Cuando se formaron las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, representaron un nuevo y brillante ideal. Viviríamos juntos en hermandad. Desterraríamos la guerra. Venceríamos a la tiranía.
Si la ONU alguna vez estuvo a la altura de ese ideal, eso fue hace mucho tiempo. Ahora es una burocracia mundial hinchada y corrupta que parece cada vez más un brazo de la fuerza quizá más peligrosa del planeta: el Partido Comunista Chino.
Emma Reilly es abogada de derechos humanos. Trabaja en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde 2012. En 2013 se le pidió que entregara al gobierno chino los nombres de disidentes y defensores de los derechos humanos que tenían previsto asistir a una reunión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Las personas en cuestión iban a asistir a la reunión para presentar quejas sobre los abusos de los derechos humanos por parte de los comunistas chinos. La solicitud de sus nombres procedía de Pekín.
Reilly, como es lógico, se quedó atónita y alarmada por la petición. Era obvio para ella, como lo sería para cualquier persona con un poco de sentido común, que los chinos querían los nombres para poder tomar medidas contra los individuos en cuestión. Proporcionar la información solicitada a Pekín pondría en peligro la vida de las personas.
“Me pareció muy peligroso. No se me ocurría un propósito para el que China quisiera esta información que no fuera el de intimidar a los disidentes y a sus familias”, dijo Reilly en una entrevista reciente.
“También me pareció que iba claramente en contra del mandato de la OACDH y de las normas del Consejo de Derechos Humanos. La oficina de derechos humanos de la ONU no debe facilitar activamente las violaciones de los derechos humanos por parte de China, y eso no debería ser una postura controvertida”.
Reilly protestó ante sus superiores. Luego volvió a protestar. Sus protestas fueron ignoradas. Los nombres fueron entregados. Las Naciones Unidas no lo niegan. De hecho, no solo ha admitido que lo hizo, sino que ha afirmado que tomó “medidas de precaución” para garantizar la seguridad de los activistas chinos. Cuáles podrían ser esas medidas sigue siendo un misterio.
No se trata de un incidente aislado. Según Reilly, a pesar de sus continuos esfuerzos por poner fin a esta práctica, los nombres de los disidentes chinos que testifican ante las Naciones Unidas siguen siendo entregados de forma rutinaria a las autoridades comunistas chinas hasta el día de hoy. Reilly sigue en la nómina de la ONU, pero en aparente represalia por sus denuncias ha sido trasladada a un nuevo puesto en el que no tiene funciones reales y está apartada de cualquier trabajo real.
La ONU, por su parte, afirma que dejó de compartir nombres con los chinos hacia 2015. No ha ofrecido ninguna prueba para justificar esta afirmación.
Entre las personas cuyas identidades fueron entregadas a Pekín por la ONU se encontraban musulmanes uigures, activistas pro-Tibet y otras personas que planeaban denunciar los abusos de Pekín contra los derechos humanos. En algunos casos, las autoridades chinas impidieron a las personas cuyos nombres se entregaron al régimen testificar. Algunos de estos individuos fueron interceptados por los chinos y detenidos. En otros casos, sus familiares fueron secuestrados, torturados y, en algunos casos, asesinados.
No todos los individuos cuya identidad se entregó a los chinos eran ciudadanos chinos. Algunos de ellos eran ciudadanos de otros países, como Estados Unidos y Alemania. Reilly afirma que se lo comunicó a ambos países y que ninguno de ellos hizo nada para protestar contra el proceso.
El gobierno de China es una empresa criminal y totalitaria. Practica la extracción forzada de órganos a escala industrial. Participa activamente en el genocidio del pueblo uigur. Lleva a cabo un proyecto de décadas para borrar por completo la cultura tibetana de la faz de la Tierra. Ha ocupado Hong Kong, ha aplastado su movimiento democrático y está implantando rápidamente un control totalitario sobre esa ciudad, antaño libre y vibrante.
El Partido Comunista Chino controla a su propio pueblo a través de un gigantesco sistema de vigilancia interna como nunca se ha visto en el mundo. Vigila las actividades de los disidentes en todo el mundo y los persigue sin descanso.
El alcance del Partido Comunista Chino se extiende incluso a Estados Unidos. El Departamento de Justicia ha acusado recientemente a nueve personas, entre ellas ciudadanos chinos y un investigador privado estadounidense, de formar parte de una operación del gobierno chino denominada “Fox Hunt”. El objetivo de esta operación era localizar y acosar a los disidentes chinos en Estados Unidos para luego repatriarlos por la fuerza a China. Los equipos chinos de Fox Hunt están compuestos por agentes del Ministerio de Seguridad Pública de Pekín.
La ONU debería oponerse resueltamente a todo esto. El hecho de que no lo haga y, de hecho, ayude activamente a esta actividad monstruosa es chocante y repugnante.
Tiene que haber una investigación inmediata y agresiva de la práctica descubierta. Estados Unidos tiene que liderar el camino. Los responsables no solo deben perder sus puestos de trabajo, sino que deben ser procesados como cómplices de abusos de los derechos humanos, tortura y asesinato. Las Naciones Unidas olvidaron su propósito hace tiempo. Eso no significa que debamos permanecer en silencio ante esta actividad criminal.
La ONU ha traicionado su carta y sus ideales. Nosotros no debemos traicionar los nuestros.