Washington ejecutó un ataque con un MQ-9 Reaper contra un muelle ligado al Tren de Aragua y lo integró a una ofensiva contra el narcoterrorismo.
Ataque con dron en Venezuela y ofensiva de EE. UU. contra el narcoterrorismo
En diciembre de 2025, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos ejecutó un ataque con drones contra una instalación portuaria en la costa venezolana, en un muelle remoto que fuentes conocedoras describieron como almacén y punto de traslado de narcóticos del Tren de Aragua hacia mercados internacionales. La acción representó la primera intervención conocida de fuerzas estadounidenses en el territorio continental venezolano durante el mandato del presidente Donald Trump y formó parte de una ofensiva contra el narcoterrorismo que Washington vinculó al gobierno de Nicolás Maduro.
En la operación se empleó un dron MQ-9 Reaper con misiles AGM-114 Hellfire, un sistema desplegado en el Caribe desde septiembre de ese año para misiones de vigilancia y ataques selectivos. El ataque no causó víctimas humanas porque las instalaciones permanecían desocupadas en el momento del impacto, de acuerdo con informes de inteligencia estadounidenses citados por medios como The New York Times y CNN. La secuencia operacional incluyó meses de patrullaje previo y evaluaciones sobre la red criminal objetivo.
El hecho se relacionó con una serie de acciones militares iniciada meses antes, después de que un MQ-9 Reaper destruyó una embarcación en aguas del Caribe meridional y causó la muerte de once individuos que Estados Unidos identificó como miembros del Tren de Aragua. Esa acción inicial estableció un precedente para nuevas interdicciones, según la evaluación oficial. Los blancos se conectaron con rutas marítimas que, de acuerdo con Washington, facilitaron envíos de cocaína hacia Europa y Norteamérica.
Entre los actores principales figuraron el Departamento de Defensa de Estados Unidos, la CIA y el Comando Sur de las Fuerzas Armadas, frente a una red criminal originada en Venezuela que extendió operaciones a varios países de América Latina y, en menor medida, a Estados Unidos. El diseño de la campaña combinó inteligencia, vigilancia persistente y golpes de precisión. La disputa política con Caracas acompañó cada paso y elevó la atención internacional sobre los métodos, la legalidad y los efectos regionales.
Datos clave del operativo y del contexto regional
- Fecha del ataque al muelle: 24 de diciembre de 2025.
- Plataforma y armamento: MQ-9 Reaper con misiles AGM-114 Hellfire.
- Despliegue regional: aeronaves con base en Puerto Rico desde septiembre de 2025.
- Balance hasta diciembre de 2025: más de treinta embarcaciones destruidas y más de cien muertes.
- Principales actores: Departamento de Defensa, CIA y Comando Sur frente al Tren de Aragua.
Origen, expansión y alianzas del Tren de Aragua en América Latina
El Tren de Aragua surgió en 2013 como una banda carcelaria en la prisión de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua, bajo el liderazgo de Héctor Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”. En su origen se concentró en extorsiones y control interno penitenciario; con rapidez, la organización pasó a actividades transnacionales que incluyeron tráfico de drogas, trata de personas, secuestro y asesinato por encargo. La estructura consolidó mandos y extendió su alcance más allá del sistema penitenciario.
Documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos y reportes de la Organización de las Naciones Unidas señalaron alianzas con carteles como el de los Soles, una red que informes describieron como integrada por altos funcionarios del gobierno venezolano. Esa cooperación permitió el uso de puertos y rutas marítimas para envíos de cocaína provenientes de Colombia y Venezuela con destino a Europa y Norteamérica. La convergencia fortaleció la capacidad logística y el influjo financiero del grupo.
La expansión del grupo se aceleró a partir de 2018 y coincidió con la crisis migratoria venezolana; esa dinámica facilitó su inserción en países como Colombia, Perú, Chile y Ecuador. En esos territorios, informes de Interpol y de la Policía Nacional de Colombia atribuyeron al grupo un incremento documentado de violencia organizada. Diversas autoridades registraron patrones de extorsión, control territorial y delitos asociados que consolidaron su presencia y su capacidad de recomposición ante operativos policiales.
En Estados Unidos, el Departamento de Justicia designó al Tren de Aragua como organización terrorista transnacional en julio de 2025 y mencionó evidencias de participación en tráfico de fentanilo y extorsiones en ciudades como Nueva York y Chicago. Esa clasificación habilitó mecanismos legales para congelar activos y coordinar acciones internacionales contra sus redes. El anuncio buscó presionar fuentes de financiamiento y facilitar procesos judiciales con socios de la región durante el segundo semestre de 2025.
Despliegue del MQ-9 Reaper, cronología de ataques y reacciones
El MQ-9 Reaper ocupa un lugar central en la estrategia militar estadounidense contra amenazas asimétricas. General Atomics Aeronautical Systems desarrolló el sistema, cuya operación recae principalmente en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y en la CIA. El vehículo aéreo no tripulado alcanza una autonomía de hasta 27 horas de vuelo, puede portar hasta 1.700 kilogramos de armamento y cuenta con sistemas ELINT para recolectar señales. Desde 2007 participó en operaciones contraterroristas en Oriente Medio y África.
En el Caribe, el despliegue comenzó en septiembre de 2025, con bases en Puerto Rico, como el Aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla. En ese lugar se observaron unidades armadas con hasta diez misiles Hellfire, una configuración poco habitual que sugirió un aumento de misiones de ataque. El Comando Sur confirmó el envío de diez MQ-9 Reaper a la región como parte de la Operación Southern Spear, una iniciativa de agosto de 2025 para interceptar embarcaciones vinculadas al narcotráfico.
La cronología de acciones arrancó el 3 de septiembre de 2025, cuando un MQ-9 Reaper lanzó un misil Hellfire contra una lancha rápida de cuatro motores en el Caribe sur, a unas 40 millas náuticas de la costa venezolana. El Pentágono informó que la embarcación transportaba narcóticos y que once miembros del Tren de Aragua la operaban; la acción destruyó la nave y causó la muerte de todos los ocupantes. El presidente Trump confirmó la operación y la enmarcó como golpe contra narcoterroristas con apoyo del régimen de Maduro.
Autoridades venezolanas recuperaron fragmentos de misiles, y análisis independientes que Reuters reportó los describieron como compatibles con el AGM-114 Hellfire. Venezuela rechazó la versión estadounidense, afirmó que los ocupantes no pertenecían al Tren de Aragua y señaló una violación de su soberanía, sin aportar evidencias alternativas en documentos públicos. Según el Comando Sur, esa serie de ataques destruyó más de treinta embarcaciones y causó más de cien muertes hasta diciembre de 2025.
Ataque del 24 de diciembre, evidencia pública y despliegue adicional
La secuencia culminó el 24 de diciembre de 2025 con el ataque al muelle en la costa venezolana. Fuentes del Departamento de Defensa indicaron que la CIA coordinó la operación y que un MQ-9 Reaper con base en Puerto Rico lanzó misiles contra la estructura portuaria, que evaluaciones de inteligencia describieron como almacén de drogas del Tren de Aragua. Imágenes de rastreo de vuelos y fotografías difundidas por The War Zone mostraron drones con armamento pesado sobre el Caribe en semanas previas.
El gobierno venezolano denunció el incidente como acto de guerra, y el Ministerio de Relaciones Exteriores informó ausencia de víctimas y reportó daños materiales significativos. Expertos en armamento citados por The New York Times indicaron que los restos hallados en el sitio resultaban compatibles con componentes de misiles Hellfire disparados desde un Reaper. Estados Unidos acompañó esas acciones con otras medidas militares, entre ellas el despliegue de portaaviones y aviones de combate F-35 en aguas cercanas.
Las reacciones internacionales mostraron diferencias. El presidente colombiano Gustavo Petro condenó el ataque de septiembre y lo calificó como asesinato, con el argumento de que afectaba esfuerzos regionales contra el crimen organizado, según declaraciones recogidas por Reuters. En contraste, gobiernos como el de México cooperaron con extradiciones de miembros del Tren de Aragua detenidos en su territorio, y esa coordinación permitió más de una docena de traslados a Estados Unidos entre octubre y diciembre de 2025.
Organizaciones como Amnistía Internacional expresaron preocupaciones por posibles violaciones del derecho internacional humanitario, con énfasis en el uso de aeronaves camufladas como civiles en operaciones iniciales, un dato que The New York Times reportó en enero de 2026. El Pentágono defendió las acciones como proporcionales y basadas en inteligencia verificada, y no confirmó ni negó el uso de camuflaje aéreo. El debate sobre legalidad y transparencia permaneció abierto ante nuevas evidencias y comunicados oficiales.
Inteligencia, discrepancias sobre blancos y continuidad hasta enero de 2026
Desde el punto de vista técnico, el empleo del MQ-9 Reaper evidenció capacidad de operación en entornos marítimos. Con contenedores de inteligencia electrónica, estos drones recolectaron datos sobre rutas de tráfico antes de los ataques, según análisis de vuelo publicados por Aviation Intel. El Comando Sur reportó misiones de vigilancia continua y la fusión de datos de radares y satélites para identificar objetivos. La combinación tecnológica apuntó a labores de localización y selección de blancos de alto impacto operacional.
Persistieron discrepancias entre fuentes sobre identidades de los objetivos. Estados Unidos afirmó que todas las personas muertas en el ataque de septiembre pertenecían al Tren de Aragua, mientras Venezuela sostuvo lo contrario y difundió identidades civiles en comunicados oficiales sin verificación independiente. La ausencia de coincidencias cuestionó el alcance de las verificaciones previas y reforzó la discusión pública sobre atribución, proporcionalidad y responsabilidad estatal en escenarios de interdicción marítima y ataques en territorio cercano.
Hasta enero de 2026, las operaciones continuaron con despliegues activos de MQ-9 Reaper en el Caribe. Además, el Tesoro estadounidense impuso sanciones adicionales a redes financieras ligadas al Tren de Aragua y congeló activos por valor de miles de millones de dólares. La situación a enero de 2026 señaló un aumento de medidas militares y económicas, con más de cien embarcaciones interceptadas y decenas de arrestos en coordinación con aliados regionales y con agencias de seguridad federales.
Documentos de la ONU señalaron la persistencia de lagunas en la información pública sobre las identidades precisas de los objetivos, un factor que mantuvo preguntas sobre el alcance de las verificaciones antes de cada ataque. La evolución de estos hechos dependerá de la dinámica diplomática entre Washington y Caracas, donde las tensiones permanecieron sin resolución formal documentada. La incertidumbre resultante condicionó reacciones oficiales y evaluaciones técnicas en documentos y reportes públicos.