Un informe reciente sobre corrupción en el sector público reveló un ligero avance para Israel, mientras que países como Estados Unidos, Francia, Rusia y Venezuela registraron sus peores resultados en más de diez años.
Transparencia Internacional, responsable del Índice de Percepción de la Corrupción, informó que 47 de los 180 países evaluados obtuvieron su puntuación más baja desde que en 2012 se implementó la metodología actual. La organización advirtió que la corrupción sigue siendo un problema grave a nivel mundial y que los esfuerzos para combatirla han perdido fuerza.
En contraste, Israel subió dos puntos en comparación con 2023, alcanzando una calificación de 65 sobre 100 y posicionándose en el puesto 30 de la lista. Desde 2021, cuando tenía 59 puntos, su desempeño ha mostrado una tendencia ascendente.
El análisis de Transparencia Internacional se basa en 13 fuentes de datos, incluidas instituciones como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, además de empresas privadas de consultoría y gestión de riesgos. La clasificación de los países oscila entre 0, que indica un alto nivel de corrupción, y 100, que representa un entorno muy limpio.
El promedio global se mantuvo en 43 puntos, sin cambios respecto a 2023, y más de dos tercios de las naciones evaluadas obtuvieron menos de 50 puntos. Dinamarca lideró el ranking con 90 puntos, seguida de Finlandia con 88 y Singapur con 84. Nueva Zelanda cayó al cuarto lugar tras perder dos puntos, quedando en 83.
En el extremo opuesto, Sudán del Sur obtuvo la menor puntuación con 8, superando a Somalia, que registró 9. Venezuela con 10 y Siria con 12 también figuraron entre los países peor calificados. Dentro de la región de Medio Oriente y el Norte de África, Yemen logró 13 puntos, Líbano 22, Irán 23, Egipto 30 y Jordania 49.
Estados Unidos descendió de 69 a 65 puntos, pasando del puesto 24 al 28. Transparencia Internacional atribuyó esta caída a las críticas sobre su sistema judicial y mencionó que, aunque la Corte Suprema adoptó su primer código de ética en 2023, persisten dudas sobre su aplicación efectiva y la solidez de las nuevas normas.
Otros países occidentales también sufrieron descensos. Francia perdió cuatro puntos, quedando en 67 y en la posición 25, mientras que Alemania bajó tres puntos a 75, empatando con Canadá en el puesto 15 tras una caída de un punto.
En América Latina, México registró una pérdida de cinco puntos, situándose en 26. Transparencia Internacional destacó la inacción del poder judicial ante casos de corrupción de alto perfil y señaló que, pese a las promesas del expresidente Andrés Manuel López Obrador de recuperar bienes robados y sancionar a los responsables, su mandato concluyó sin condenas ni activos recuperados.
Eslovaquia cayó cinco puntos hasta 49 en su primer año bajo el gobierno de Robert Fico. Transparencia Internacional advirtió que diversas reformas han debilitado los mecanismos anticorrupción y limitado la participación ciudadana.
Rusia continúa en descenso, perdiendo cuatro puntos adicionales y situándose en 22. La organización atribuyó esta situación al afianzamiento del autoritarismo tras la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. A pesar de que Ucrania también bajó un punto, quedando en 35, se destacaron avances en la independencia judicial y en la persecución de casos de corrupción de alto nivel.
En Medio Oriente y el norte de África, los líderes políticos continúan ejerciendo un control absoluto mientras se benefician de la riqueza y reprimen la oposición, según el informe. No obstante, se identificaron oportunidades inesperadas, especialmente tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad en Siria. El África subsahariana obtuvo la media más baja entre todas las regiones, con 33 puntos.
En Asia y el Pacífico, Transparencia Internacional destacó el incumplimiento de las promesas gubernamentales para combatir la corrupción.
El informe también advirtió que la corrupción representa una amenaza global para la lucha contra el cambio climático. La falta de transparencia y de mecanismos de rendición de cuentas incrementa el riesgo de malversación de fondos destinados a iniciativas ambientales, mientras que la influencia de actores privados obstaculiza la adopción de políticas ambiciosas.