Mientras se tensa cada vez más la cuerda entre el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente interino, Juan Guaidó, apenas unas horas después de que el asunto se tratara en la ONU sin que se consiguiese aprobar ninguna resolución, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, era recibida en Moscú por el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Ella aprovechó el momento para anunciar que “Maduro ha dado instrucciones para que la oficina de Petróleos de Venezuela -Pdvsa- que se encuentra en Lisboa sea trasladada a Moscú”. «Europa no da garantías de respeto a nuestros activos», dijo Rodríguez, durante la rueda de prensa.
La vicepresidenta aseguró que los países capitalistas están violando sus propias leyes al congelar los bienes de Venezuela en bancos occidentales y tachó de un “robo a mano armada” lo que se está haciendo en la actualidad con los recursos financieros de Venezuela.
“Haremos todo lo posible para contrarrestar los intentos de injerencia en los asuntos internos de Venezuela”, declaró Lavrov al comienzo de las conversaciones con Rodríguez. “Ante esta situación, debo subrayar que el presidente Vladimir Putin ha querido trasmitir sus palabras de apoyo y solidaridad hacia su colega y amigo, el presidente Nicolás Maduro”, añadió el titular ruso de Asuntos Exteriores.
Eso sí, dejó claro que, por ahora, tal “solidaridad” se circunscribirá al ámbito humanitario y económico al señalar que “Rusia continuará ayudando a las autoridades de Venezuela a resolver las dificultades económicas y sociales, incluso mediante la concesión de ayuda humanitaria legítima”. Según sus palabras, Moscú podría satisfacer en breve la petición de Caracas de hacer un segundo envío de preparados farmacéuticos, tras hacer un estudio en profundidad de las necesidades, y recordó que en el envío anterior iban “7.5 toneladas de medicamentos”. Lavrov habló también de “envíos masivos de trigo”.
Pero, a juzgar por lo que admitió Rodríguez durante la rueda de prensa, su encuentro con el jefe de la diplomacia rusa estuvo dedicado fundamentalmente a hablar de una posible intervención militar de Estados Unidos. Sobre esta cuestión, señaló la vicepresidenta venezolana, “tuvimos un intercambio de información relevante”. Su interlocutor ruso reconoció que “no se puede descartar” tal intervención de fuerzas norteamericanas.
Según Lavrov, “Estados Unidos planea en breve adquirir armas ligeras, morteros, misiles tierra-aire portátiles y otros tipos de armamento para enviarlos a países vecinos de Venezuela”. Añadió a este respecto que “el transporte de estas armas lo hará una compañía aérea de uno de los regímenes más obedientes, mejor dicho, absolutamente el más sumiso a Washington dentro del espacio postsoviético”, en alusión a las autoridades ucranianas.
Presión económica
Mientras tanto, Estados Unidos continúa la presión diplomática y económica contra el círculo íntimo de aliados de Maduro. Elliott Abrams, el enviado especial sobre Venezuela, advirtió el jueves en la puerta del Consejo de Seguridad de la ONU que las sanciones contra altos cargos de la dictadura seguirían anunciándose “esta semana y la que viene”. Ayer, solo un día más tarde, el Departamento del Tesoro informaba de una nueva ronda de sanciones, esta vez centrada en miembros de la cúpula militar y policial de Maduro. Estados Unidos justifica las sanciones en el papel de las fuerzas de seguridad en el bloqueo de la entrada de ayuda humanitaria y en la violencia sucedida el pasado fin de semana. Además de impedir la entrada de la ayuda, se registraron al menos cuatro muertos y centenares de heridos.
El afectado Richard Jesús López Vargas, comandante en jefe de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), es uno de los principales líderes militares del país y un aliado clave para el mantenimiento del control de Maduro sobre las fuerzas armadas.
Las sanciones también afectan a dos generales responsables de dos demarcaciones militares que hacen frontera con Colombia y Brasil: José Leonardo Corono Torres, responsable de Táchira; y Alberto Mirtiliano Bermúdez Valderrey, responsable de Bolívar, en la zona de frontera con Brasil donde se produjeron las víctimas mortales. Otro general sancionado es Jesús María Mantilla Oliveros, comandante de la Región Estratégia de Defensa Integral Guayana, a quien Maduro instruyó para que reforzara las medidas de seguridad en la frontera con Brasil.
La lista incluye a José Miguel Domínguez Ramírez, jefe en Táchira de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), y Christian Abelardo Morales Zambrano, director de la Policía Nacional Bolivarina y a quien se responsabiliza de la fuga de presos en 2018 cuando era director de este cuerpo policial en Táchira. Todas las propiedades e intereses económicos de estas seis personas en Estados Unidos serán congelados, además de la prohibición de que nadie realice operaciones con los bienes bloqueados.
Por su parte el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, visitó ayer Paraguay donde se reunió con el presidente Mario Abdo Benitez quien aseguró quien deseó que “el paso de Guaidó por Paraguay le llene de esa bravura guaraní, del heroísmo de los buenos hijos de Paraguay”.
