Las fuerzas israelíes irrumpieron en un centro vocacional y ordenaron el cierre de tres escuelas administradas por la UNRWA en el Este de Jerusalén, según denunció la agencia de la ONU para los refugiados palestinos.
Estas medidas afectaron a unos 600 estudiantes y forman parte de la decisión de Israel de prohibir el funcionamiento del organismo en su territorio. La UNRWA informó que la policía y funcionarios municipales entraron por la fuerza en el centro de formación de Kalandia, lanzaron gases lacrimógenos y granadas de sonido y ordenaron evacuar el lugar. En el momento del operativo, había 350 estudiantes y 30 empleados dentro del recinto, ubicado en las afueras del campo de refugiados de Qalandiya, cerca de Jerusalén Oriental.
Las autoridades israelíes también clausuraron otras tres escuelas de la UNRWA en el Este de Jerusalén, afectando a 250 menores. Sin embargo, dos de los centros continuaron funcionando pese a la orden de cierre, según la agencia de la ONU.
Un portavoz de la policía israelí declaró que los agentes actuaron en cumplimiento de una orden del ayuntamiento de Jerusalén, aunque ningún funcionario municipal estuvo disponible para dar declaraciones.
El director de la UNRWA, Philippe Lazzarini, condenó las medidas y las calificó como “una violación del derecho básico a la educación, así como de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas”. También insistió en que las instalaciones de la ONU deben ser respetadas y protegidas en todo momento.
Roland Friedrich, director de la UNRWA en Judea y Samaria y Jerusalén Oriental, describió los allanamientos como “inaceptables” y una vulneración del derecho de los niños a recibir educación.
En enero, Israel rompió todos los vínculos con la UNRWA y le prohibió operar en su territorio. La Knéset aprobó la medida en noviembre con amplio respaldo, incluyendo el de partidos de la oposición, en respuesta a acusaciones sobre la participación de empleados del organismo en actividades terroristas en Gaza. Israel presentó pruebas de que algunos trabajadores de la agencia estuvieron involucrados en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y que sus infraestructuras fueron utilizadas para fines terroristas. También denunció que las escuelas de la UNRWA promovieron el odio contra Israel y ensalzaron la violencia contra ciudadanos israelíes.
Desde su creación en 1949, la UNRWA ha gestionado escuelas y centros de salud en Jerusalén Oriental para miles de refugiados palestinos. La agencia brinda asistencia a millones de personas en Gaza, Judea y Samaria, Siria, Líbano y Jordania, y tiene registrados a unos 5,9 millones de refugiados palestinos, descendientes de quienes fueron desplazados en la guerra de 1948.
Israel sostiene que la UNRWA perpetúa la guerra al mantener un sistema único en el mundo donde el estatus de refugiado se transmite de generación en generación. Las tensiones entre el organismo y el gobierno israelí se agudizaron tras el ataque de Hamás del 7 de octubre, cuando 3.000 terroristas cruzaron la frontera, asesinaron a unas 1.200 personas y secuestraron a 251.
Israel ha insistido en que al menos una docena de empleados de la UNRWA participaron en el ataque y que otras agencias pueden asumir la prestación de servicios esenciales y labores de reconstrucción en Gaza. La ONU y varios gobiernos donantes han rechazado este argumento.
Investigaciones, entre ellas una dirigida por la ex ministra francesa de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, identificaron problemas de neutralidad dentro de la UNRWA, pero concluyeron que Israel no presentó pruebas contundentes sobre sus acusaciones principales.