Las detenciones forman parte de una amplia represión tras protestas nacionales contra el régimen iraní, con miles de arrestos, denuncias de abusos y desapariciones.
Operativo nocturno contra las hermanas Nakhii en Teherán
Agentes de seguridad iraníes llegaron a las 2 a.m. y se estacionaron en media docena de coches frente a la vivienda de la familia Nakhii. Despertaron a las hermanas Nyusha y Mona mientras dormían y las obligaron a entregar las contraseñas de sus teléfonos. Luego se llevaron a ambas, según el relato de una amiga que describió los hechos ocurridos el 16 de enero.
Las mujeres fueron acusadas de participar en las protestas nacionales que sacudieron Irán una semana antes. La amiga habló con The Associated Press bajo condición de anonimato por razones de seguridad. Su testimonio se enmarca en una ola de detenciones que se repite desde hace semanas, después de la represión que aplastó las manifestaciones contra el régimen teocrático.
Se reportaron redadas en hogares y centros de trabajo en grandes ciudades y pueblos rurales. El operativo alcanzó a amplios sectores de la sociedad e incluyó a estudiantes universitarios, médicos, abogados, maestros, actores, propietarios de negocios, atletas y cineastas. También afectó a figuras reformistas próximas al presidente Masoud Pezeshkian.

Activistas que siguen los arrestos señalan que muchos detenidos permanecen incomunicados durante días o semanas, sin contacto con familiares ni abogados. La situación dejó a familias desesperadas que buscan información sobre sus seres queridos, en medio de restricciones y temor a represalias.
Cifras y perfiles de los detenidos verificados
- Más de 2.200 personas arrestadas verificadas por el comité.
- 107 estudiantes universitarios incluidos en la lista.
- 82 niños, algunos de apenas 13 años, entre los detenidos.
- 19 abogados y 106 médicos figuran en los registros.
Seguimiento limitado y denuncias de desapariciones
La Human Rights Activists News Agency, con sede en Estados Unidos, estimó más de 50.000 detenciones, aunque la AP no pudo verificar esa cifra. El seguimiento se complicó tras el apagón de internet impuesto por las autoridades iraníes, lo que dificultó la filtración de reportes y la verificación independiente de los casos.
Otros grupos fuera de Irán trabajan para documentar las redadas. Shiva Nazarahari, organizadora del Committee for Monitoring the Status of Detained Protesters, afirmó que las autoridades identifican a personas mediante cámaras municipales, sistemas de vigilancia en tiendas e imágenes de drones, y luego las arrestan en sus hogares o lugares de trabajo.
Algunas detenciones derivaron en desapariciones dentro de las prisiones. La familia de Abolfazl Jazbi no tuvo noticias de él desde su arresto el 15 de enero en Isfahan. El comité indicó que padece un grave trastorno sanguíneo que requiere medicación. Tampoco se supo nada de Atila Sultanpour tras su arresto el 29 de enero en Teherán.
En el caso de las hermanas Nakhii, Nyusha, de 37 años, y Mona, de 25, fueron trasladadas primero a la prisión de Evin, donde pudieron contactar a sus padres. Más tarde las llevaron a Qarchak, una prisión para mujeres en las afueras de Teherán que ya enfrentaba denuncias por hacinamiento y falta de higiene.
Protestas masivas, violencia y reacción internacional

Las protestas comenzaron a finales de diciembre por el aumento vertiginoso de los precios y se expandieron con rapidez por el país. Alcanzaron su punto máximo el 8 y 9 de enero, cuando cientos de miles de personas en más de 190 ciudades y pueblos salieron a las calles para expresar su descontento.
Las fuerzas de seguridad respondieron con una violencia descrita como sin precedentes. La Human Rights Activists News Agency contabilizó más de 7.000 muertos y sostuvo que la cifra real es mayor. El gobierno iraní informó el 21 de enero que 3.117 personas murieron, en su único balance oficial.
Gholamhossein Mohseni Ejehi, jefe del poder judicial, calificó a los manifestantes de terroristas y pidió castigos acelerados. Según abogados de Dadban, las autoridades suspendieron cuentas bancarias, bloquearon tarjetas SIM y confiscaron propiedades de familiares de manifestantes o de quienes expresan apoyo público.
En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó un portaaviones y otros activos militares en el Golfo Pérsico y sugirió posibles ataques contra Irán ante ejecuciones masivas o muertes de manifestantes pacíficos. Pese a las amenazas externas y la represión interna, las autoridades organizaron concentraciones progubernamentales para conmemorar la Revolución Islámica de 1979.
