En respuesta a amenazas a la seguridad nacional, el gobierno ha instaurado una normativa que autoriza la suspensión temporal de emisiones de canales de noticias extranjeros en situaciones críticas, como es el caso de la confrontación actual con el grupo terrorista Hamás en Gaza. Esta medida se aplicará si se determina que las transmisiones comprometen la seguridad nacional.
Esta regulación, impulsada por el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, se ha diseñado específicamente para abordar las transmisiones de Al Jazeera, a las cuales se les acusa de dañar la seguridad nacional. Sorprendentemente, la regulación funciona de manera retroactiva, lo que indica que cualquier contenido transmitido por la cadena qatarí pro palestina desde el inicio de la guerra podría justificar el cese de operaciones de su división local.
Karhi declaró: “Israel está en guerra por tierra, mar y aire, y en el frente de la diplomacia pública. No permitiremos de ninguna manera emisiones que perjudiquen la seguridad del Estado… Las emisiones y reportajes de Al Jazeera constituyen incitaciones contra Israel, ayudan a Hamás-ISIS y a las organizaciones terroristas con su propaganda, y fomentan la violencia contra Israel”.
La normativa recién instaurada estipula que el ministro de Comunicaciones, con consentimiento del ministro de Defensa, tiene la autoridad para exigir que los servicios de televisión cesen las emisiones del canal en cuestión. Además, puede ordenar el cierre de sus oficinas, confiscación de equipos, y restricción del acceso a su sitio web, variando estas acciones según la localización del servidor.
Para la aplicación de estas medidas, es necesario el aval del gabinete de seguridad y deben fundamentarse en evidencias proporcionadas por los servicios de seguridad que señalen cómo el medio en cuestión está poniendo en riesgo la seguridad nacional. Posteriormente, un tribunal de distrito revisará la decisión.
La medida, una vez aplicada, tiene una duración inicial de 30 días, con posibilidad de extensión en incrementos del mismo período. La normativa de emergencia permanecerá activa durante tres meses, o hasta que se concluya formalmente el estado de emergencia en cuestión.
