Portugal se encamina a retirar sus F-16AM/BM y valora un sustituto, con el Lockheed Martin F-35 como alternativa preferida por criterios estrictamente militares, según el general João Cartaxo Alves, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, en una entrevista del 19 de diciembre de 2025.
En esa conversación, el general precisó que Lisboa maneja una banda de 14 a 28 aeronaves. También subrayó que la elección debe armonizar con otros sistemas de defensa antiaérea. La inversión se sitúa entre 3.000 y 4.800 millones de euros, dentro de la Ley de Programación Militar.
La Fuerza Aérea asocia el relevo del F-16 con el desgaste acumulado y con el salto tecnológico en los medios de combate. Cartaxo Alves atribuyó el retraso a una planificación tardía: afirmó que el cambio debió empezar hace unos veinte años, y recordó el calendario compartido con Dinamarca y Noruega.
Según explicó, esos países abrieron sus reemplazos en 2008 o 2009. En 2025, añadió, los F-16 más recientes suman 31 años de servicio y los más antiguos se acercan a los cuarenta. Describió ese recorrido como inusual en una aeronave con empleo activo continuado.
Las mejoras extendieron la vida útil del F-16AM/BM y sostuvieron su valor en las misiones asignadas, pero el debate sobre su continuidad a medio plazo siguió abierto. En esas modernizaciones, Portugal aplicó el programa Mid-Life Update (MLU), según la información difundida por el Estado Mayor del ramo.
El mismo Estado Mayor indicó que el primer vuelo de un F-16 MLU con emblemas nacionales tuvo lugar el 26 de junio de 2003. Ese hito se integró en el ciclo de actualización, sin cerrar la necesidad de un relevo estructural conforme avanzan los sistemas y cambian los requisitos operativos de la Fuerza Aérea.
Mientras la Fuerza Aérea sostiene el criterio técnico, el Gobierno mantiene abierto el terreno político e industrial. El ministro de Defensa, Nuno Melo, defendió el 5 de noviembre de 2025 incentivar la competencia entre el F-35 y cazas europeos avanzados para mejorar precio y retornos, y dijo en el Parlamento que la selección no había arrancado.
En esa comparecencia, Melo citó la participación industrial, las transferencias tecnológicas y la financiación asociada. Además, encuadró la decisión en el refuerzo del pilar europeo de la OTAN, sin abandonar la dimensión transatlántica. El planteamiento buscó combinar intereses industriales con necesidades operativas y compromisos estratégicos.
Ese enfoque llegó tras una advertencia previa desde el ministerio. El 14 de marzo de 2025, Melo afirmó que la “imprevisibilidad” de la política estadounidense podía pesar en la elección. Explicó que un aliado puede imponer límites ligados al uso, el mantenimiento o los componentes necesarios para sostener la operatividad.
Aquel día, el ministerio señaló que no excluía el F-35, aunque lo evaluaba junto con “diferentes modelos disponibles en Europa”, dentro de una fase preliminar. El mensaje reflejó cautela sobre dependencias externas y sobre eventuales restricciones, sin convertir esa inquietud en un veto anticipado.
En la entrevista del 19 de diciembre, Cartaxo Alves acotó las responsabilidades en el proceso. Indicó que la Fuerza Aérea debe señalar la opción militar más adecuada para cubrir una capacidad concreta. Luego, añadió, el poder político decide si sigue adelante, tras sopesar ventajas, desventajas y riesgos.
En ese marco, el general volvió a presentar el F-35 como la alternativa “más natural”. También situó el debate en una lógica de largo recorrido: habló de horizontes de unas dos décadas para sistemas de alta complejidad tecnológica. La planificación, dijo, exige coherencia sostenida y visión de ciclo completo.
La preferencia por un caza de quinta generación se apoya en capacidades que la documentación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos atribuye al F-35A. Entre ellas figuran la baja observabilidad, la aviónica integrada y la fusión de sensores. Además, se destaca una arquitectura orientada a recopilar, integrar y distribuir información.
El mismo documento describe al F-35A como un avión polivalente, capaz de soportar altas cargas de maniobra. También lo enmarca en un modelo de conectividad y compartición segura de datos con plataformas aéreas, navales y terrestres, a través de enlaces que sostienen la coordinación en entornos complejos.
La entrevista publicada en diciembre añadió que el reemplazo no debe tratarse como una decisión aislada. Cartaxo Alves insistió en que la conectividad y la integración en red determinan el rendimiento de cualquier plataforma. Por eso, citó la necesidad de enlazar el futuro caza con radares nuevos y defensas antiaéreas integradas.
En esa línea, mencionó la renovación de radares y la instalación de sensores nuevos en las Azores. Describió un esquema de defensa antiaérea basado en la interconexión de aeronaves y sistemas terrestres, con el fin de evitar duplicidades de fuego y optimizar asignación de blancos mediante algoritmos y herramientas de inteligencia artificial.
El tamaño de la flota queda ligado a la misión de defensa antiaérea y a una ejecución por etapas. El general afirmó que Portugal trabaja de forma paralela con conceptos de quinta y de sexta generación. Esa doble trayectoria, explicó, permite una compra escalonada: una primera fase reducida y otra posterior.
Según añadió, esa secuencia no implica renunciar a una transición futura hacia sistemas más nuevos. En ese punto, fijó el rango de 14 a 28 aeronaves como referencia estable “independientemente de la solución elegida”. Situó el cálculo entre necesidades, plazos de entrega y el objetivo de evitar un vacío de capacidad.
El factor presupuestario también quedó expresado como intervalo, no como cifra única. Cartaxo Alves señaló que, con F-35 u otra opción, los costes se mueven en rangos similares, de 3.000 a 4.800 millones de euros. Recordó que en el pasado circularon referencias cercanas a los 5.000 millones.
Afirmó que la compra debe encajar en la Ley de Programación Militar. También aludió a que el programa europeo SAFE abrió vías de financiación para determinados sistemas, aunque no vinculó ese encaje a la adquisición del avión como tal. La mención introdujo el marco financiero europeo sin concretar un destino exacto.
SAFE sí apareció con más detalle en el discurso gubernamental semanas antes. El 28 de noviembre de 2025, el ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, anunció que Portugal pidió 5.800 millones de euros en préstamos de bajo coste dentro de SAFE, iniciativa de la Unión Europea valorada en 150.000 millones.
Según Reuters, esos préstamos pueden llegar a vencimientos de hasta 45 años y contemplan 10 años de carencia. La Comisión Europea prevé autorizar los primeros desembolsos a comienzos de 2026. El Gobierno portugués no especificó entonces qué equipos financiaría, aunque sí expresó la meta de impulsar la industria nacional.