El programa Golden Dome del presidente estadounidense Donald Trump, concebido como escudo nacional contra misiles e inspirado en la arquitectura defensiva israelí, acumula retrasos relevantes tras el cierre del Gobierno federal que duró 43 días y concluyó el 13 de noviembre de 2025.
De acuerdo con fuentes de la Administración y de la industria consultadas por agencias internacionales, las demoras obedecen a la paralización de la contratación y a la ausencia de un plan detallado para ejecutar el primer tramo de financiación. En paralelo, el Pentágono ajusta la hoja de ruta y la configuración técnica del sistema.
El proyecto, anunciado el 20 de mayo de 2025 desde la Casa Blanca, prevé una red combinada de interceptores en el espacio, sensores, estaciones terrestres y un sistema de mando y control para detectar y neutralizar amenazas balísticas, hipersónicas y de crucero en distintas fases del vuelo. Además, fija como objetivo alcanzar capacidad de protección del territorio continental hacia 2028, con un coste estimado oficialmente en $175.000 millones, y asigna el liderazgo técnico al general Michael A. Guetlein, confirmado por el Senado el 17 de julio de 2025 como responsable directo del programa.
El cierre del Gobierno interrumpió el funcionamiento ordinario de la Administración entre octubre y noviembre y afectó a la contratación y a los procesos internos de autorización dentro del Departamento de Defensa. Por esa razón, los equipos encargados de preparar, revisar y firmar contratos se redirigieron a tareas de contingencia propias de la paralización presupuestaria. La reanudación de actividades no permitió recuperar de inmediato los plazos comprometidos para emitir los primeros encargos industriales antes de fin de año, según directivos del sector y funcionarios conocedores del expediente.
De forma simultánea a los efectos del cierre, el Pentágono continúa con el ajuste de los documentos rectores del programa. La oficina de Golden Dome presentó a mediados de noviembre un plan de implementación sujeto a revisión, mientras la arquitectura de referencia —el diseño que define capas, sensores, comunicaciones y tipología de interceptores— permanece en fase de ajuste. En consecuencia, sin una arquitectura final aprobada y sin el plan de gasto validado por el Congreso, el equipo gestor no puede licitar los grandes bloques de satélites, interceptores, estaciones terrestres y redes de integración, lo que aplaza el paso de la planificación a la ejecución contractual.
El Congreso habilitó en verano un primer tramo de financiación para defensa antimisiles y capacidades asociadas por $24.400 millones con vigencia plurianual hasta el 30 de septiembre de 2029, dentro de una norma de reconciliación presupuestaria. Ese monto constituye la dotación inicial para acelerar componentes clave del escudo. No obstante, los legisladores establecieron la obligación de remitir un plan detallado de ejecución a finales de agosto, y la Administración prevé entregar ese documento en diciembre, conforme a los calendarios de trabajo comunicados a comisiones legislativas.
La dimensión financiera del programa presenta un rango amplio en las evaluaciones públicas. En mayo, la Oficina Presupuestaria del Congreso calculó que un sistema de interceptores espaciales podría requerir entre $161.000 y $542.000 millones en dos décadas, según la magnitud de la constelación y el número de amenazas simultáneas a neutralizar. Estas estimaciones coexisten con el objetivo político de $175.000 millones anunciado por la Casa Blanca, que incorpora metas de calendario más exigentes.
La gestión del programa recae en una estructura específica que reporta de forma directa a la alta dirección del Departamento de Defensa. Tras la confirmación del general Guetlein por el Senado, la oficina de Golden Dome comenzó a reunir personal técnico y a establecer sistemas internos; además, completó plantillas con especialistas en misiles y en integración de sensores procedentes de distintos centros, entre ellos el complejo de Redstone Arsenal en Alabama. Aun así, el equipo no alcanzó la dotación interna prevista y registró la salida de un director técnico vinculado al diseño de la arquitectura del sistema, con un sustituto ya identificado.
El calendario operativo interno fijaba como hito la adjudicación por parte del Pentágono, antes del 31 de diciembre, de varios contratos marco para iniciar pruebas y fabricación de satélites, estaciones y elementos de red. Sin embargo, las dudas sobre la arquitectura final y la demora en el plan de gasto incrementan el riesgo de que esos encargos pasen al ejercicio siguiente. De acuerdo con empresas del sector, ese desplazamiento temporal encarecería partidas por desajustes de planificación industrial. En respuesta a consultas, la Casa Blanca indicó que el programa avanza y que se trabaja en la formalización por escrito de los compromisos tecnológicos, mientras el Departamento de Defensa señaló que preserva la información del programa para evitar ventajas indebidas de adversarios.
El esquema industrial previsto para los interceptores en órbita establece una competencia por fases con fondos de premios asociados a hitos técnicos, entre ellos ensayos en vuelo y demostraciones “en órbita”. La documentación dirigida al sector contempla cuatro variantes de interceptores —dos para fases de impulso a distinta altitud, una para fase media y otra contra blancos hipersónicos— y prevé que los consorcios asuman una parte relevante del coste de desarrollo durante la competición. Además, define premios escalonados entre $40 y $125 millones para quienes alcancen objetivos intermedios. A medio plazo, los contratos de producción podrían situarse entre $1.800 y $3.400 millones anuales por lote de interceptores, mientras los fabricantes estiman que diseñar, construir y ensayar un interceptor espacial puede exigir inversiones de entre $200 millones y $2.000 millones por participante.
Los grandes contratistas aeronáuticos y de defensa —incluidas corporaciones con experiencia en programas de misiles, satélites y mando y control— preparan propuestas para distintos segmentos de Golden Dome a la espera de que la Administración publique los pliegos definitivos. A la vez, el Pentágono centraliza sistemas de alerta temprana gestionados por diferentes agencias con el fin de generar datos homogéneos para el futuro escudo y mejorar la detección y el seguimiento de amenazas de diverso perfil.
La referencia israelí del programa consta en los mensajes oficiales que acompañaron su anuncio. Israel opera una defensa escalonada que integra, entre otros sistemas, Cúpula de Hierro para cohetes de corto alcance, Honda de David para amenazas de alcance medio y Arrow para misiles balísticos de mayor alcance; además, desarrolla el proyecto láser Iron Beam para intercepciones de menor coste por disparo. La propuesta estadounidense adopta una arquitectura en capas y la amplía con interceptores en órbita y una red de sensores distribuida, con énfasis explícito en misiles hipersónicos y trayectorias no convencionales.
El marco legislativo específico incluye la presentación en el Senado del proyecto de ley GOLDEN DOME Act, que compila hallazgos y directrices sobre defensa antimisiles y establece orientaciones para acelerar capacidades de detección, seguimiento e intercepción. La iniciativa se remitió a la Comisión de Servicios Armados tras su presentación el 23 de junio de 2025. En paralelo, diversas partidas en proyectos de ley de asignaciones y de autorización de defensa mencionan inversiones en alerta y seguimiento desde el espacio alineadas con los objetivos de Golden Dome.
Las cifras generales del programa se relacionan con el impacto del cierre gubernamental en la tramitación ordinaria. La firma presidencial de la ley que puso fin al cierre el 13 de noviembre permitió el retorno gradual del personal y la normalización de procesos. Aun así, los días acumulados sin plena capacidad administrativa dejaron expedientes pendientes de aprobación, como ocurre en otros ámbitos de la Administración federal. En el caso de Golden Dome, esa interrupción afectó la contratación de personal propio y la revisión de paquetes contractuales que deben pasar por las oficinas jurídicas y de adquisiciones antes de su publicación.
En materia de gobernanza, la oficina del programa mantiene una relación de dependencia directa de la Vicejefatura del Departamento de Defensa designada para la supervisión, con el objetivo de reducir cadenas de decisión y acelerar hitos. La confirmación del general Guetlein por voto por aclamación y su dependencia orgánica constan en los expedientes oficiales del Senado correspondientes a la 119.ª legislatura. Estas disposiciones resultan coherentes con la intención de reducir plazos frente a un calendario que, de acuerdo con los mensajes presidenciales, busca resultados tangibles dentro del periodo de mandato.
El avance técnico previsto para los próximos meses incluye la definición de la arquitectura base —capas, enlaces y jerarquía de sensores—, la aprobación del plan de gasto comprometido ante el Congreso y la emisión de licitaciones para satélites de seguimiento, nodos de enlace, estaciones terrestres y los primeros demostradores de intercepción en órbita. Además, la coordinación entre programas ya existentes de alerta y seguimiento en el marco de la seguridad nacional figura entre las tareas en curso para unificar flujos de datos y protocolos de actuación en la futura red.
La incertidumbre presupuestaria de medio plazo aparece en los análisis públicos de costes y en las cifras de inversión anual previstas para defensa. La Oficina Presupuestaria del Congreso sitúa el abanico de costes de interceptores espaciales en función del tamaño de la constelación y del número de amenazas a neutralizar, mientras la Cámara de Representantes ha comunicado incrementos en partidas para programas espaciales y de defensa antimisiles considerados complementos e instrumentos de integración en apoyo de Golden Dome. Estas líneas, si bien no constituyen la totalidad del escudo, añaden sensores y capacidades sin los cuales el sistema carecería de base operativa.
En síntesis, el programa se encuentra en transición entre el diseño de alto nivel y la contratación de componentes críticos. Existe un primer tramo de financiación autorizado a la espera de un plan de ejecución formalmente entregado a los comités del Congreso, y los plazos internos se han visto comprometidos por la paralización gubernamental. La Administración mantiene la protección de información sensible del programa, mientras las empresas se preparan para competir por segmentos de satélites, interceptores y redes de integración en cuanto se publiquen los pliegos y se cierre la arquitectura definitiva.