La Corte Constitucional de Perú aceptó el martes una solicitud de la oposición para que se dictamine si el presidente Martín Vizcarra disolvió ilegalmente el Congreso el mes pasado.
Vizcarra disolvió el Congreso de la República y convocó a nuevas elecciones legislativas para enero, lo que llevó al presidente del Congreso, Pedro Olaechea, a acusar al presidente de tomar el poder ilegalmente.
El tribunal votó unánimemente para aceptar la solicitud en una sesión cerrada, dijo su presidente Ernesto Blume, al tiempo que rechazó la solicitud de Olaechea de reabrir inmediatamente el Congreso y cancelar las elecciones del 26 de enero.
El gobierno tiene ahora 30 días para presentar sus argumentos ante el tribunal.
La decisión prolonga la incertidumbre política en un país que se ha visto desgarrado por enfrentamientos recurrentes entre el ejecutivo y el legislativo.
Una vez que el gobierno haya presentado sus pruebas, el tribunal convocará una audiencia en la que ambas partes podrán argumentar su caso.
Los jueces dispondrán entonces de 30 días para pronunciar su veredicto, que es inapelable.
Vizcarra se ha enfrentado repetidamente con el Congreso, que estuvo dominado por el partido Fuerza Popular Keiko Fujimori, quien se encuentra en una polémica prisión preventiva después de haber sido acusada de aceptar 1,2 millones de dólares en financiación de su partido para la campaña electoral que no ganó.
La llamada “campaña anticorrupción” del presidente ha demostrado ser popular entre el público en Perú, donde los cuatro líderes anteriores han sido investigados por corrupción, pese a que sobre él pesan más de 40 cargos por corrupción durante su gestión como gobernador regional.
Vizcarra argumenta que actuó dentro de sus poderes ejecutivos, alegando que los legisladores habían rechazado “fácticamente” dos votos de confianza. La ley peruana permite que un presidente cierre el congreso después de dos de esos votos.
