Un tribunal de apelación de París resolverá hoy, lunes 10 de noviembre, si concede la libertad bajo control judicial al expresidente francés Nicolas Sarkozy. La decisión llega menos de tres semanas después de su ingreso en la prisión de La Santé para cumplir una condena de cinco años por asociación delictiva vinculada al presunto financiamiento libio de su campaña presidencial de 2007. La defensa recurrió el fallo de primera instancia del 25 de septiembre y pidió la excarcelación a la espera del nuevo juicio. La Fiscalía respaldó la salida con supervisión. El tribunal anunció que prevé pronunciarse a lo largo de la tarde.
Sarkozy, de 70 años, comenzó a cumplir la pena el 21 de octubre en la cárcel parisina y compareció hoy por videoconferencia ante la sala que examina su solicitud. Su equipo afirmó que no existe riesgo de fuga ni de reiteración delictiva y recordó que el exmandatario se presentó siempre ante la justicia. La Fiscalía consideró viable su liberación con medidas como vigilancia electrónica u obligación de presentarse periódicamente, instrumentos previstos por la normativa francesa durante la tramitación de los recursos.
El marco legal permite a los jueces otorgar la libertad a un condenado mientras se sustancia la apelación si no concurren riesgos específicos, como obstrucción a la justicia o reiteración delictiva. La jurisprudencia y la práctica habitual refuerzan ese criterio. Por esa razón, la vista de hoy se limitó a determinar si procede aplicar ese régimen al exmandatario, sin reabrir el fondo del caso ni discutir la culpabilidad declarada en primera instancia.
El expediente que lo llevó a prisión se basa en la presunta inyección de fondos del régimen de Muamar el Gadafi en la campaña de 2007. Tras un proceso que avanzó entre 2024 y 2025, la sala correccional de París dictó el 25 de septiembre una condena a cinco años de cárcel por asociación delictiva ligada a la financiación ilegal y ordenó la ejecución inmediata. La defensa presentó recurso y, en paralelo, solicitó la salida bajo control judicial. Durante el juicio, la acusación reclamó siete años de prisión y una multa de 300.000 euros por los presuntos acuerdos con Trípoli.
El tribunal celebró hoy por la mañana la audiencia y escuchó los argumentos de ambas partes. Medios presentes indicaron que los magistrados podrían comunicar la decisión el mismo día. Ese escenario haría posible que Sarkozy abandonara el centro penitenciario si los jueces aceptan su salida con condiciones. La normativa procesal admite un desenlace inmediato siempre que el dispositivo de control quede fijado y resulte ejecutable desde la notificación del auto.
El expresidente describió ante los magistrados el régimen de reclusión que afronta en La Santé y afirmó que su estancia resulta muy dura, en parte por el aislamiento impuesto por razones de seguridad. Ese relato se incorporó a la estrategia de defensa para sostener que la privación de libertad carece de justificación mientras dura el recurso. Varias crónicas consignaron la presencia de su esposa, Carla Bruni, en el palacio de justicia y confirmaron que Sarkozy intervino por videoconferencia.
El contexto judicial de Sarkozy incluye otros frentes. La Corte de Casación programó para el 26 de noviembre la decisión definitiva sobre la condena por la financiación irregular de la campaña de reelección de 2012, un procedimiento distinto al caso libio. Esa causa ya generó una sentencia condenatoria confirmada por tribunales inferiores y ahora espera el pronunciamiento final del alto tribunal, que puede ratificar, modificar o anular.
Otro expediente concluyó con la condena de 2021 por corrupción y tráfico de influencias, confirmada por la corte de apelación en 2023 y avalada por la Corte de Casación en diciembre de 2024. Esa resolución implicó un año de cumplimiento bajo vigilancia electrónica. El expresidente mantuvo su inocencia en todas las causas y anunció que utilizaría las vías de recurso disponibles en el plano interno y, si fuera necesario, ante instancias europeas.
La vista de hoy no abordó la verificación de los elementos probatorios del caso libio ni reabrió las audiencias sobre hechos. La cuestión se centró en la proporcionalidad de mantener a un condenado en prisión mientras la segunda instancia avanza, con atención a los criterios de riesgo procesal y a la posibilidad de sustituir la reclusión por mecanismos de supervisión a distancia. Las partes apoyaron sus posiciones en el Código de Procedimiento Penal, que permite medidas de control en lugar de encierro cuando la custodia no resulta necesaria para asegurar los fines del proceso.
Durante 2025, el caso sobre la financiación libia pasó por varias fases. Los fiscales solicitaron en marzo siete años de cárcel y sostuvieron que flujos financieros de origen extranjero afectaron la integridad del proceso electoral francés de 2007. La defensa negó los hechos y cuestionó la fiabilidad de testigos y documentos, con referencia a materiales señalados como problemáticos por otras instancias en el pasado. El tribunal que dictó sentencia en septiembre evaluó ese conjunto probatorio, declaró probada la asociación delictiva y ordenó el encarcelamiento inmediato, que se materializó el 21 de octubre en París.
El procedimiento que hoy se examina tiene naturaleza accesoria respecto de la apelación principal, aunque mantiene efectos prácticos de impacto inmediato sobre la situación del penado. Si los magistrados aceptan la petición, Sarkozy saldrá de prisión con las obligaciones que el tribunal determine y con la advertencia de que cualquier incumplimiento puede motivar la revocación de la medida. Si la sala rechaza la solicitud, la defensa conserva la opción de presentar nuevas peticiones dentro de los plazos legales. En ambos escenarios, la apelación contra la condena de septiembre seguirá su curso ante la jurisdicción competente.
La sesión de esta mañana se desarrolló en la Corte de Apelación de París con un formato que incluyó la intervención del representante de la Fiscalía, quien propuso la excarcelación con control judicial. Tanto las autoridades judiciales como la representación de Sarkozy coincidieron en que el debate no versaba sobre la culpabilidad, sino sobre el modo de ejecución de la pena mientras se tramita la impugnación. La práctica en casos análogos sugiere que el fallo puede comunicarse el mismo día de la audiencia tras la deliberación del tribunal.
El seguimiento informativo de la jornada reunió reportes desde el edificio judicial y desde las inmediaciones de La Santé. Crónicas de agencias y medios confirmaron la llegada de los abogados de Sarkozy al tribunal, la presencia de familiares y el uso de videoconferencia para la comparecencia del interesado. Esos reportes recordaron que el legislador francés impone condiciones estrictas para mantener a un condenado en detención durante la sustanciación del recurso. Ese marco legal refuerza la tesis de que la salida bajo control judicial resulta jurídicamente posible si no existen riesgos procesales acreditados.
Los antecedentes penales firmes del exmandatario, en particular la condena de 2021 por corrupción y tráfico de influencias confirmada por la Corte de Casación en 2024, siguieron su curso en paralelo a las causas que todavía no alcanzan firmeza. La ejecución de ese fallo mediante brazalete electrónico aportó un precedente reciente de cumplimiento extramuros que hoy forma parte del debate técnico sobre el alcance de las medidas de control. Los archivos de ese proceso muestran que los jueces franceses aceptan la vigilancia electrónica como modalidad legítima de ejecución de penas cortas cuando concurren condiciones personales que la hacen viable.
La decisión que la sala anunciará hoy incidirá de forma directa en el lugar donde Sarkozy permanecerá mientras se tramita la apelación, sin alterar el calendario de los demás procedimientos. La Corte de Casación mantiene en agenda el 26 de noviembre para pronunciarse sobre las cuentas de 2012. Las autoridades judiciales prosiguen, además, la investigación por presunta manipulación de testigos relacionada con el caso libio, en la que Sarkozy figura con estatus formal de investigación. Los equipos jurídicos ajustarán sus estrategias en función del auto que emita la Corte de Apelación de París al cierre de la jornada.