marco para cualquier salida política. Sobre esa base, París sostuvo que la captura de Nicolás Maduro, ejecutada a partir de una acción militar extranjera, vulnera el marco jurídico que Francia considera necesario para la paz y la seguridad internacionales, y reiteró su preferencia por una salida política.
A partir de ese criterio, Francia expresó su distancia respecto de la operación estadounidense y reiteró el planteamiento formulado en 2025 ante operaciones extraterritoriales en el Caribe. El Gobierno francés afirmó que la crisis venezolana exige definiciones por medios políticos y mediante decisiones adoptadas por los propios venezolanos. En paralelo, la coordinación con socios europeos se basó en llamados a la moderación y en la exigencia de respeto estricto de los compromisos internacionales vigentes.