Documentos y testimonios citados por Iran International sitúan más de 36.500 muertes en dos días de protestas, cifra que contrasta con 3.117 oficiales.
Represión en ciudades iraníes y balance estimado por Iran International
En Teherán, Mashhad y Shiraz, el 8 y 9 de enero de 2026, fuerzas de seguridad reprimieron protestas iniciadas a finales de diciembre. Iran International atribuye más de 36.500 muertes a ese lapso de dos días, con base en documentos clasificados y testimonios. El medio describe el episodio con mayor número de civiles muertos en tan poco tiempo. Las autoridades reconocen 3.117 muertos, con inclusión de miembros de seguridad, y sostienen versión incompatible con esos hallazgos.
El cuadro incluye a autoridades bajo el liderazgo del ayatolá Alí Jamenei, a fuerzas como la Guardia Revolucionaria y la policía antidisturbios, y a manifestantes de edades y procedencias diversas con exigencias políticas y económicas. Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025, con inflación muy elevada, escasez de recursos básicos y restricciones a libertades civiles. Las autoridades impusieron un corte de internet para limitar la difusión de información durante los días señalados.
La evaluación atribuida a Iran International procede de informes de campo, testimonios de personal médico, relatos de testigos presenciales y familiares de víctimas. El balance oficial divulgado por medios estatales a finales de enero fija 3.117 muertes en todas las protestas y no expone un desglose verificable. El lapso del 8 y 9 de enero concentra el mayor pico de letalidad callejera señalado por el medio, con cifras que superan los totales reconocidos por el Estado.
El periodo descrito comienza el 28 de diciembre de 2025 y continúa con un aumento de la violencia durante enero de 2026. Las movilizaciones surgieron en provincias periféricas y alcanzaron con rapidez centros urbanos. Según el relato recogido por el medio, las fuerzas actuaron bajo órdenes de autoridades superiores y dentro de una coordinación institucional. La imposición del corte de internet desde el 8 de enero limitó la circulación de videos y testimonios a escala nacional.
Claves del 8 y 9 de enero de 2026 en Irán
- Fechas clave: 8 y 9 de enero de 2026, con protestas masivas en Teherán, Mashhad y Shiraz.
- Estimación de Iran International: más de 36.500 muertes en dos días, con base en documentos y testimonios.
- Cifra oficial: 3.117 muertos en el conjunto de las protestas, sin desglose público verificable.
- Causas señaladas: inflación superior al 40%, escasez, desempleo juvenil por encima del 25% y restricciones a libertades.
- Medida de control: corte nacional de internet desde el 8 de enero, documentado por NetBlocks.
Antecedentes de movilizaciones y patrón de respuesta estatal en Irán
Las protestas de 2019 contra el aumento del precio del combustible dejaron al menos 1.500 muertes, según informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Esas organizaciones sustentaron sus hallazgos en videos, testimonios y datos hospitalarios. Los antecedentes mostraron un patrón de uso de fuerza letal, detenciones arbitrarias y restricciones a comunicaciones. Ese patrón reapareció durante el ciclo 2025-2026 y sirvió como marco de comparación para evaluar la magnitud de los hechos señalados por diversas fuentes.
En 2022, tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial, el país registró cientos de muertos, de acuerdo con verificaciones independientes de la ONU y de grupos de derechos humanos. Esa experiencia reforzó la identificación de prácticas estatales recurrentes, con órdenes superiores y coordinación entre instituciones. El relator especial de la ONU sobre Irán, Javaid Rehman, expuso estas conclusiones y señaló responsabilidades de actores del Ejecutivo, del Ministerio del Interior y de la Guardia Revolucionaria.
En el ciclo actual, las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en provincias periféricas como Sistán y Baluchistán y alcanzaron con rapidez ciudades principales. La expansión respondió a la ausencia de reformas económicas anunciadas por el presidente Ebrahim Raisi desde el inicio de su mandato en 2021. Las demandas mezclaron reclamos políticos y económicos que reflejaron el deterioro del poder adquisitivo, la inseguridad social y el agotamiento de expectativas sobre medidas correctivas.
Fuentes como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional advirtieron en 2025 sobre una inflación superior al 40% y un desempleo juvenil por encima del 25%. Análisis de la Universidad de Teherán y de centros de estudio internacionales vincularon esos indicadores con el incremento del descontento social. La presión de precios y la caída de ingresos reales afectaron hogares urbanos y rurales, con efectos visibles en consumo, acceso a servicios y capacidad de ahorro.
Detalles de los hechos del 8 y 9 de enero y empleo de fuerza letal
En Teherán, el 8 de enero, la asistencia alcanzó al menos 1,5 millones de personas, según fuentes internas citadas por Iran International. Ese día, fuerzas de seguridad usaron armamento pesado y fuego real con rifles automáticos y escopetas en plazas y avenidas. Testimonios recogidos por Human Rights Watch describen disparos directos contra multitudes desarmadas, con heridas mortales en cabeza, cuello y torso, y provocaron escenas de pánico en varias zonas.
El 9 de enero, la presencia militar aumentó y varios informes señalaron el despliegue de helicópteros y vehículos blindados para dispersar grupos. Esa intervención elevó el número de víctimas y consolidó un clima de miedo. Las autoridades extendieron controles en accesos, establecieron retenes y bloquearon rutas hacia concentraciones. La dinámica de represión simultánea en múltiples puntos produjo una caída rápida de la capacidad de organización en calles y barrios urbanos.
Iran International, con base en documentos clasificados, afirma que existieron asesinatos organizados en todo el país y que la brutal represión contó con cooperación institucional y órdenes de las más altas autoridades. El reporte aporta evidencia fotográfica de ejecuciones sumarias en hospitales, con heridos muertos durante la atención médica. Esa práctica viola normas internacionales, incluidas previsiones de la Convención de Ginebra, y figura en informes previos del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre conflictos internos.
Amnistía Internacional, en un informe del 16 de enero, detalló detenciones arbitrarias masivas con al menos 22.123 arrestos confirmados y mencionó desapariciones forzadas. Reuters y The New York Times recogieron relatos que describen disparos contra transeúntes, como el caso de un estudiante de arte herido al regresar a su casa. Médicos citados por Time informaron 217 muertes en seis hospitales de la capital el 9 de enero. Hubo prohibiciones de reuniones y presiones contra familiares.
Cifras de víctimas y divergencias entre fuentes bajo censura e internet
Las estimaciones difieren por dificultades de verificación asociadas a censura y al corte de internet. Iran International, un medio opositor con sede en Londres, sostiene más de 36.500 muertes con base en documentos del Ministerio de Salud, informes de campo y más de 200 testimonios, entre ellos personal médico. Esa cifra coincide en orden de magnitud con un informe de Time que atribuye al menos 30.000 muertes en esos dos días, según registros hospitalarios internos.
El relator especial de la ONU sobre Irán, en un comunicado del 22 de enero, situó la posible cifra total de muertes por encima de 20.000. El funcionario añadió datos de organizaciones no gubernamentales y de análisis satelitales que detectaron fosas comunes en provincias iraníes como Juzestán. Los hallazgos reforzaron advertencias sobre la escala de la represión y subrayaron la necesidad de un acceso independiente a registros públicos y hospitalarios.
Iran Human Rights, con sede en Noruega, verificó al menos 3.428 muertes entre el 8 y el 12 de enero y también advirtió sobre riesgo de ejecuciones adicionales de detenidos, a partir de nombres identificados y certificados de defunción filtrados. HRANA, con sede en Estados Unidos, reportó 4.519 muertos, de los cuales 4.251 serían manifestantes, y construyó una base de datos con 3.882 casos revisados así como 2.055 heridos graves en total.
En contraste, las autoridades anunciaron el 21 de enero un total de 3.117 muertes y señalaron que 2.427 correspondían a civiles y fuerzas de seguridad, sin ofrecer desglose adicional ni acceso a registros subyacentes. La cifra oficial apareció junto a un entorno de censura reforzada. NetBlocks documentó un corte de internet aplicado desde el 8 de enero, con efectos que impidieron la transmisión de videos y testimonios, de forma similar a etapas anteriores de protestas.
Reacciones internacionales y situación hasta el 25 de enero de 2026
En el plano internacional, la Unión Europea y Estados Unidos condenaron la violencia mediante resoluciones en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aprobadas el 20 de enero, con exigencias de una investigación independiente. Las iniciativas respondieron a reportes de organizaciones y a imágenes que circularon pese a la censura. Los textos pidieron cooperación de autoridades nacionales y protección de testigos, así como garantías para el acceso de equipos técnicos a morgues y hospitales.
Human Rights Watch presentó evidencia de matanzas en varias regiones del país y difundió videos geolocalizados que mostraron cuerpos alineados en morgues saturadas. Los materiales añadieron trazabilidad a secuencias de hechos y fortalecieron denuncias de uso indiscriminado de fuerza letal. La organización reclamó preservación de pruebas, apertura de archivos y garantías de no represalia para personal médico que aportó testimonio. Las imágenes reforzaron pedidos de monitoreo internacional continuo y permanente.
Las autoridades atribuyeron las muertes a agentes externos y a terroristas, según declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores difundidas por medios estatales, sin presentar pruebas documentales. Esa posición oficial buscó desacreditar denuncias y trasladó la responsabilidad fuera del aparato estatal. La narrativa apareció junto a detenciones de comunicadores y a restricciones para corresponsales extranjeros. La ausencia de transparencia limitó la verificación independiente y prolongó la incertidumbre sobre cifras y responsabilidades.
Hasta el 25 de enero de 2026, las protestas disminuyeron en intensidad por el despliegue militar sostenido, aunque continuaron informes sobre detenciones y ejecuciones pendientes, según Iran Human Rights. La ausencia de informes públicos completos del Ministerio de Salud y la clasificación de documentos relevantes mantienen incertidumbre sobre el conteo preciso de víctimas. La falta de acceso para observadores de la ONU persiste. Análisis del Consejo Atlántico y del Instituto Brookings describen factores estructurales sin resolver.