Las autoridades iraníes liberaron la noche del jueves 12 de febrero en Teherán a Javad Emam y Ebrahim Asgharzadeh, dos dirigentes reformistas de alto perfil detenidos en días recientes en el contexto de una ofensiva judicial y de seguridad posterior a las protestas de enero contra el Gobierno. Ambos salieron tras pagar fianza.
“Javad Emam y Ebrahim Asgharzadeh han quedado en libertad hace unos minutos tras pagar la fianza”, declaró su abogado, Hojjat Kermani, en una entrevista difundida el jueves por la noche. Kermani no precisó el monto de la caución ni las condiciones aplicadas, y el poder judicial no comunicó de inmediato cargos formales.
Las fuerzas de seguridad arrestaron a Emam y Asgharzadeh durante una serie de detenciones que alcanzó a varios cuadros del denominado Frente de Reformas, una plataforma que reúne a reformistas y moderados. El domingo 8 de febrero, medios estatales informaron capturas de dirigentes de esa coalición.
El lunes 9, Kermani ratificó el arresto de Emam, portavoz del Frente, y confirmó la detención de otros referentes de la misma corriente. En esos días, el aparato judicial también divulgó la imputación de “cuatro elementos políticos” por supuesto respaldo a Estados Unidos e Israel, sin difundir detalles del expediente.
Emam se desempeña como vocero del Frente de Reformas, un rol que lo sitúa como enlace entre partidos reformistas y el Ejecutivo en un sistema político dominado por instituciones bajo control de sectores conservadores. Asgharzadeh, exdiputado, integra una generación de dirigentes que pasó del ideario revolucionario al reformismo institucional.
En los últimos años, ese grupo incrementó la presión pública para cambios en la gestión económica y en el tratamiento estatal de la disidencia. Las detenciones de febrero se registraron pocas semanas después de un ciclo de protestas que comenzó el 28 de diciembre de 2025 por la pérdida de poder adquisitivo y el desplome de la moneda.
Más tarde, las manifestaciones derivaron en consignas directas contra el liderazgo político y religioso. Las autoridades respondieron con un despliegue de fuerzas de seguridad y con restricciones a las comunicaciones; un corte de internet global y de llamadas internacionales desde el 8 de enero limitó la salida de información durante la fase más intensa de la represión.
Un funcionario iraní situó en más de 5.000 los muertos confirmados hasta mediados de enero, mientras organizaciones de derechos humanos difundieron recuentos superiores y reportaron decenas de miles de arrestos. Tras el fin de las movilizaciones, el Estado sostuvo una campaña de detenciones e intimidación para impedir un nuevo ciclo de protestas.
En ese marco, citó a más miembros del Frente de Reformas para comparecer ante la fiscalía en Teherán, con menciones a la prisión de Evin como sede de trámites judiciales. La coalición reformista elevó solicitudes directas al presidente Masud Pezeshkian, al jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, y al ministro del Interior, Eskandar Momeni.
El objetivo de esos pedidos fue obtener la liberación de los detenidos y de otros presos políticos. La libertad bajo fianza de Emam y Asgharzadeh reduce, por ahora, el número de dirigentes reformistas encarcelados, aunque la investigación judicial vinculada a la oleada de arrestos continúa abierta y varios referentes reformistas permanecen bajo custodia.