La activista antigubernamental israelí Yolanda Yavor, profesora de la Universidad de Tel Aviv y vecina de Or Akiva, ha anunciado una huelga de hambre desde el martes 2 de diciembre de 2025 en el centro de detención de Kishon, en el norte de Israel, en protesta por su arresto por presunta incitación a la violencia y amenazas contra el primer ministro Benjamin Netanyahu a través de publicaciones en redes sociales.
La policía del distrito costero detuvo a Yavor el viernes 28 de noviembre, después de examinar mensajes difundidos en su cuenta de Facebook que, a juicio de los investigadores, contenían llamamientos a la violencia contra Netanyahu y otras personas. Desde entonces permanece en prisión preventiva en Kishon, mientras el Juzgado de Primera Instancia de Haifa ha prorrogado en varias ocasiones su detención a petición de la policía. Los partes judiciales señalan que, pese a estas prórrogas, la fiscalía aún no ha presentado una acusación formal contra la académica.
La publicación que originó el nuevo expediente presentaba la situación política como una disyuntiva entre “ser” o “no ser” y definía la primera opción como la necesidad de “luchar” contra “el traidor”, en referencia al primer ministro, contra sus “portavoces” y “colaboradores” y contra unas “milicias tipo Freikorps”, utilizando “toda la fuerza y todos los medios”. En el mismo mensaje, Yavor escribió que una dictadura no se derriba mediante elecciones, acompañó el texto con una imagen del levantamiento que culminó con la caída de Nicolae Ceausescu en Rumanía y añadió etiquetas en las que acusaba a Netanyahu de traición y advertía “vamos a por ti”.
Los antecedentes de la docente forman parte del contexto del caso actual. En septiembre, la policía ya había abierto una investigación por presunta incitación cuando Yavor difundió en Facebook un vídeo en el que se veía en llamas la residencia del primer ministro de Nepal, acompañado de un comentario que sugería que ese era el único modo de provocar un cambio. Entonces fue detenida, un tribunal prorrogó brevemente su arresto y más tarde la dejó en libertad en régimen de arresto domiciliario con restricciones, después de que la profesora aceptara eliminar la publicación cuestionada.
En la causa actual, el Juzgado de Haifa ha prolongado la detención de Yavor al menos hasta finales de noviembre y posteriormente por veinticuatro horas adicionales, después de que la policía solicitara extensiones de hasta cuatro días para completar diligencias. La decisión del juez Boris Sherman subraya que la libertad de expresión no ampara la comisión de delitos y menciona la existencia de indicios de un llamamiento a la violencia, así como el riesgo de que la puesta en libertad de la sospechosa pueda poner en peligro la seguridad pública o interferir en la investigación.
Durante una de las vistas de prórroga, Yavor declaró ante los medios que, según ella, otras personas que amenazan o agreden a manifestantes opositores actúan sin sufrir detenciones, mientras ella permanece bajo custodia, y pronunció una frase en la que ironizó sobre el apodo del primer ministro. Sus abogados sostienen que la investigación tiene motivaciones políticas, afirman que la profesora no representa un peligro real y advierten de que el mantenimiento de la detención, ahora unido a la huelga de hambre, pone en riesgo su vida y su salud. La propia activista ha explicado, a través de sus representantes y de mensajes previos, que recurre a la huelga como forma de protesta contra las políticas del gobierno y la actuación de los cuerpos de seguridad.
Fuera de los tribunales y del centro de detención, grupos de apoyo han organizado concentraciones ante la cárcel de Kishon para reclamar la liberación de Yavor y denunciar lo que consideran un uso expansivo de las normas sobre incitación en el contexto de las protestas antigubernamentales. Según los medios israelíes, la denuncia inicial que dio origen al caso la presentó el movimiento Im Tirzu, que tras conocerse la huelga de hambre insistió en que la activista debe permanecer encarcelada y calificó sus publicaciones como incitación grave.
La policía investiga los hechos bajo la figura de la incitación a la violencia, un delito previsto en el derecho penal israelí que castiga la difusión de llamamientos a actos violentos, cuando existe una posibilidad real de que se materialicen, con penas de hasta cinco años de prisión.
Yolanda Yavor ejerce como profesora en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Tel Aviv, es especialista en textos islámicos antiguos y procede de un entorno haredí del que se desvinculó en el pasado. Desde hace meses participa de forma activa en las movilizaciones contra el gobierno de Netanyahu, lo que la ha convertido en una figura conocida en las protestas en el norte del país, mientras su situación procesal queda ahora marcada por la combinación entre la investigación por presunta incitación y la protesta que representa su huelga de hambre en prisión.