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Una ONG israelí recibe el respaldo del Tribunal Supremo de EE.UU. para combatir el terrorismo

La acción legal de la ONG israelí Shurat HaDin contra los gigantes de Internet se añade al expediente de los jueces de EE.UU., con una decisión que posiblemente se produzca en el verano de 2023.

10 de octubre de 2022
Una ONG israelí recibe el respaldo del Tribunal Supremo de EE.UU. para combatir el terrorismo

Nitsana Darshan-Leitner con la madre y el padrastro de Nohemi González, demandantes en el recurso de Gonzales contra Google ante el Tribunal Supremo | Foto: Shurat HaDin

¿Está el estatus legal de los gigantes de Internet, Google, Facebook y Twitter, a punto de ser puesto patas arriba por el más alto tribunal del país? El Tribunal Supremo de EE.UU. aceptó a principios de octubre atender un caso presentado por Shurat HaDin-Israeli Law Center y otros grupos sobre la interpretación de la Sección 230, que generalmente protege a las plataformas de medios sociales de la responsabilidad por el contenido de los usuarios.  Las organizaciones presentaron demandas alegando que las empresas tecnológicas internacionales ya no pueden eludir la responsabilidad por los contenidos terroristas en línea.

El asunto lleva siete años dando vueltas por distintos tribunales. Ahora, la formación conservadora del Tribunal Supremo ha decidido escuchar los argumentos y posiblemente incluso pronunciarse sobre el asunto en los próximos meses. A diferencia de Israel, el Tribunal Supremo de EE.UU. sólo conoce un centenar de casos al año de entre varios miles.

Vídeos de decapitaciones en Internet

El origen de los casos se remonta a 2015. El ISIS y las organizaciones terroristas palestinas estaban aprovechando mucho las redes sociales para difundir sus mensajes. En las redes se distribuían vídeos de miembros del ISIS decapitando a sus víctimas.  En Israel, los palestinos publicaron fotos de cuchillos cubiertos de sangre judía, con llamamientos a continuar con esas acciones asesinas.

Como resultado, Shurat HaDin presentó demandas en Estados Unidos contra Facebook, Twitter y YouTube. Las demandas alegaban que los asesinatos eran posibles gracias a la libertad que las redes sociales daban a los terroristas para difundir su doctrina.

Uno de los casos se presentó en nombre del soldado estadounidense asesinado en Jaffa, Taylor Force. Otra demanda se presentó en nombre de Nohemi González, una estudiante estadounidense que fue asesinada en París en 2015 por un terrorista afiliado al ISIS. Se presentaron demandas similares por parte de las familias de otras víctimas de asesinatos.

Los titanes de Internet alegaron en los tribunales que, en esencia, solo son un “tablón de anuncios” para los contenidos que otros suben a las plataformas, y que la ley les otorga inmunidad de responsabilidad por cualquier contenido problemático.

Las demandas anteriores fueron desestimadas

En los últimos siete años, la posición de las empresas ha sido aceptada. Según la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1995, las empresas tienen inmunidad de responsabilidad por los contenidos, por lo que las demandas fueron rechazadas. Sin embargo, esto podría cambiar a raíz de que el Tribunal Supremo de EE.UU. anunciara que iba a conocer del caso González, así como de otras ocho demandas similares.

Robert Tolchin, uno de los abogados del caso González en nombre de Shurat HaDin, dijo que “la decisión en sí es un gran problema. Menos del 1% de los casos llegan al Tribunal Supremo. Se ha producido una situación completamente ilógica, en la que, según la ley, las empresas estadounidenses no pueden suministrar lápices a las escuelas de Hamás en Gaza, pero sí pueden suministrar a Hamás, y a otras organizaciones terroristas, infraestructura digital de forma gratuita”.

La presidenta de Shurat Hadin, la abogada Nitsana Darshan-Leitner, ha declarado que la propia decisión de atender los casos señala un cambio jurídico en ciernes.

“En mi opinión, el tribunal quiere discutir el asunto para provocar un cambio. De lo contrario, no habría aceptado el caso. Las redes tienen una tendencia liberal y este tribunal es conservador. Calculo que el proceso podría durar alrededor de un año”.

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