En Perú, solo entre el 2019 y el 2025, la violencia criminal vinculada a la minería ilegal, narcotráfico, tala ilegal de madera, tráfico de tierras, etc… asesinó a 26 dirigentes indígenas. ¿Qué acciones efectivas de resguardo sostenible han desplegado los distintos gobiernos en las últimas dos décadas para proteger a los nativos peruanos?
El registro también indica que entre 2002 y 2025 han sido asesinados 115 defensores amazónicos y ambientales (PNP – Global Witness). La impunidad ante estos crímenes es alta y las medidas estatales de protección han sido calificadas de insuficientes por las propias comunidades y distintas organizaciones en monitoreo constante sobre esta problemática.
Si bien las fuerzas de seguridad actúan en los territorios amazónicos, su labor es sobrepasada por el rápido avance de las actividades económicas ilícitas y los actos de violencia que desatan contra la población.
La inseguridad, por cierto, no solo se da por elementos internos, también va siendo infiltrada e impulsada por actores externos en varios puntos fronterizos del país. En Ucayali, por ejemplo, los grupos criminales Comando Vermelho y su rival Primer Comando Capital PCC, cruzan desde Brasil ampliando sus acciones delictivas. Como hemos anotado aquí desde hace varios años, esta realidad no es nueva. Hace tiempo que agencias e investigadores internacionales serios vienen advirtiendo sobre ello.
En mayo último también se dio un primer enfrentamiento entre miembros de la Marina de Guerra del Perú y una de las “disidencias” de las FARC colombianas en el Putumayo en Loreto, las cuales pugnan —sin importar fronteras— por dominar las redes de explotación del oro y del narcotráfico. La situación se agrava si las narcoguerrillas —incluyendo al ELN que prosperan bajo el gobierno de Petro en Colombia— forjan relaciones profundas con delincuentes o clanes peruanos condicionando la seguridad nacional.
Si los grupos armados y los criminales organizados transnacionales no temen chocar contra las fuerzas de seguridad oficiales, tendrán cada vez menos escrúpulos para dañar a más civiles. Es crucial por ello que los sectores políticos advertidos —y la prensa— desde la capital eleven fuertemente la voz y logren la ejecución de soluciones permanentes en el terreno. El asunto va por ampliar y consolidar los puntos de vigilancia, inteligencia y las intervenciones territoriales, lo que garantiza así la tranquilidad de las comunidades y la seguridad nacional en general. La inteligencia debe incrementarse junto a intervenciones cinéticas constantes.
Hay que resaltar que ya no estamos hablando de riesgos o amenazas a futuro, sino de males en ejecución y crecientes que involucran los nexos entre la alta criminalidad y el terrorismo transnacionales. El problema además de Perú y Colombia, también involucra a Ecuador y Brasil en esta parte del continente.