El gobierno iraní anunció el viernes 13 de febrero de 2026 la creación de una comisión de investigación para examinar las protestas por el alto costo de la vida que derivaron en manifestaciones contra el poder político y dejaron miles de muertos. La portavoz del Ejecutivo, Fatemeh Mohajerani, afirmó: “Se ha formado un comité de esclarecimiento de los hechos con representantes de las instituciones pertinentes y está recopilando documentos y recogiendo testimonios”.
Mohajerani no precisó el alcance del trabajo de la comisión ni aclaró si el mandato incluirá únicamente las demandas económicas que detonaron las movilizaciones o también el examen de las muertes ocurridas durante los disturbios. La portavoz añadió: “El informe final se publicará para información pública y para acciones legales adicionales una vez concluido el proceso”.
El anuncio llegó después de que el presidente Masoud Pezeshkian apareciera citado el jueves 12 de febrero en el sitio web del gobierno con una referencia general a labores de indagación: “Hemos asignado equipos para investigar las causas (de los disturbios)”, sin más detalles sobre composición, plazos o metodología.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre como concentraciones en Teherán vinculadas al deterioro del poder adquisitivo y la presión del encarecimiento, y luego se extendieron con rapidez a otras ciudades. El 8 de enero marcó un punto de inflexión, con expansión nacional de los enfrentamientos y un endurecimiento del control interno, incluido el bloqueo de comunicaciones y restricciones a las conexiones telefónicas e internet durante días.
El recuento oficial situó el saldo mortal por encima de 3.000 personas; el gobierno difundió posteriormente la cifra de 3.117 muertos. Las autoridades iraníes sostienen que la gran mayoría de las víctimas pertenecía a fuerzas de seguridad o a transeúntes y atribuyen esas muertes a “terroristas” vinculados a Israel y Estados Unidos.
Organizaciones de defensa de derechos humanos con sede fuera de Irán atribuyen, en cambio, un peso decisivo a la actuación de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes y presentan balances más altos. Un recuento de activistas elevó a al menos 7.005 los muertos, mientras otra documentación citada en informes internacionales verificó miles de decesos adicionales y revisa otros casos.
El trasfondo inmediato de la crisis se mantiene en la economía: Irán atraviesa una inflación anual superior al 42% y una pérdida pronunciada del valor de la moneda, factores que alimentaron el malestar inicial antes de que la protesta incorporara consignas contra el sistema político. Con la comisión ya en marcha, el gobierno dejó como horizonte público la publicación de un informe final y la apertura de actuaciones judiciales posteriores, sin fijar aún una fecha de entrega.