A lo largo de la última semana, Gustavo Petro asumió como real la posibilidad de una acción militar directa de Estados Unidos contra su gobierno. En su entorno llegó a plantearse el escenario de un comando armado descendiendo sobre el techo de la Casa de Nariño para irrumpir en su despacho presidencial. A diferencia de otros mandatarios de la región, no cuenta con un búnker ni con un sistema de protección subterráneo. La referencia inmediata fue Nicolás Maduro, quien días antes había intentado huir antes de ser capturado y trasladado en helicóptero a territorio estadounidense.
El presidente colombiano interpretó como amenazas explícitas las reiteradas insinuaciones de Donald Trump sobre un eventual destino similar. Desde Washington, el mandatario estadounidense lo había señalado públicamente con acusaciones personales graves, lo incluyó en la llamada Lista Clinton y le revocó el visado. En Bogotá, ese contexto fue leído como algo más que retórica política. Petro dio por hecho que existía una operación en preparación, aunque sin conocer su alcance ni su modalidad concreta.
Ante ese escenario, el presidente apeló a lo que denomina defensa popular. Sostuvo que su única protección real era el respaldo de la ciudadanía y recurrió a símbolos históricos como la espada de Simón Bolívar, custodiada en el Palacio de Nariño. En paralelo, reconoció una vulnerabilidad estructural: Colombia carece de defensa antiaérea porque su doctrina militar ha estado históricamente orientada a un conflicto interno, no a la disuasión frente a una potencia extranjera. Las guerrillas no disponen de cazas de combate y el Estado nunca desarrolló capacidades antiaéreas avanzadas.
El clima de tensión comenzó a modificarse tras una conversación telefónica directa entre Petro y Trump. El diálogo se extendió durante una hora y concluyó con expresiones de satisfacción mutua y un cierre cordial. A partir de ese intercambio, el presidente colombiano consideró que la amenaza había quedado, al menos, congelada, aunque sin descartarla por completo. Según su versión, Trump le transmitió que se estaban evaluando acciones hostiles en Colombia y que existía una planificación en curso, lo que reforzó su percepción de riesgo inminente.
Petro sostiene que la llamada permitió corregir una visión distorsionada que Trump había construido a partir de información suministrada por sectores de la oposición colombiana radicados en Florida, a los que acusa de mentir sobre la política antidrogas de su gobierno. En ese marco, menciona directamente al expresidente Álvaro Uribe y sugiere que ciertas declaraciones públicas han contribuido a legitimar un clima de hostilidad externa contra la actual administración.
Tras el contacto con la Casa Blanca, el discurso antiimperialista del presidente perdió intensidad. Incluso comenzó a subrayar coincidencias parciales con Trump, especialmente en materia de narcotráfico, y a marcar similitudes de carácter personal. Afirma que ambos actúan con base en lo que piensan y que el mandatario estadounidense es pragmático, aunque menos inclinado a la retórica que él. A su juicio, las diferencias ideológicas siguen siendo profundas, pero no insalvables en temas concretos.
El interés de Petro por evitar una escalada con Washington coincide con el tramo final de su mandato, al que le restan ocho meses. En el plano interno, su gobierno enfrenta un desgaste creciente. Dos exministros se encuentran encarcelados por casos de corrupción, la violencia persiste pese a las iniciativas de paz y, en diciembre, el Ejecutivo decretó una emergencia económica para cubrir un déficit de 16,3 billones de pesos en el presupuesto de 2026. Todo ello configura un escenario de fragilidad política y económica en la antesala del ciclo electoral.
En el plano regional, Petro ha mantenido contactos con Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia de Venezuela en ausencia de Maduro. La describe como una dirigente sometida a fuertes presiones internas y externas, acusada de traición por distintos sectores. Según el presidente colombiano, una sociedad venezolana fragmentada facilita procesos de colonización externa, mientras que una salida política consensuada requiere cohesión interna y la participación de todas las fuerzas existentes, incluidas aquellas enfrentadas entre sí.
Desde su perspectiva, la transición en Venezuela no puede imponerse desde el exterior. Aunque reconoce que su planteamiento sobre elecciones libres y un gobierno compartido no dista demasiado de la posición oficial de Estados Unidos, advierte que el uso del derecho estadounidense para justificar intervenciones por narcotráfico choca con el derecho internacional. A su juicio, la generalización de ese criterio podría escalar a un conflicto global, en un contexto marcado por la competencia estratégica con China y las tensiones en el mercado energético.
Petro recuerda que propuso un modelo de transición inspirado en el Frente Nacional colombiano y un plebiscito que no prosperó. Posteriormente actuó como mediador junto con México y Noruega, sin resultados, tras el rechazo de Maduro y la continuidad del bloqueo. Desde entonces, sostiene que cualquier intento de mediación quedó anulado con el regreso de Trump al poder, cuya administración optó por actuar de forma unilateral.
En cuanto a su futuro político. Rechaza la idea de un retiro pasivo y afirma que, una vez concluido su mandato, se dedicará a leer y escribir. Frente a quienes hablan de un ocaso político, responde con una lectura opuesta: las movilizaciones recientes, organizadas en plazos breves, son para él una prueba de fortaleza y de que conserva un respaldo social significativo.