Teherán atribuye a Israel y Estados Unidos incitación a la violencia tras el respaldo de Netanyahu, mientras protestas se expanden con muertos y detenciones.
Teherán denuncia respaldo israelí a protestas y riesgo de división
Irán responsabilizó el lunes a Israel de buscar fisuras internas tras el respaldo del primer ministro Benjamin Netanyahu a manifestaciones masivas. Las marchas cumplieron una semana sin perder intensidad ni alcance territorial, según diversos indicios.
Esmail Baqaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, advirtió que el “régimen sionista” busca sembrar división y que la prioridad oficial consiste en preservar la unidad nacional. En su conferencia de prensa semanal, citó palabras emitidas desde Jerusalén en apoyo a manifestantes iraníes y pidió vigilancia ante intentos externos que, según su evaluación, apuntan a explotar cualquier grieta política o social dentro de la República Islámica.
En esa comparecencia, Baqaei responsabilizó a dirigentes israelíes y estadounidenses de incitación a la violencia, porque sus mensajes públicos alientan la confrontación interna y agravan la tensión en las calles iraníes. Sostuvo que las autoridades observan un escenario con protestas persistentes y episodios de choque con fuerzas de seguridad, lo que, a su juicio, exige firmeza legal junto con una lectura política capaz de evitar una mayor escalada.
Netanyahu afirmó que su gobierno se identifica con la lucha del pueblo iraní y con aspiraciones de libertad y justicia. Sostuvo que podía abrirse un momento en el que el pueblo iraní tomara su destino en sus manos. Antes de esas declaraciones, altos funcionarios indicaron a Channel 12 que el primer ministro evitaba pronunciarse para no ofrecer a Teherán una justificación para acciones hostiles directas contra Israel.
Datos clave de víctimas, alcance y detenciones
- Al menos 20 manifestantes murieron desde el 28 de diciembre, según grupos de derechos humanos.
- La Human Rights Activists News Agency reportó protestas en más de 220 localidades y en 26 de 31 provincias.
- Cerca de 1.000 personas fueron arrestadas desde el inicio de las marchas, de acuerdo con la misma fuente.
- El tipo de cambio informal se ubicó cerca de 1,4 millones de riales por dólar, frente a unos 770.000 un año atrás.
Alcance territorial de las protestas, cifras de muertos y dudas sobre verificación
Grupos de derechos humanos informaron que al menos 20 manifestantes murieron en enfrentamientos con fuerzas de seguridad desde el inicio de las protestas, cuando vendedores de mercados en Teherán salieron a las calles el domingo 28 de diciembre para denunciar la profundización de la crisis económica. Esos reportes trazaron una primera fotografía del costo humano de las movilizaciones en su fase inicial, con nuevos episodios en distintas ciudades durante la semana posterior.
La Human Rights Activists News Agency señaló que las manifestaciones alcanzaron más de 220 localidades en 26 de las 31 provincias. La agencia, con redes de activistas dentro de Irán, obtuvo reconocimiento por la precisión de sus recuentos en episodios anteriores. Su seguimiento detalló la rápida expansión territorial posterior al estallido, con protestas que cruzaron límites provinciales y que expusieron el grado de malestar social acumulado en distintos sectores urbanos y comerciales.
La misma fuente informó cerca de 1.000 detenciones desde el 28 de diciembre. El número ofreció un indicador del alcance represivo asociado a las jornadas, con operativos en zonas céntricas de Teherán y en ciudades del interior. El dato, al carecer de verificación estatal independiente, se apoyó en la capilaridad de redes locales que registraron casos, listados y testimonios, y que contrastaron episodios con información comunitaria en tiempo real para generar recuentos provisionales.
Los recuentos de protestas elaborados por medios locales resultan incompletos. Los medios estatales reducen su cobertura, mientras numerosos videos en redes sociales carecen de verificación independiente. Esa combinación dificulta fijar una imagen precisa sobre la magnitud real de las manifestaciones. La agencia semioficial Fars reportó una disminución en el número de concentraciones y en su alcance geográfico, aunque otras fuentes cuestionan el carácter representativo de ese balance frente a reportes alternativos.
Advertencias del liderazgo y endurecimiento de la respuesta judicial
Pese a versiones que hablaban de una baja en el ritmo de las marchas, las movilizaciones no mostraron señales claras de detenerse. El líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, advirtió que los “alborotadores” debían quedar en su lugar. La advertencia sumó presión a un clima de alta sensibilidad política y social, con mensajes que buscaban disuadir episodios violentos y, al mismo tiempo, reafirmar la capacidad coercitiva del Estado ante actos que autoridades calificaron como desestabilizadores.
El jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, indicó el lunes que no habría indulgencia con los “alborotadores”, aunque reconoció el derecho del público a manifestarse. Ordenó al fiscal general y a los fiscales de todo el país actuar con firmeza contra responsables y apoyos logísticos asociados a disturbios. Sus palabras, difundidas por Mizan, reflejaron una línea dura que pretendía marcar límites legales sin negar, en el plano formal, la existencia de derechos de reunión.
Ejei añadió que Irán escucha a los manifestantes y sus críticas, y distingue entre ellos y los “alborotadores”. La afirmación buscó trazar una frontera entre protesta pacífica y episodios de violencia. En paralelo, fuerzas de seguridad mantuvieron presencia reforzada en varias ciudades, con controles más visibles en puntos neurálgicos y con énfasis en prevenir choques que pudieran elevar el número de víctimas y el costo político de la crisis para el gobierno central.
De forma pública, funcionarios adoptaron un tono conciliador frente a demandas económicas y prometieron una respuesta severa ante cualquier episodio de caos o desestabilización. Ese equilibrio discursivo intentó contener el malestar social sin ceder control político. La estrategia combinó promesas de revisión de políticas sensibles para hogares y advertencias sobre consecuencias legales, con el objetivo de reducir presiones simultáneas en las calles y en los frentes institucionales.
Contexto regional y economía que agravan el malestar social en Irán
Teherán trabaja en la reconstrucción de sus programas de misiles balísticos y nuclear, dañados durante la guerra de 12 días con Israel en junio pasado. Ese proceso alimenta inquietud regional y especulaciones sobre posibles acciones militares preventivas. La agenda de defensa, al cruzarse con tensiones internas, añadió un componente estratégico a la crisis, porque actores externos observaron señales del equilibrio de poder iraní mientras el gobierno intentó preservar cohesión política frente a una ola prolongada de protestas.
Informes recientes subrayaron el temor de líderes a un error de cálculo. Una de las partes, al anticipar de forma equivocada un ataque inminente, podría desatar otra guerra para adelantarse a los acontecimientos. Ese escenario, planteado como riesgo latente, colocó a los protagonistas ante la necesidad de evitar interpretaciones erradas y de reforzar canales de comunicación, con el fin de reducir la posibilidad de una escalada de consecuencias imprevisibles para la región y para Irán.
Las protestas comenzaron con demandas económicas y pronto incorporaron consignas contra el gobierno. El descontento social arrastra años y aumentó tras la muerte en 2022 de Mahsa Amini, de 22 años, bajo custodia policial, un episodio que detonó manifestaciones nacionales. La memoria de aquel estallido se mezcló con problemas de precios, salarios y servicios, y con la percepción de deterioro del poder adquisitivo. Ese trasfondo añadió capas de significado político a los reclamos actuales.
El detonante inmediato fue la crisis económica y el desplome del rial. La moneda perdió más de un tercio de su valor en un año, con inflación de dos dígitos que erosiona el ingreso real. El tipo de cambio informal rondó 1,4 millones de riales por dólar, frente a unos 770.000 un año antes. En diciembre, el gobierno aplicó un nuevo esquema de precios para la gasolina subsidiada, con revisiones trimestrales. Se sumaron la reimposición de sanciones, problemas de agua y electricidad y previsiones de recesión en 2026.