Más de la mitad de los miembros del Parlamento iraní remitieron el 2 de diciembre una carta al presidente del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, en la que le acusan de no aplicar de forma adecuada la legislación sobre el uso obligatorio del velo y le advierten de que esa situación ha abierto el camino a la “desnudez”, al incumplimiento del hiyab y a otros “comportamientos anormales”, en un contexto en el que cada vez más mujeres se muestran en público sin cubrirse el cabello décadas después de la Revolución Islámica de 1979.
La misiva está firmada por 155 de los 290 diputados y sostiene que la falta de voluntad para promulgar una ley aprobada por el Parlamento, junto con el incumplimiento de disposiciones del Código Penal Islámico, ha favorecido el aumento de conductas que los legisladores califican como contrarias a las normas de recato vigentes.
En el texto afirman que “el poder judicial no puede permanecer pasivo” ante el incumplimiento del código de vestimenta femenino, mientras los medios oficiales explican que, en el contexto iraní, el término “desnudez” se emplea para referirse a prendas consideradas inapropiadas y no implica necesariamente la ausencia total de ropa.
Desde los primeros años de la República Islámica, la normativa iraní exige que todas las mujeres se cubran por completo el cabello y utilicen ropa holgada y modesta en espacios públicos. Una instrucción religiosa emitida en 2014 por el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, estableció que solo el rostro y las manos pueden quedar visibles, criterio que se ha convertido en referencia para las autoridades religiosas y judiciales.
La infracción del código de vestimenta se castiga en el Código Penal Islámico con multas y penas de encarcelamiento, y en 2023 el Parlamento aprobó un proyecto de ley de “castidad y hiyab” que equipara el rechazo a llevar el velo con la “desnudez” y prevé sanciones más severas, incluidas penas de prisión de hasta una década y medidas contra establecimientos comerciales que toleren la presencia de mujeres sin cubrirse el cabello.
Ese proyecto desembocó en la llamada Ley para la protección de la familia mediante la promoción de la cultura de la castidad y el hiyab, de 74 artículos, cuya entrada en vigor se anunció para el 13 de diciembre de 2024. El texto introduce un sistema escalonado de multas elevadas, vetos para utilizar redes sociales, restricciones de viaje y penas de prisión para las mujeres que no lleven el velo o lo lleven de forma considerada inadecuada, y define la “desnudez”, la “indecencia”, el “descubrimiento del cabello” y el “mal vestir” como conductas sancionables.
Determinados supuestos, cuando se vinculan a la difusión de imágenes o mensajes hacia el exterior, pueden calificarse como “corrupción en la tierra” de acuerdo con el artículo 286 del Código Penal Islámico, lo que abre la vía a la pena de muerte. Días después del anuncio, medios estatales comunicaron que la promulgación de la ley quedaba temporalmente suspendida, y responsables del Ejecutivo señalaron que su aplicación integral no era viable en las condiciones políticas y sociales existentes.
Masoud Pezeshkian, que asumió la presidencia en julio de 2024, ha reiterado en varios discursos que, aunque defiende el principio del hiyab, no considera posible imponerlo por la fuerza ni mediante castigos que generen tensiones sociales. Durante su campaña y ya en el cargo, ha declarado que las cuestiones culturales no deben resolverse con coerción y que el gobierno no tiene derecho a imponer su voluntad sobre “las mujeres y las hijas” del país.
Su administración ha evitado firmar y aplicar de forma plena la nueva ley de hiyab y castidad, pese a las presiones de sectores conservadores y a la capacidad del presidente del Parlamento para emitir la norma directamente si el jefe del Ejecutivo se niega a hacerlo. En la misma línea, la portavoz del gobierno, Fatemeh Mohayyerani, afirmó recientemente que “no se puede imponer el uso del hiyab a las personas”, declaración que ha sido criticada por sectores ultraconservadores.
En paralelo al debate jurídico, la aplicación práctica del código de vestimenta ha cambiado de forma apreciable desde las protestas desencadenadas por la muerte bajo custodia de Jina Mahsa (Mahsa) Amini, de 22 años, detenida en Teherán en septiembre de 2022 por la policía de la moral por presuntamente incumplir el estricto código islámico para las mujeres. Aquellas manifestaciones se extendieron por numerosas ciudades del país y provocaron centenares de muertos y miles de detenciones, según organismos internacionales.
Tres años después, diversos informes describen una aplicación menos visible de la obligación de llevar velo: en grandes urbes, en particular en Teherán, muchas mujeres transitan por la vía pública sin cubrirse el cabello, con el pelo a menudo teñido y vistiendo vaqueros y calzado deportivo, sin presencia constante de patrullas de la policía de la moral.
No obstante, las autoridades han recurrido a mecanismos indirectos de presión, como el cierre temporal de cafés, restaurantes y otros comercios por no exigir el hiyab a sus clientas o por servir alcohol, práctica prohibida en Irán, así como la citación de estudiantes y trabajadores por supuestas infracciones del código de vestimenta.
El propio Mohseni Ejei había ordenado en noviembre a los fiscales que pidieran a los cuerpos de seguridad la identificación de “movimientos organizados y vinculados al extranjero” en el ámbito de las “anomalías sociales”, entre ellas la “desnudez” y el incumplimiento del hiyab, y que remitieran esos casos a los tribunales, lo que reforzó la percepción de una presión renovada desde el Poder Judicial para que se intensifique la vigilancia sobre la vestimenta femenina.
El debate en torno al hiyab sigue dividiendo a los principales actores del sistema político iraní: mientras diputados conservadores y parte del clero reclaman la aplicación estricta de las leyes de castidad y advierten de una supuesta “influencia occidental” sobre el comportamiento de las jóvenes, la Presidencia y algunos responsables del Ejecutivo defienden que el uso del velo debe abordarse con métodos culturales y no policiales.
Esa tensión se reflejó también en la controversia generada cuando la oficina del líder supremo fue criticada la semana anterior por sectores ultraconservadores tras publicar en su periódico una fotografía de una mujer iraní fallecida en la guerra de doce días contra Israel en junio, en la que la joven aparecía con un gorro sencillo y parte del cabello visible.