El Parlamento de Portugal aprueba un proyecto para terminar la concesión de ciudadanía a descendientes de sefardíes, afectando a miles desde 2015.
El Parlamento portugués ha dado luz verde a un proyecto de ley que pretende cancelar el derecho a la ciudadanía para los descendientes de judíos sefardíes expulsados en la época de la Inquisición española. Esta iniciativa, respaldada por el Partido Socialista, podría ser efectiva a partir del 1 de enero, sujeto a futuras deliberaciones y modificaciones por parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos, Libertades y Garantías.
La ministra de Justicia, Catarina Sarmento e Castro, defendió la ley actual como un “deber de reparación histórica”, pero destacó que su objetivo simbólico ya se ha logrado. Se debate si la fecha límite para aplicar se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2024.
Datos revelan que hasta finales de 2022, aproximadamente 262.000 individuos habían solicitado la ciudadanía bajo esta ley, con 75.000 logrando la naturalización. A pesar de las restricciones impuestas en septiembre de 2022, hubo un alto volumen de solicitudes, incluyendo unas 21.000 de ciudadanos israelíes, según reportes del Servicio de Inmigración y Fronteras de Portugal.
Varios parlamentarios han expresado reservas sobre el cierre inminente de esta vía de naturalización. Patrícia Gilvaz, de la Iniciativa Liberal, y Pedro Delgado Alves, del Partido Socialista, sugirieron alternativas y extensiones, mientras Alma Rivera, del Partido Comunista, y Paula Cardoso, del Partido Socialdemócrata, discutieron la relevancia y posibles abusos en el sistema actual.
La ley, instaurada en 2015, ofrecía una ruta de ciudadanía menos rigurosa comparada con la “Ley de Retorno” de España, exigiendo solo un certificado de ascendencia sefardí y antecedentes penales limpios. Sin embargo, enfrentó desafíos, como acusaciones de fraude y el caso destacado del multimillonario Roman Abramovich, cuya ciudadanía levantó críticas por posibles ventajas geopolíticas.
En respuesta a controversias, el proceso endureció, pidiendo una “conexión genuina” con Portugal, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Augusto Santos Silva. Estos cambios generaron fricciones dentro de las comunidades judías y llevaron a investigaciones legales y detenciones, incluyendo la del rabino Daniel Litvak en Oporto.
En contraste, España cerró aplicaciones bajo su propia ley sefardí en 2021.