Según dos funcionarios, la directiva del 9 de enero autorizó fuerza letal para sofocar protestas iniciadas en diciembre, con miles de muertos y apagón nacional.
Directiva y escalada de violencia estatal del 8 y 9 de enero en Irán
Durante protestas masivas que se extendieron por Irán desde fines de diciembre de 2025, Alí Jamenei emitió el 9 de enero de 2026 una directiva al Consejo Supremo de Seguridad Nacional para “aplastar” las manifestaciones “por todos los medios necesarios”, según dos funcionarios con acceso. Ambos indicaron que fuerzas de seguridad recibieron órdenes explícitas de “disparar a matar” y de “no mostrar piedad”. El descontento pasó de reclamos económicos a demandas de cambio político en cientos de ciudades.
Los reportes describieron participación de millones de personas y choques entre cuerpos del régimen —entre ellos el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y milicias Basij— y manifestantes desarmados. La directiva coincidió con el nivel más alto de violencia registrado los días 8 y 9 de enero, cuando instituciones internacionales y fuentes internas estimaron cifras de muertos muy superiores a las oficiales. The New York Times atribuyó la revelación a dos funcionarios iraníes que conocían la instrucción.
Según esas fuentes, la orden llegó al Consejo y pasó a unidades operativas. La instrucción definió un uso de fuerza letal sin restricciones y estableció métodos para sofocar marchas y concentraciones. La línea oficial ubicó a los manifestantes como “alborotadores”, mientras el liderazgo defendió un uso ejemplar de la coerción. El contexto lo marcaron movilizaciones en más de 400 ciudades con reclamos económicos y políticos, y la intervención de fuerzas como el CGRI y las Basij contra grupos desarmados.
La violencia de ese periodo incluyó acciones en múltiples provincias, apagón total de internet y restricciones a la información pública. Aunque el gobierno difundió cifras mucho menores, testimonios y recuentos internos señalaron una mortalidad muy elevada. El colapso informativo surgió a partir del 8 de enero y afectó a decenas de millones de personas. Aun así, algunos vídeos y reportes circularon por vías alternativas, lo que permitió corroborar episodios con validación independiente y con fuentes médicas y de primera respuesta.
Fechas, cifras y medidas verificadas durante la represión
- 28 de diciembre: inicio en Teherán; 8 y 9 de enero: pico; 9 de enero: directiva.
- Más de 400 ciudades movilizadas y más de 4.000 puntos de confrontación.
- Órdenes para disparar desde techos, usar munición real y emplear explosivos.
- Apagón total de internet que afectó a más de 90 millones de personas.
Antecedentes económicos y políticos que detonaron la movilización
Los antecedentes se ubicaron el 28 de diciembre de 2025, cuando comerciantes del bazar de Teherán cerraron locales ante la depreciación récord del rial, que alcanzó niveles históricos. Reportes de Human Rights Watch y de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos en Irán describieron una crisis agravada por inflación elevada en alimentos, escasez de energía y agua, corrupción institucional, discriminación étnica y sanciones internacionales. A ese cuadro se sumó el impacto de conflictos externos.
El contexto externo contempló la guerra entre Irán e Israel y ataques estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes durante 2025, según registros del Consejo de Seguridad de la ONU. La huelga localizada evolucionó con rapidez hacia protestas generalizadas. Para el 30 de diciembre, participantes ya reportaban al menos tres muertes en ciudades como Kuhdasht, Fuladshahr y Marvdasht, con verificaciones independientes realizadas por Amnistía Internacional que confirmaron el incremento del riesgo y la expansión territorial de la guerra.
La confluencia de deterioro económico, sanciones y tensiones regionales alimentó reclamos que pronto incluyeron demandas de cambio político. El malestar se extendió más allá de Teherán, con protagonistas que abarcaron comerciantes, trabajadores y estudiantes. La continuidad de la devaluación y la escasez reforzó la percepción de una crisis estructural. El escalamiento posterior reveló tanto la capacidad de convocatoria de las movilizaciones como la decisión estatal de imponer control mediante el uso de la fuerza en espacios urbanos y provinciales.
Esta base de agravios permitió que la movilización alcanzara una magnitud inusual. La progresión de episodios letales tempranos reconfiguró el tono de las protestas y la respuesta oficial. La combinación de funerales bajo vigilancia, expansión provincial y mensajes duros del liderazgo preparó el terreno para medidas de mayor dureza. La escalada culminó con el empleo de fuego real y con una estructura de mando que priorizó la contención coercitiva sobre cualquier vía de diálogo con los manifestantes.
Crecimiento provincial y respuesta inicial antes del giro represivo
En los primeros días de enero de 2026, el 1 de enero se celebraron funerales de víctimas iniciales bajo estricta vigilancia de fuerzas de seguridad, mientras las manifestaciones se extendieron a provincias como Ilam y Kermanshah. Para el 2 de enero, HRANA confirmó al menos cinco muertes por disparos en Malekshahi y la muerte de un integrante de las milicias Basij en Harsin. También aparecieron ataques contra estaciones de policía y edificios gubernamentales que motivaron contención más agresiva.
El 3 de enero, Alí Jamenei declaró en público que “hablar con alborotadores es inútil” y que “deben ser puestos en su lugar”, según transcripciones difundidas por medios estatales y evaluadas por organizaciones como Iran International. Tras esa declaración, surgió una serie de incidentes con uso de fuego real contra grupos de manifestantes. La cronología mostró un patrón de endurecimiento oficial ligado a definiciones que eliminaron el margen para gestos de distensión o negociación con sectores civiles.
La extensión territorial de las protestas y la incorporación de demandas políticas alteraron el enfoque de seguridad. El gobierno respondió con despliegues más amplios y con tácticas que priorizaron disuasión y castigo. La presencia de cuerpos armados y la presión sobre espacios públicos dificultó actos conmemorativos y concentraciones. Las advertencias que descalificaron a los manifestantes como “alborotadores” precedieron episodios con disparos y reforzaron la lectura oficial de una crisis gestionada mediante coerción y penalización acelerada.
Estas decisiones encontraron una sociedad que ya enfrentaba inflación, escasez y discriminación. La combinación de agravios y represión fortaleció la percepción de violencia desproporcionada. Informes internos y externos registraron heridos y muertes en diferentes provincias. El aumento de víctimas empujó a comunidades a documentar hechos a pesar de controles y detenciones. La etapa posterior evidenció coordinación desde niveles superiores de mando con lineamientos que priorizaron la “victoria” mediante terror y la eliminación de cualquier foco de “sedición”.
Pico del 8 y 9 de enero, actores y métodos de represión detallados
El 8 y el 9 de enero, las protestas alcanzaron amplitud máxima y cubrieron más de 4.000 puntos de confrontación en todo el país. En Teherán, hospitales vinculados a la Universidad de Ciencias Médicas reportaron la llegada de 217 cuerpos con heridas de bala el 8 de enero, según datos compilados por médicos y personal de primera respuesta. Esos recuentos superaron con amplitud las cifras oficiales y mostraron un salto brusco respecto de días anteriores.
En Rasht, fuerzas de seguridad acorralaron a manifestantes en un bazar, lo incendiaron y mataron a quienes intentaron escapar. Testimonios recopilados por Amnistía Internacional describieron remates de heridos en calles y centros médicos. En Karaj, milicias extranjeras procedentes de Irak y Siria, identificadas por hablar árabe, participaron en la represión, con verificación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la presencia de esos contingentes y sobre el tipo de acciones ejecutadas.
El régimen impuso un apagón total de internet a partir del 8 de enero, medida que afectó a más de 90 millones de personas y restringió la circulación de información. Algunos vídeos y cuentas circularon por vías alternativas, aunque bajo enorme riesgo para quienes intentaron documentar hechos. La suspensión de comunicaciones dificultó asistencia, verificación y protección de víctimas. Ese bloqueo consolidó una asimetría informativa que favoreció el despliegue de unidades armadas en zonas urbanas y periurbanas.
La similitud de patrones en múltiples ciudades, la concentración de cuerpos con heridas de bala y la quema del bazar de Rasht apuntaron a métodos coordinados. Testimonios y reportes médicos coincidieron en la prioridad del fuego real contra manifestantes desarmados. La secuencia culminó con el reconocimiento de la fase más violenta el 8 y el 9 de enero. En ese lapso aparecieron instrucciones que detallaron posiciones de tiro, uso de munición real en marchas y empleo de explosivos en callejones estratégicos.
Órdenes operativas, discursos de Jamenei y guías internas del CGRI
La directiva del 9 de enero, revelada por The New York Times a partir de dos funcionarios iraníes con acceso, autorizó el uso de fuerza letal sin restricciones. Esas fuentes señalaron que la orden llegó al Consejo Supremo de Seguridad Nacional y desde allí pasó a unidades operativas. Las instrucciones incluyeron disparos desde techos de estaciones de policía en Teherán, munición real en marchas en Karaj y empleo de explosivos en callejones de Isfahán, con ejecución inmediata.
Ese mismo día, Jamenei pronunció un discurso en el que afirmó: “hemos derramado sangre para establecer este régimen islámico y no retrocederemos ni un centímetro ante los manifestantes”. Además, acusó al movimiento de responder a una coordinación destinada a complacer a figuras opositoras como Reza Pahlavi, según grabaciones analizadas por Iran International. La retórica reforzó la narrativa oficial de confrontación y negó validez a reclamos económicos y políticos provenientes de sectores civiles.
Informes internos del CGRI reflejaron conceptos como “la victoria a través del terror” y “luchar hasta que no quede sedición”. Esas expresiones sintetizaron una guía de acción que priorizó la neutralización de protestas mediante intimidación y fuerza letal. La cadena de mando articuló objetivos de control territorial, represión de concentraciones y castigo ejemplar. La coordinación entre cuerpos armados y milicias evidenció una estrategia amplia, con alcance nacional y con respaldo del liderazgo político y religioso.
La convergencia de órdenes operativas, discursos y documentos internos delineó un marco que desalentó cualquier mediación. La instrucción de “aplastar” por “todos los medios necesarios” cristalizó una política estatal que sustituyó gestión de crisis por un dispositivo de fuerza. Las unidades recibieron señales claras sobre métodos y límites, con prioridad de resultados inmediatos. El resultado apareció en el salto de víctimas, la multiplicación de enfrentamientos y el colapso de garantías para la población manifestante.
Cifras de muertos y disparidad entre fuentes internas y externas
Las estimaciones diferieron de forma sustancial. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional anunció el 21 de enero una cifra de 3.117 muertes, con civiles y miembros de fuerzas de seguridad. En contraste, documentos clasificados de la Inteligencia del CGRI señalaron que más de 36.500 personas murieron a manos de fuerzas de seguridad entre el 8 y el 9 de enero, con base en reportes provinciales y recuentos de personal médico que superaron con amplitud la versión oficial difundida por el gobierno iraní.
Las cifras internas aumentaron por etapas: un informe inicial del 11 de enero mencionó al menos 12.000 muertes; para el 22 de enero, el total ascendió a más de 33.000 y, dos días después, superó las 36.500. Fuentes del Ministerio del Interior reportaron más de 30.000 muertos al 20 de enero. Dos altos funcionarios del Ministerio de Salud informaron a Time que hasta 30.000 personas pudieron haber muerto en calles y señalaron falta de bolsas para cadáveres y uso de camiones de 18 ruedas.
Un recuento hospitalario independiente, compilado por el cirujano germano-iraní Amir Parasta, registró 30.304 muertes al viernes siguiente y excluyó casos en hospitales militares o en áreas sin acceso. La relatora especial de la ONU sobre Irán, Mai Sato, estimó al menos 5.000 muertes al 16 de enero, mientras HRANA confirmó 5.459 muertos al sábado siguiente, con 17.031 casos bajo investigación. Amnistía Internacional señaló discrepancias y sostuvo que autoridades reclasificaron víctimas civiles como integrantes de Basij.
La diversidad de conteos expuso opacidad y destrucción de evidencias. El apagón de comunicaciones, las restricciones a personal médico y la presión sobre familias afectaron la consolidación de registros. La distancia entre la cifra oficial y las series internas o independientes indicó una magnitud de violencia incompatible con la narrativa estatal. Ese desfase reforzó pedidos de investigación internacional e impulsó alertas sobre la posible comisión de crímenes contra la humanidad en el territorio iraní.
Mecanismos de encubrimiento, detenciones y justicia punitiva acelerada
La represión no se limitó a la fuerza letal en calles. Desde el 9 de enero se aplicaron controles militarizados en ciudades, con patrullas armadas, puestos de control para revisar vehículos y teléfonos, y toques de queda nocturnos anunciados por altavoces. Las autoridades ejecutaron detenciones arbitrarias masivas y desapariciones forzadas. Además, confiscaron dispositivos de víctimas para eliminar evidencias digitales y bloquearon intentos de documentación independiente sobre muertes, heridos y detenciones.
Familias de muertos debieron pagar “tarifas por balas” para recuperar cuerpos, firmar declaraciones falsas que atribuyeron las muertes a “terroristas” o aceptar identificaciones erróneas que presentaron a víctimas como miembros de fuerzas de seguridad. En algunos casos se realizaron entierros masivos sin aviso a las familias. Medios estatales difundieron confesiones obtenidas bajo coacción de personas detenidas. Estas prácticas impidieron duelo, borraron rastros y consolidaron la versión oficial frente a cuestionamientos.
El jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni-Eje’i, ordenó el 19 de enero procesos acelerados con castigos “disuasivos”. Se impusieron cargos como “guerra contra Dios” (mohareb), que conllevan pena capital, según documentos de Amnistía Internacional. La justicia punitiva sustituyó garantías básicas y priorizó rapidez sobre revisión. El resultado incluyó condenas severas, presión sobre defensas y un marco de amenazas destinado a silenciamiento de redes familiares, activistas y personal médico en diferentes regiones del país.
La combinación de controles militarizados, detenciones, confiscación de dispositivos y propaganda estatal configuró una estrategia de encubrimiento. El cierre informativo mediante apagón, la intimidación a testigos y la penalización acelerada desincentivaron denuncias. La reconstrucción de hechos quedó en manos de reportes filtrados, recuentos hospitalarios parciales y testimonios que sortearon controles. Ese entorno alimentó discrepancias y dejó sin documentación pública varios aspectos de registros oficiales sobre el periodo más letal.
Reacciones internacionales y reconocimiento parcial del liderazgo iraní
Las reacciones externas surgieron a medida que aparecieron detalles. El presidente estadounidense Donald Trump condenó las masacres y amenazó con intervenciones, aunque no se concretaron apoyos directos. La ONU convocó una reunión de emergencia del Consejo de Derechos Humanos el 23 de enero. Organizaciones como Human Rights Watch exigieron investigaciones independientes y plantearon la posible comisión de crímenes contra la humanidad, con implicaciones para el liderazgo iraní ante la Corte Penal Internacional.
Jamenei, en un discurso del 17 de enero, reconoció “varios miles” de muertes y las atribuyó a influencias externas como Estados Unidos e Israel, según transcripciones verificadas. Esa admisión parcial no alteró la narrativa que ubicó a las protestas como una conspiración dirigida desde el exterior. La insistencia en ese marco discursivo buscó neutralizar responsabilidades internas y reforzar cohesión entre cuerpos de seguridad y bases leales al régimen frente a cuestionamientos internacionales.
La presión de organismos de derechos humanos destacó la necesidad de preservar evidencias, proteger testigos y abrir acceso a misiones independientes. Las denuncias sobre reclasificación de víctimas, entierros masivos y confesiones bajo coacción reforzaron llamados a mecanismos internacionales. El señalamiento de posibles crímenes contra la humanidad apuntó a responsabilidades individuales y de cadena de mando. La ausencia de investigaciones públicas creíbles mantuvo abierta la demanda de escrutinio externo sostenido.
El debate internacional también expuso tensiones geopolíticas vinculadas a la guerra regional y a las sanciones. La falta de un respaldo externo directo a los manifestantes no impidió pronunciamientos de condena y pedidos de rendición de cuentas. Sin acceso pleno a información y con un entorno hostil para la sociedad civil, las organizaciones insistieron en vías de documentación y en protección para quienes reportaron abusos, pese al riesgo de represalias y a la persistencia de la censura.
Situación al 25 de enero y persistencia de consecuencias y opacidad
Al 25 de enero de 2026, el gobierno iraní declaró suprimidas las protestas, con presencia reforzada en calles y persistencia del apagón de internet. Informes de la relatora de la ONU indicaron que el total de muertes podría superar los 20.000 civiles, sin contar heridos y detenidos. HRANA actualizó sus cifras a más de 22.490 al 24 de enero, con casos confirmados y otros en verificación, en un entorno con controles y presión sobre comunidades afectadas.
La falta de informes públicos completos sobre investigaciones internas —como la ordenada por el presidente iraní sobre la violencia en Ilam a inicios de enero— dejó sin documentación abierta varios aspectos de los registros oficiales. La existencia de documentos clasificados filtrados, sin embargo, confirmó la magnitud de la respuesta estatal. La diferencia entre esas filtraciones y los anuncios oficiales siguió como evidencia de opacidad y de manipulación de categorías de víctimas en estadísticas difundidas.
El procesamiento judicial acelerado contra manifestantes detenidos continuó, con ejecuciones reportadas en ciudades como Mashhad, según datos de Iran Human Rights. La continuidad de castigos severos, toques de queda y controles mantuvo un clima de intimidación. Las familias de muertos y detenidos enfrentaron obstáculos para acceder a información, recuperar cuerpos y obtener justicia. La combinación de sanciones penales y ocultamiento de evidencias consolidó una política de control social bajo amenaza de violencia estatal.
La situación finalizó con protestas suprimidas según el gobierno, pero con recuentos divergentes que superaron con amplitud la versión oficial. La persistencia del apagón informativo, la ausencia de investigación pública creíble y la continuidad de procesos punitivos sostuvieron la duda sobre el alcance real de la represión. Los registros independientes y las filtraciones internas permanecieron como referencia principal para dimensionar daños y para fundamentar pedidos de investigación internacional y de rendición de cuentas.