El tribunal respaldado por la ONU que investiga el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri en 2005 dice que se enfrenta a una grave crisis de financiación y que no podrá funcionar más allá de julio si no recibe ayuda inmediata.
El anuncio del Tribunal Especial para el Líbano se produce en un momento en el que el país se encuentra sumido en una crisis económica sin precedentes, culminación de décadas de corrupción y mala gestión generalizadas.
Aunque el veredicto del tribunal emitido el pasado mes de agosto, 15 años después del asesinato de Hariri, fue decepcionante para muchos libaneses, poner fin a la labor del tribunal suscitaría preocupación en el pequeño país donde los asesinatos políticos han quedado sin castigo durante décadas.
Llega en un momento en que algunos libaneses exigen una investigación internacional sobre la explosión del 4 de agosto en el puerto de Beirut, que causó 211 muertos, más de 6.000 heridos y daños en los barrios cercanos.