El ministro de Defensa y de Justicia, Benny Gantz, hizo saltar las alarmas el martes diciendo que Israel calcula que cientos de ciudadanos israelíes podrían ser objeto -en un futuro no muy lejano- de investigaciones por crímenes de guerra por parte de la Corte Penal Internacional.
Incluyéndose a sí mismo entre los israelíes que podrían ser amenazados con ser arrestados, Gantz dijo a Reuters que Israel está trabajando duro para proteger a esos israelíes.
“Nunca he tenido miedo de cruzar las líneas enemigas, seguiré estando donde tenga que estar”, dijo.
En una entrevista en la frontera de Israel con Gaza, Gantz calificó la sentencia de “acontecimiento negativo” y añadió: “Tenemos nuestros propios equipos trabajando en diferentes (lugares) para intentar (e) influir (en la CPI)”.
Los comentarios de Gantz entraron en contradicción directa con las declaraciones realizadas a principios de febrero por altos funcionarios jurídicos israelíes cuando el enfrentamiento de Israel con la CPI se puso en marcha.
Al preguntársele cuántos israelíes, incluido él mismo, podrían ser objeto de detención en caso de que la indagación condujera a investigaciones penales, Gantz dijo: “Supongo que varios cientos, pero nos ocuparemos de todos”.
Gantz lo calificó como “una estimación”, declinando decir si Israel había elaborado una lista de funcionarios. Israel proporcionará asistencia legal a cualquier israelí implicado y les dará advertencias legales respecto a los viajes si es necesario, dijo Gantz.
Cuando se le preguntó si él mismo podría cambiar sus planes de viaje a la luz de la investigación de la CPI, Gantz dijo: “De momento, no”.
Gantz ya se enfrentó con éxito a un caso anterior de crímenes de guerra en los tribunales nacionales de los Países Bajos.
Aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Justicia de Israel han trabajado durante dos décadas para proteger a los funcionarios israelíes de la persecución en el extranjero por diversas operaciones militares pasadas, todos los expertos del gobierno han dicho que la posibilidad de una detención por parte de la CPI está a varios meses, si no años, de distancia.
La entrevista de Gantz cogió a los funcionarios con la guardia baja y no formaba parte del mensaje habitual del gobierno.
La cuestión llegó a su punto álgido el 5 de febrero, después de que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI reconociera un Estado de Palestina a efectos de la CPI y aprobara la petición de la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, de avanzar hacia una investigación completa de crímenes de guerra contra israelíes y Hamás.
En Israel existe la esperanza de que el nuevo fiscal entrante de la CPI, Karim Khan, que sustituye a Bensouda en junio, sea más receptivo al punto de vista de Jerusalén.
Israel no es miembro del tribunal y rechaza su jurisdicción, una posición respaldada por aliados como Estados Unidos, Alemania y varios otros países. Los palestinos han acogido el fallo como una oportunidad de justicia para las víctimas de los ataques israelíes.
Gantz fue el jefe del Estado Mayor de las FDI durante la guerra de 2014 entre Israel y Hamás, también conocida como Operación Borde Protector. La CPI ha señalado ese conflicto como un posible asunto a investigar junto con la empresa de asentamientos y las protestas en la frontera de Gaza de 2018.
