La Unión Europea (UE) ha anunciado hoy la imposición de nuevas sanciones militares contra funcionarios y entidades iraníes en respuesta a la violenta represión de las protestas populares en Irán.
Estas medidas restrictivas, respaldadas por el Consejo Europeo, están dirigidas a cinco individuos y dos organizaciones directamente implicadas en graves violaciones de derechos humanos en el país.
Represión de las protestas en Irán
Durante las protestas populares en Irán, se ha presenciado una brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad. Los manifestantes, que salieron a las calles para expresar su descontento con el régimen iraní, se encontraron con una respuesta violenta.
Las fuerzas de seguridad, incluidos los miembros de la Organización Student Basij (SBO), emplearon munición real y abrieron fuego contra los estudiantes en varias universidades, como la Universidad Sharif, la Universidad Shahid Beheshti y la Universidad Amirkabir.
Las sanciones de la Unión Europea
El paquete de sanciones de la UE se dirige a individuos y organizaciones responsables de las violaciones de derechos humanos en Irán. Uno de los blancos principales de estas medidas restrictivas es la Fundación Cooperativa de la Guardia Revolucionaria (CGRI), encargada de administrar las inversiones y canalizar fondos hacia la maquinaria represiva del régimen iraní. La Organización Student Basij (SBO), brazo del CGRI encargado de hacer cumplir el uso del hiyab y reprimir las protestas en los campus universitarios, también ha sido incluida en la lista negra.
Salman Adinehvand, comandante actual de la Unidad de Socorro de la Policía de Teherán, ha sido añadido a la lista de sancionados por su papel en la represión violenta de las protestas en la capital iraní en septiembre y octubre de 2022. Además, el secretario del Consejo Supremo del Ciberespacio (SCC) de Irán, Mohammad-Amin Aghamiri, ha sido incluido en la lista negra por bloquear plataformas populares de noticias y comunicaciones en línea.
Otro individuo sancionado es Mohsen Nikvarz, fiscal de Sirjan en la provincia de Kerman, quien estuvo involucrado en el controvertido “caso de Maryam Arvin” y ha participado en detenciones arbitrarias y sentencias de muerte durante las protestas de 2019. El coronel Nader Moradi, subsupervisor de Espacios Públicos de la Policía de Seguridad Pública, también ha sido sancionado por su participación en la persecución y arresto de comerciantes que protestaban por la muerte de Mahsa Amini.
Por último, el portavoz de la policía iraní, Saeed Montazerolmahdi, ha sido sancionado debido a sus declaraciones minimizando los envenenamientos de escolares en todo el país. La UE ha destacado el impacto represivo de sus declaraciones intimidatorias sobre el seguimiento y cierre de negocios y espacios públicos, así como los mensajes de advertencia emitidos por las autoridades.
Con estas nuevas incorporaciones, las medidas restrictivas de la UE ahora afectan a un total de 216 personas y 37 entidades. Estas sanciones incluyen la congelación de activos, la prohibición de viajar a la UE y la restricción de fondos y recursos económicos.
La advertencia del G7 y la respuesta de Irán
El G7, durante su reciente cumbre en Japón, emitió una enérgica declaración exhortando a todos los países a considerar las resoluciones de las Naciones Unidas que prohíben la transferencia de armas por parte de Irán. El comunicado expresaba la preocupación de los países del G7 por las actividades desestabilizadoras de Irán, incluyendo la transferencia de misiles, vehículos aéreos no tripulados (UAV) y tecnologías relacionadas a actores estatales y no estatales, en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como la 2231 y 2216.
Ante esta advertencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán ha reaccionado con fuertes críticas y acusaciones contra algunos miembros del G7, a los que ha calificado de poderes “coloniales” que han impuesto sus políticas de dominación en la región durante décadas. El portavoz del ministerio, Nasser Kanaani, ha negado rotundamente las acusaciones de transferencia de drones armados a Moscú, a pesar de las pruebas materiales contundentes. Irán ha sido señalado como suministrador de drones asesinos Shahed a Rusia, que han sido utilizados contra objetivos civiles en Ucrania.
Conclusiones
Las sanciones militares impuestas por la Unión Europea a Irán en respuesta a la represión de las protestas populares muestran el compromiso de la UE con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la violencia y la opresión.
Estas medidas restrictivas se centran en individuos y organizaciones clave involucrados en graves violaciones de derechos humanos en Irán. Además, la advertencia del G7 sobre la prohibición de transferencia de armas por parte de Irán subraya la preocupación internacional por las actividades desestabilizadoras del país.
La respuesta de Irán, caracterizada por la negación y las críticas hacia los países del G7, refleja una postura defensiva y el rechazo a asumir responsabilidades.
Preguntas frecuentes
Las sanciones de la UE incluyen la congelación de activos, la prohibición de viajar a la UE y la restricción de fondos y recursos económicos para los individuos y entidades sancionados. Estas medidas buscan ejercer presión sobre los responsables de violaciones de derechos humanos en Irán y limitar su capacidad de actuar.
La represión en Irán ha llevado a la violación de los derechos humanos, incluyendo el uso de fuerza letal contra manifestantes y el cierre de plataformas de noticias y comunicaciones en línea. Además, ha generado un clima de miedo y represión que limita la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
Irán ha reaccionado con fuertes críticas y acusaciones contra algunos miembros del G7, a los que ha calificado de poderes “coloniales”. Ha negado las acusaciones de transferencia de drones armados y ha argumentado que las pruebas presentadas son infundadas.
La Fundación Cooperativa de la Guardia Revolucionaria (CGRI) es responsable de administrar las inversiones y canalizar fondos hacia la maquinaria represiva del régimen iraní. Es un objetivo principal de las sanciones de la UE debido a su papel en las violaciones de derechos humanos en el país.
La UE ha impuesto sanciones militares a individuos y organizaciones iraníes responsables de graves violaciones de derechos humanos. Estas sanciones incluyen la congelación de activos, la prohibición de viajar a la UE y la restricción de fondos y recursos económicos, con el objetivo de ejercer presión sobre los responsables y promover el respeto a los derechos humanos en Irán.