Seis activistas de Palestina Action son juzgados por irrumpir en el centro Horizon de Elbit Systems UK, hecho ocurrido el 6 de agosto de 2024.
Juicio en Woolwich por la irrupción en Filton y los cargos imputados
Seis activistas vinculados a la red de acción directa Palestina Action afrontan desde el 17 de noviembre de 2025 un juicio con jurado en el Tribunal de la Corona de Woolwich, en Londres, acusados por la irrupción del 6 de agosto de 2024 en el complejo “Horizon” de Elbit Systems UK en Filton, Bristol. La valoración provisional de los daños asciende a alrededor de un millón de libras.
La causa reúne cargos de allanamiento violento, desorden violento y daño criminal; la policía informó de un agente hospitalizado por un golpe de maza y fuentes fiscales han atribuido a los hechos una posible “conexión terrorista” a efectos de agravación de pena. El proceso se inscribe en un expediente más amplio derivado de ese mismo incidente, conocido como “Filton 24”, que comprende a dos decenas largas de detenidos vinculados a la misma operación policial.
Según el sumario, la madrugada del 6 de agosto de 2024, en torno a las 3:30–4:00, un furgón penitenciario modificado embistió el vallado perimetral y las puertas del edificio principal del centro de Elbit Systems UK en el área de Filton. Varios individuos descendieron del vehículo y, ya en el interior de las instalaciones, utilizaron mazas para destrozar maquinaria y equipos; en el exterior, otros activistas encendieron bengalas y arrojaron pintura roja.
La policía detuvo a seis personas en el lugar y practicó registros y arrestos posteriores en distintas localidades del país durante las semanas siguientes. Un agente de Avon and Somerset Police y al menos un vigilante de seguridad resultaron heridos durante la intervención. El tribunal recibió también la estimación de daños de la empresa y la afirmación fiscal de que la conducta podría considerarse agravada por “conexión terrorista”.
Hechos clave del caso Filton 24 y de los cargos imputados
- El juicio con jurado comenzó el 17 de noviembre de 2025 en el Tribunal de la Corona de Woolwich.
- Cargos: allanamiento violento, desorden violento y daño criminal; posible “conexión terrorista”.
- Daños provisionales en torno a un millón de libras; expediente “Filton 24” con 24 imputados.
- Entre los nombres difundidos: Zoe Rogers, Fatema Zainab Rajwani, Jordan Devlin, Samuel Corner, Charlotte Head y “Ellie”.
- En diligencias iniciales de agosto de 2024, magistrados de Westminster oyeron nombres de siete sospechosos; la primera tanda al jurado se centra en seis detenidos in situ.
Contexto, protestas anteriores y operaciones policiales relacionadas
En mayo de 2021, activistas ocuparon durante seis días la azotea de la planta de UAV Tactical Systems (U-TacS) en Leicester; la policía practicó detenciones por conspiración para causar daño y allanamiento agravado. En enero de 2022, Elbit vendió a TT Electronics el negocio de potencia y control de su filial Ferranti en Oldham, operación confirmada por la propia compradora y por comunicaciones corporativas de Elbit Systems UK.
En paralelo, instalaciones como UAV Engines Ltd, en Shenstone (Staffordshire), o centros de Elbit en Londres y Glasgow han registrado bloqueos, ocupaciones y daños en sucesivos operativos reivindicados por ese colectivo. En el ámbito local, la prensa de Bristol y medios nacionales documentaron concentraciones frente al complejo de Filton y, más tarde, nuevas acciones frente a sedes relacionadas con Elbit en el área metropolitana, junto con operativos policiales que derivaron en detenciones.
En junio de 2025, cinco personas quedaron imputadas tras la intrusión en la base aérea de Brize Norton, donde resultaron dañados dos aviones Voyager de la RAF; ese hecho desencadenó decisiones gubernamentales de mayor alcance. En julio de 2023, Elbit inauguró el centro “Horizon” en Bristol como polo de investigación, desarrollo y fabricación de soluciones de alta tecnología para programas en el Reino Unido.
El registro mercantil confirma a Elbit Systems UK Limited como sociedad activa y detalla a UAV Engines Limited, con domicilio en Shenstone, e Instro Precision Limited, con sede en Sandwich (Kent), como filiales que integran parte de su cadena de valor en el país. La irrupción de Filton se produjo después de varios años de protestas contra activos de Elbit en el Reino Unido.
Presencia de Elbit Systems UK y contratos con el Ministerio de Defensa
Elbit Systems UK mantiene presencia legal y operativa en territorio británico a través de varias sociedades inscritas y centros industriales. Elbit Systems UK describe el centro “Horizon”, escenario de los hechos juzgados esta semana, como un polo de investigación, desarrollo y fabricación para soluciones tecnológicas destinadas a programas británicos; la empresa anunció su apertura en julio de 2023 tras una inversión plurianual.
En enero de 2021, el Ministerio adjudicó a Elbit Systems UK el programa Dismounted Joint Fires Integrator (D-JFI), con un valor contractual de 100,87 millones de libras y vigencia hasta marzo de 2026. En mayo de 2023, la empresa anunció un contrato para suministrar, mantener y operar el sistema de Entrenamiento Sintético de Maniobra Terrestre (GMST) para los vehículos Boxer y los carros Challenger 3, dentro del proyecto Vulcan del Ejército.
Además, U-TacS, empresa conjunta de Elbit con Thales en Leicester, fabrica sistemas aéreos no tripulados asociados al programa Watchkeeper del Ejército británico. Los depósitos oficiales entregados al Parlamento británico en diciembre de 2022 recogen, además, al menos dos contratos directos abiertos con Elbit Systems UK, uno de ellos el D-JFI; el otro quedó reservado por motivos de seguridad nacional. La cooperación industrial entre el ministerio de Defensa y Elbit Systems UK consta en documentación pública.
Los seis procesados aparecen vinculados a Palestina Action, un grupo formado en el Reino Unido en 2020 que reivindica acciones directas contra instalaciones consideradas por el colectivo como parte de la cadena de suministro de Defensa, israelí. Tras los arrestos del 6 de agosto, la policía practicó redadas en días y meses posteriores que elevaron el total de imputados del mismo episodio a 24 personas.
Marco penal, proscripción de Palestina Action y reacciones públicas
Las acciones de protesta en instalaciones de la industria de defensa se juzgan en el marco penal común y en legislación específica de orden público. El daño criminal se tipifica en la Ley de Daño Criminal de 1971 y admite penas de hasta diez años de prisión cuando el valor supera los 5.000 £ o concurre peligro para la vida.
La figura de allanamiento agravado prevista en la Ley de Justicia Penal y Orden Público de 1994 se aplica con frecuencia a protestas que interfieren en actividades lícitas en un lugar, mientras que la Ley de Orden Público de 2023 incorporó los delitos de “encadenamiento” y de interferencia en infraestructuras clave. La plataforma policial ProtectUK informó de la entrada en vigor de la proscripción a las 00:01 del 5 de julio.
El Ministerio del Interior británico modificó en julio de 2025 el listado de organizaciones proscritas al amparo de la Ley de Terrorismo de 2000 para incluir a Palestina Action. La orden de proscripción, impulsada por la ministra del Interior y aprobada por amplia mayoría en la Cámara de los Comunes, convirtió en delito la pertenencia al grupo o el apoyo expreso a sus actividades, con penas de hasta catorce años.
Reuters y otros medios han documentado centenares de arrestos por presunta expresión de apoyo a una organización proscrita desde entonces, incluidos dispositivos durante actos públicos en Londres y en el entorno del congreso laborista. La Guía del Consejo de Sentencias contempla la posibilidad de apreciar “conexión terrorista” en cualquier delito grave a efectos de agravación, sin que ello suponga reclasificar la infracción original como terrorismo.
Pronunciamientos de derechos humanos y respuesta cívica organizada
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió de un posible uso indebido de la legislación antiterrorista en este caso y expresó su preocupación por las implicaciones para las libertades de expresión, reunión y asociación. Amnesty International UK dirigió una carta abierta a los miembros del Parlamento y a la Cámara de los Lores pidiendo reconsiderar la medida.
El 21 de julio, Reuters informó de la presentación por parte de una cofundadora del grupo de un recurso ante el Tribunal Superior para impugnar la proscripción. En el plano sindical y asociativo, varias centrales y secciones sectoriales se han posicionado sobre el clima general de protestas y la respuesta policial y gubernamental.
La Junta de Diputados de los Judíos Británicos publicó una nota en la que calificó de proporcionada la ilegalización y la vinculó a la seguridad pública tras acciones atribuidas a ese colectivo. Un grupo de dirigentes sindicales expresó por carta su preocupación por la erosión del derecho de protesta a raíz de arrestos y restricciones; entidades como la IWGB fijaron postura contra la proscripción de Palestina Action por su impacto sobre la libertad de expresión.
Las organizaciones comunitarias judías británicas manifestaron apoyo a la proscripción. The Jewish Chronicle recogió declaraciones de entidades comunitarias y de la organización de seguridad CST en el mismo sentido. Colectivos cívicos como Defend Our Juries convocaron concentraciones y actos de desobediencia civil vinculados a la situación de los encausados.