Autoridades iraníes dicen que hasta 30 000 personas murieron en protestas nacionales durante dos días a inicios de enero según Time este mes.
Cronología y choque entre balances oficiales y fuentes sanitarias
El 8 y el 9 de enero de 2026 quedaron como el punto ciego más crítico. Dos altos funcionarios anónimos del Ministerio de Salud dijeron a Time que, solo en esas 48 horas, murieron “hasta 30.000” personas. La cifra contrasta con el balance oficial de 3.117 muertos que organismos estatales difundieron días después por televisión pública. El desfase se asentó en condiciones que dificultaron la verificación y que abrieron una disputa prolongada sobre el alcance real.
La primera cuantificación oficial sistemática llegó el 21 de enero. La televisión estatal difundió declaraciones del Ministerio del Interior y de la Fundación de Mártires y Veteranos que fijaron en 3.117 los muertos desde el 28 de diciembre. Según la versión oficial, 2.427 correspondían a “civiles y fuerzas de seguridad”, sin más detalle público. Associated Press indicó que no podía evaluar el balance de forma independiente y Al Jazeera repitió el número como primer recuento oficial disponible.
Recuentos no oficiales crecieron en paralelo. HRANA publicó el 25 de enero un agregado de 5.459 muertes confirmadas y 17.031 adicionales “bajo investigación”, además de más de 40.000 arrestos. Reuters informó el 13 de enero que un funcionario situó “alrededor de 2.000” muertos y lo atribuyó a “terroristas”. En un despacho del 21 de enero, otro funcionario indicó que el número confirmado superaba 5.000, incluidos 500 miembros de las fuerzas de seguridad, antes del balance estatal de 3.117.
Time atribuyó la cifra de 30.000 a un recuento interno del sector salud y a un conteo clandestino en hospitales y equipos de primera respuesta. La revista identificó al oftalmólogo germano-iraní Amir Parasta como autor de un informe basado en registros hospitalarios que situó 30.304 muertos hasta un corte específico, con exclusiones explícitas: hospitales militares, traslados directos a morgues y localidades fuera del muestreo. Time aclaró que no podía verificar los datos y recogió cautelas metodológicas de especialistas.
Datos clave verificados y cifras bajo disputa
- Apagón nacional de internet desde el 8 de enero, con datos de NetBlocks.
- Balance oficial de 3.117 muertos difundido el 21 de enero por TV estatal.
- HRANA reportó 5.459 muertes confirmadas y 17.031 bajo investigación.
- Time citó “hasta 30.000” muertos en 48 horas según dos funcionarios.
- La ONU describió cifras “contestadas” y reforzó mecanismos de investigación.
Origen económico de las protestas y rápido giro político y social
Las manifestaciones empezaron el 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán por el deterioro económico, con inflación elevada y un rial en hundimiento. En pocos días, según reportes recogidos por Reuters, el foco dejó de ser estrictamente económico y se extendió a ciudades y localidades de distintas regiones. Las consignas ya apuntaban al núcleo del poder político y religioso, con un escenario que superó la queja inicial por precios y empleos.
Las autoridades reconocieron dificultades económicas y, en paralelo, atribuyeron el estallido a redes vinculadas al exterior. Anunciaron una respuesta policial más dura contra lo que calificaron como “alborotadores”. Esa doble narrativa fijó el marco inicial: admisión de problemas y, a la vez, señalamiento de injerencia extranjera para explicar la protesta. La tensión creció con convocatorias locales y con la circulación de testimonios sobre choques en puntos urbanos sensibles.
Durante la primera semana de enero, el rastro documental ya resultaba fragmentario y dependía de recuentos de organizaciones de derechos humanos y de testimonios de familiares y testigos. El 6 de enero, Reuters informó que grupos de derechos situaban al menos 25 muertos en los primeros nueve días y más de mil arrestos, con una advertencia de imposibilidad de verificación independiente. La opacidad se acentuó con relatos dispersos sobre víctimas y detenciones sin acceso pleno a expedientes públicos.
Ese mismo despacho de Reuters describió un patrón de doble discurso oficial. Por un lado, mensajes que presentaron las protestas económicas como “legítimas” y susceptibles de diálogo. Por otro, despliegues de gas lacrimógeno y actuaciones coercitivas en determinados puntos. El contraste entre lenguaje conciliador y medidas de fuerza alimentó dudas sobre la escala de la represión y multiplicó lagunas en la información disponible sobre heridos, detenidos y muertos.
Restricciones de internet y barreras para verificar víctimas y daños
El 8 de enero se produjo un giro central. Reuters informó de un apagón nacional de internet con datos de NetBlocks, mientras testigos en Teherán, Mashhad e Isfahán describieron nuevas concentraciones. Medios estatales, a la vez, insistieron en que reinaba la calma. Las restricciones de comunicaciones se prolongaron con distinta severidad y redujeron la capacidad de hospitales para informar, dificultaron la verificación de listas de muertos y limitaron el trabajo de periodistas y observadores.
Human Rights Watch afirmó el 16 de enero que existían indicios crecientes de “matanzas” a escala nacional tras la intensificación del 8 de enero, con miles de manifestantes y transeúntes que, según informes, murieron. El propio documento subrayó que las restricciones a comunicaciones impidieron medir el alcance real. La combinación de violencia letal y control de la información definió así el rasgo estructural que sostiene la incertidumbre sobre la cifra total de víctimas.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos recogió denuncias de uso de munición real y de armamento pesado contra manifestantes, además de detenciones masivas. El organismo destacó un corte casi total de internet y telecomunicaciones que impidió el escrutinio internacional y oscureció la escala de los hechos. Esa evaluación institucional colocó la conectividad como variable clave para entender el retraso en recuentos independientes y para identificar obstáculos a la preservación de pruebas.
Amnistía Internacional, en un comunicado del 23 de enero, atribuyó al apagón informativo una función operativa: impedir documentación en profundidad, facilitar confiscaciones de teléfonos y pérdida de pruebas audiovisuales, y aislar a la población. Reuters recogió el 21 de enero fuerzas de seguridad en calles y tejados, incluso en edificios residenciales, mezquitas y comisarías, con disparos de rifles y escopetas con perdigones metálicos, a menudo dirigidos a cabeza y torso de personas desarmadas, y con munición real utilizada de forma indiscriminada según testimonios.
Testimonios, misión de la ONU y persistencia de cifras inconciliables
El Consejo de Derechos Humanos describió la situación como una crisis con cifras “contestadas” porque el corte de telecomunicaciones permitió al Estado controlar el flujo de información y dificultó la verificación externa. En comunicaciones relacionadas, se mencionó que las autoridades informaron más de 3.000 muertes —incluidas fuerzas de seguridad—, mientras parte de la sociedad civil estimó “decenas de miles”. Sara Hossain señaló informes creíbles de miles de muertos y más de 24.000 arrestos y priorizó la preservación de pruebas para evaluar posibles crímenes, lo que incluye crímenes contra la humanidad.
La relatora especial Mai Sato estimó “al menos 5.000” civiles muertos y dijo haber recibido reportes de médicos dentro de Irán que situaron la cifra potencial en 20.000 o más. Aclaró que no se trataba de una estimación oficial de la ONU, sino de la valoración de una experta independiente. Su posición evidenció el uso de ventanas parciales de información clínica y testimonial que generan rangos de magnitud incompatibles con el recuento estatal.
Reuters documentó casos de víctimas fuera de las manifestaciones, como una menor que, según el testimonio de su madre, recibió disparos mientras observaba una plaza y cuya familia halló el cuerpo días después en un centro forense. Ese tipo de relatos, junto con informes sobre disparos desde motocicletas, presencia en tejados y ataques a instalaciones médicas, delineó un cuadro de uso extensivo de fuerza letal contra manifestantes y transeúntes. El Estado sostuvo que la violencia correspondió a “terroristas”.
Al 25 de enero, permanece establecido que las protestas comenzaron el 28 de diciembre, que el 8 de enero se reportó un apagón nacional de internet y que la cifra de muertos se convirtió en un terreno de disputa entre el Estado, organizaciones de derechos humanos y fuentes sanitarias bajo anonimato. La ONU reforzó mecanismos de investigación y pidió una pesquisa urgente. El número exacto de víctimas —y si alcanzó decenas de miles en 48 horas— carece de soporte público verificable. Time añadió que la evacuación de cadáveres superó capacidades y que hubo camiones de gran tonelaje por falta de ambulancias y material funerario.