La fiscalía solicitó detener al líder iraní Ali Jamenei por su presunta participación en el atentado a la AMIA que dejó 85 muertos en 1994.
Fiscalía argentina responsabiliza a Jamenei por ataque de 1994
En abril de 2025, el fiscal Sebastián Basso presentó ante un tribunal federal una solicitud para emitir una orden de arresto nacional e internacional contra el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. Esta acción responde a su presunta implicación en el atentado terrorista ocurrido en 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires. El ataque causó 85 muertos y más de 300 heridos, convirtiéndose en el más letal en la historia argentina.
La explosión del 18 de julio de 1994 fue provocada por una camioneta con explosivos que destruyó el edificio de la mutual judía en el barrio de Once. Desde un inicio, las autoridades atribuyeron el ataque a Hezbolá, respaldado por Irán. En 2024, la Corte de Casación de Argentina ratificó que el atentado fue dirigido por el gobierno iraní y ejecutado por Hezbolá, calificándolo como un “crimen de lesa humanidad”.
Basso acusó directamente a Jamenei de haber autorizado el atentado durante una reunión del Comité de Operaciones Especiales celebrada el 14 de agosto de 1993 en Mashhad, Irán. Según el fiscal, Jamenei emitió una fatwa o decreto religioso que legitimó el ataque bajo el nombre de “orden ejecutiva 39”. Además, subrayó que el líder iraní controla todas las políticas exteriores y militares del país.
Este pedido judicial representa un giro en el enfoque adoptado por Argentina en relación conl caso. Durante años, las investigaciones estuvieron marcadas por irregularidades, corrupción y falta de pruebas. Basso también argumentó que Jamenei no puede acogerse a inmunidad diplomática, invocando el artículo 27 del Estatuto de Roma, que niega esta prerrogativa frente a crímenes contra la humanidad.
Investigación estuvo marcada por irregularidades y encubrimientos
Desde los primeros años posteriores al ataque, las autoridades enfrentaron acusaciones de negligencia y encubrimiento. En 2003, el juez Juan José Galeano fue destituido tras descubrirse que ofreció dinero a un testigo a cambio de pruebas, situación que desacreditó el proceso judicial. En 2004, la falta de pruebas provocó la absolución de los sospechosos locales, incluidos efectivos de la Policía Bonaerense.
En su presentación judicial, el fiscal Basso cuestionó el argumento de inmunidad que antes impidió acusar a Jamenei. Al recurrir al derecho internacional, afirmó que ninguna figura política está exenta de responsabilidad por crímenes de lesa humanidad. Esta postura contrasta con la de fiscales anteriores que no consideraron viable acusar a un jefe de Estado.
En 2006, Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos presentaron cargos formales contra altos funcionarios iraníes, entre ellos el expresidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani y el canciller Ali Akbar Velayati. Argentina pidió entonces a Interpol emitir alertas rojas contra varios de ellos, aunque la organización limitó estas medidas para figuras con cargos diplomáticos activos.
El gobierno iraní ha rechazado sistemáticamente todas las acusaciones, acusando a Argentina de usar el caso con fines políticos. A pesar de los esfuerzos judiciales y diplomáticos, ningún sospechoso ha sido extraditado ni juzgado en el país hasta la fecha.
Datos clave sobre la causa judicial del atentado a la AMIA
- El ataque a la AMIA dejó 85 muertos y más de 300 heridos.
- La Corte de Casación de Argentina lo calificó en 2024 como crimen de lesa humanidad.
- Hezbolá fue identificado como el autor material del atentado bajo dirección iraní.
- Jamenei habría autorizado el ataque en una reunión en 1993 en Mashhad.
- Argentina pidió alertas rojas de Interpol en 2006 contra funcionarios iraníes.
- La fatwa conocida como “orden ejecutiva 39” fue citada como prueba clave.
- El fiscal Basso asumió la investigación tras la muerte de Alberto Nisman en 2015.
- El memorándum firmado con Irán en 2013 fue declarado nulo por la justicia argentina.
La muerte de Nisman reavivó dudas sobre el encubrimiento oficial
En enero de 2015, Alberto Nisman apareció muerto en su departamento en Buenos Aires, un día antes de exponer ante el Congreso pruebas de un supuesto encubrimiento por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La justicia dictaminó en 2016 que fue un homicidio. Nisman planeaba demostrar que el gobierno había pactado con Irán un intercambio de impunidad por acuerdos comerciales, como petróleo.
Dos años antes de su muerte, en 2013, el gobierno firmó un memorándum de entendimiento con Irán para crear una “comisión de la verdad”. La medida generó un fuerte rechazo en la comunidad judía argentina y nunca se aplicó. En 2021, un tribunal federal anuló el acuerdo y absolvió a Fernández de Kirchner de los cargos de encubrimiento.
El caso AMIA siempre ha tenido un componente político. Las distintas administraciones adoptaron posturas diferentes respecto a Irán. Durante el gobierno de Javier Milei, iniciado en diciembre de 2023, Argentina reforzó sus lazos con Israel y adoptó una línea más dura contra Irán.
En 2019, Argentina declaró a Hezbolá como organización terrorista y congeló sus activos en el país. Esta medida coincidió con el 25 aniversario del atentado y reflejó un giro significativo en la política exterior respecto al caso.
Designaciones y fallos judiciales reactivan el interés en el caso
Las designaciones en 2021 de Ahmad Vahidi como ministro del Interior y Mohsen Rezai como vicepresidente de Irán reactivaron las críticas por la impunidad en el caso AMIA. Ambos han sido acusados por Argentina de participar en la planificación del ataque y figuran en las alertas rojas de Interpol.
Argentina ha solicitado el arresto de Vahidi en reiteradas ocasiones, incluso durante sus visitas a Pakistán y Sri Lanka en 2024, sin resultados concretos. Estas situaciones reflejan los límites de la cooperación internacional en delitos de esta magnitud.
El pedido contra Jamenei tiene un valor simbólico, ya que resulta improbable su extradición. No obstante, Basso instruyó a las fuerzas de seguridad detenerlo si pisa suelo argentino y pidió que se lo cite a declarar ante la justicia.
La presión de la comunidad judía y de organismos internacionales ha sido determinante para reactivar el caso. En julio de 2024, al cumplirse 30 años del atentado, las autoridades argentinas reiteraron su compromiso de buscar justicia. A pesar de ello, persisten las críticas por la falta de pruebas directas contra Jamenei.