La Corte Penal Internacional (CPI) decidió anticipar tres meses de salario a su personal para protegerlo de posibles sanciones de Estados Unidos, según informaron el viernes dos fuentes. Estas medidas buscan mitigar el impacto de restricciones financieras que podrían paralizar al tribunal de crímenes de guerra.
Este mes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó para sancionar al tribunal tras la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y un exministro de Defensa, relacionados con la campaña militar contra Hamás iniciada el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza. Además, el tribunal emitió órdenes contra líderes de Hamás como Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh y Mohammad Deif; aunque Deif sigue siendo objeto de la orden, ya que el grupo terrorista no ha confirmado oficialmente su muerte.
El proyecto de ley propone sancionar a cualquier extranjero que investigue, detenga o procese a ciudadanos de Estados Unidos o de países aliados no miembros de la CPI, lo cual incluye a Israel. Aunque las posibles sanciones y sus efectos no están del todo definidos, el tribunal ya se prepara para enfrentar graves repercusiones financieras, señalaron las fuentes bajo anonimato.
Una fuente indicó que se están almacenando pruebas ante el riesgo de que Microsoft, empresa tecnológica estadounidense, deba cesar sus servicios con la CPI. En respuesta, el tribunal afirmó a Reuters que no comentará sobre medidas internas adoptadas para proteger a su personal y operaciones.
Los legisladores que respaldan el proyecto buscan una pronta votación, posiblemente la próxima semana, pese a estar ocupados con la confirmación de funcionarios de la administración de Donald Trump. Esta sería la segunda ocasión en que Estados Unidos toma represalias contra la CPI. En 2020, el gobierno de Trump sancionó a la fiscal Fatou Bensouda y a un colaborador por investigar crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.
De aprobarse las sanciones, cualquier banco con vínculos con Estados Unidos o que opere en dólares enfrentaría restricciones para colaborar con la CPI, afectando drásticamente sus operaciones financieras.
La Corte Penal Internacional, integrada por 125 países miembros, enjuicia crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y agresión cometidos en territorios de los Estados miembros o por sus ciudadanos. Sin embargo, Estados Unidos, China, Rusia e Israel no forman parte del tribunal.
En diciembre, la jueza Tomoko Akane, presidenta del tribunal, advirtió que estas sanciones podrían “desestabilizar rápidamente su funcionamiento y poner en riesgo su existencia”.